La de la financiación autonómica está llamada a ser una de las reformas clave de la legislatura. También una de las más complejas de diseñar con un parlamento ampliamente fragmentado, donde el Ejecutivo de coalición tendrá que hacer encaje de bolillos para unir todas las piezas del puzle y recabar los apoyos necesarios. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han lanzado este lunes una propuesta de reforma del sistema vigente, que caducó en 2014 sin que ninguno de los sucesivos gobiernos desde entonces se hayan atrevido a encararla, que pasaría necesariamente por un acuerdo previo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, y debería buscar después el máximo de respaldo posible.
En el 'think tank' próximo a CEOE apuestan, además, por una reforma en diferentes fases y por poner en marcha de inmediato y hasta que el nuevo modelo de reparto entre en vigor, un fondo transitorio de nivelación para complementar los recursos de aquellas autonomías que están infrafinanciadas por el sistema vigente. El fondo, que tendría un coste de 3.000 millones de euros que asumiría íntegramente el Estado, se repartiría entre Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que son las regiones que salen peor paradas con la financiación actual.
Ante un sistema como el actual que, según Ángel de la Fuente, director Ejecutivo de Fedea, adolece de un exceso de complejidad y falta de transparencia, que fomenta el déficit de equidad (con un reparto "desigual y caprichoso" de los recursos) y que acaba derivando, por su diseño, en un déficit de responsabilidad fiscal, el servicio de estudios propone apostar por un modelo basado en la simplicidad y la transparencia.
El sistema de régimen común más simple y el foral menos opaco
En un encuentro de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), De la Fuente incidió en que para lograrlo habría que hacer el doble esfuerzo de diseñar un sistema de régimen común que sea entendible por todos los ciudadanos -de forma que estos puedan valorar realmente su funcionamiento- y de acabar con la opacidad del sistema foral. Para promover una mayor equidad, la reforma debería reducir las desigualdades existentes y respetar el orden original de las comunidades autónomas de acuerdo con sus recursos por habitante ajustado.
Habría que eliminar, además, la maraña de fondos verticales que componen la financiación actual (el de suficiencia, competitividad, cooperación...) e integrar a País Vasco y Navarra en un mecanismo general de nivelación. Otro requisito del nuevo modelo es que promueva una mayor responsabilidad fiscal, de forma que aquellos territorios que necesiten más recursos puedan obtenerlos, pero asumiendo los costes políticos que ello conlleva.
Diseñar una reforma de la financiación en varias fases
Todo lo anterior se aplicaría en distintas fases, dado que la reforma integral del sistema será una "tarea compleja que exigirá muchos meses de negociaciones". En un primer momento se fijaría el fondo complementario de nivelación y deberían abordarse cuestiones técnicas, como la revisión del sistema de retenciones y entregas a cuenta. El objetivo sería que las primeras reflejen con rapidez las decisiones tributarias de las comunidades autónomas y las segundas sean más sensibles a cómo evolucionan los ingresos.
A partir de ahí habría que abrir negociaciones con el resto de partidos, empezando por el PP, y pasar más adelante a las conversaciones con las autonomías. La meta sería buscar un consenso lo más amplio posible. "Para que la reforma sea factible y pacífica, sería necesario al menos un acuerdo entre los dos principales partidos nacionales. Sería deseable ampliar el consenso a otras fuerzas políticas y a las comunidades autónomas, pero no a cualquier precio", apunta el informe.
Evitar una "financiación a la carta"
Ante una situación política compleja como la actual, Ángel de la Fuente teme que se produzca una deriva hacia un "sistema de financiación autonómica a la carta", negociado de forma bilateral con comunidades como Cataluña. En el acuerdo con el PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, Junts reclamaba una cesión total de la gestión tributaria a la Generalitat y ERC, mientras que el sellado con ERC hablada de una "financiación singular" para la autonomía. El experto advierte de que esto "privaría al Estado de los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales", incluyendo la de garantizar la cohesión social y territorial.
Para lograrlo, debería haber un reparto de las herramientas tributarias entre el Estado y las comunidades de forma que todas ellas estén en condiciones de pedir a los ciudadanos los recursos que necesitan para cumplir sus funciones. Así y para que las comunidades puedan recaudar más y contar con más recursos deberían poder subir impuestos que los ciudadanos reconozcan como autonómicos y tener mecanismos colectivos de responsabilidad fiscal autonómica. Se trataría de evitar los problemas de incentivos derivados de nuevas inyecciones de recursos estatales que al final no tienen coste político alguno para los gobiernos regionales.
Un ejemplo sería fijar un IVA y unos impuestos especiales colegiados a semejanza de lo que propuso en 2017 la comisión de expertos creada para impulsar una reforma de la financiación. Los gobiernos territoriales podrían subir o bajar dicho impuesto, si bien deberían ponerse de acuerdo para hacerlo, dado que la Unión Europea obliga a que el tributo esté armonizado en el conjunto de los Estados miembro.
