El futuro de las pensiones es una de las inquietudes de los trabajadores españoles. Según la edición Especial del Informe Europeo de Pagos de Consumidores, elaborado por Intrum, 6 de cada 10 encuestados reconocen estar preocupados por no poder tener una jubilación cómoda. Los previsiones económicas para los próximos años no son alentadores y en especial las del sistema de pensiones. Los estudios sitúan 2050, cuando los trabajadores que en la actualidad cuentan con 35-27 años accederían a la jubilación, como la fecha que pondría en jaque el sistema actual porque la tasa de dependencia se duplicaría: pasaría del 26% actual al 53%.
La tasa de dependencia refleja la proporción de personas mayores de 66 años y que ya no se encuentran en edad de trabajar, respecto a los menores de 66 años y que sí se encuentran en edad de trabajar, es decir a partir de los 16. En la actualidad el número de población activa, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), asciende a 31,8 millones de personas, mientras que la población mayor de 67 años se sitúa en 8,4 millones. Los datos revelan una dependencia del 26%, es decir, casi cuatro trabajadores pagan la pensión de cada jubilado.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan un porcentaje algo mayor, del 30,20%, aunque en su caso calcula el porcentaje respecto a la población mayor de 64 años. Otra forma de analizar la dependencia del sistema es la proporción de mayores de 64 años y de menores de 16 años, es decir, aquellos que no pueden trabajar, respecto a la población en edad de trabajar, de acuerdo a los cálculos que utiliza el INE, menores de 64 años. En este caso, el porcentaje se incrementa aún más, hasta el 54,20%, aunque se ha moderado en los últimos años.
Los porcentajes anteriores se verán incrementados, la tasa se dupublicará según las previsiones de la AIReF, porque el volumen de pensionistas incrementará notablemente en los próximos años, especialmente si tenemos en cuenta la generación 'baby boom'. Esto disparará la tasa de dependencia, de los mayores de 66 años respecto a los menores de esa edad, al 53%, 1,8 trabajadores por cada jubilado. En concreto, la AIReF en su última actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones a largo plazo estima que el volumen de pensionistas ascenderá a 16,2 millones dentro de 30 años.
El problema se encuentra en el volumen de población activa, que no solo no se incrementaría sino que disminuiría, respecto a la actualidad, hasta 30,5 millones. El volumen de personas entre 16 y 66 años se incrementaría hasta los 32 millones, pero a partir disminuiría. Esta evolución se estima en base a las previsiones de migraciones, fecundidad y esperanza de vida.
La AIReF estima, a partir de su modelo de flujos de migración bilaterales entre más de 100 países, un flujo de entradas anuales netas promedio en el periodo 2020–2050 de 330.000 personas bajo el supuesto de que se mantienen las políticas migratorias actuales. En cuanto a la fecundidad, la AIReF prevé una convergencia a 1,4 hijos por mujer en 2050 y, por otra parte, se prevén mejoras continuadas en la esperanza de vida, aunque a menor ritmo que en décadas pasadas.
¿Cómo funciona el sistema?
La necesidad de población activa para mantener el sistema de pensiones se debe a su funcionamiento y financiación. En la actualidad, la Seguridad Social se nutre de las cotizaciones sociales que pagan tanto los trabajadores, por cuenta ajena y propia, como los empresarios y se basa en la denominada solidaridad intergeneracional. Es decir, los trabajadores tienen derecho a estas prestaciones contributivas gracias a sus cotizaciones, pero estas pensiones no se pagan con el dinero que 'han pagado' a lo largo de su vida laboral, sino con las cotizaciones de los trabajadores actuales.
Las cotizaciones que paga cada trabajador varía en función de su base de cotización y del tipo de cotización que corresponde a cada contingencia. En este caso computan las contingencias comunes que es el 28,3% de la base. En concreto, en el caso de los asalariados, esta aportación, que se especifica en la nómina de cada trabajador, se divide entre lo que aporta el empleado, el 4,7%, y su empleador, 23,6%. A estas cotizaciones se unen las de desempleo, formación profesional y las del Fondo de Garantía Salarial, pero que no se destinan al sistema de pensiones.
La base de cotización, sobre la que se aplican los porcentajes anteriores, es remuneración mensual bruta que cada trabajador recibe tanto en metálico como en especie con carácter mensual. Pero no computan la totalidad de los ingresos, sino que existen unos límites, topes máximos y mínimos, para las diferentes categorías que se establecen cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
