La falta de nuevos convenios retrasa los planes de pensiones de empresa

En los últimos años, las principales formaciones políticas y los agentes sociales se han puesto de acuerdo en la necesidad de impulsar los planes de pensiones que ofertan las empresas, conocidos como planes de empleo, aunque discrepen en la forma de hacerlo. Esta también ha sido una recomendación reiterada de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, encargada de realizar un seguimiento del sistema público de pensiones. Mientras que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT acordaron "fomentar en convenios colectivos planes de pensiones de empleo (...) como medida de ahorro a largo plazo de carácter finalista y de complemento de las pensiones públicas" en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva firmado a comienzos de mayo. Una voluntad que el retraso en la actualización de cientos de convenios ha impedido materializar de forma generalizada hasta el momento. 

Este último paso es importante, porque el desarrollo de estos planes está en manos de empresarios y empleados, sin embargo, no se trata de la primera vez que las partes instan a sus representantes a abordar los complementos a la pensión pública, sin tener demasiado éxito. Solo un 10% de la población activa ocupada cuenta con un plan de estas características.  El año pasado se aprobó la ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, en el que se señalaba a las empresas, las administraciones públicas, las asociaciones de autónomos y las sociedades cooperativas laborales como responsables de promover los planes de empleo simplificados, no obstante, no se obligaba a hacerlo. 

Esto deposita toda la responsabilidad en las empresas, ya que los trabajadores apenas tienen margen de actuación, más allá de pedir que se aborde esta cuestión en la negociación colectiva. Mientras que las compañías son las encargadas de ofrecerlo y financiarlo, dado que sus aportaciones son obligatorias, a diferencia de los trabajadores que pueden aportar o no, en función de lo que se negocie en el sector o en la empresa. Unas conversaciones en las que también se debe fijar qué porcentaje del salario o qué cantidad se proporcionará al plan de pensiones. 

La clave está en la negociación colectiva

"La clave está en lo que se pacte en los convenios colectivos, se está negociando el de la construcción y no hay mucho más", admite Carlos Bravo, Secretario. Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO. "Lo incluimos en AENC, pero ahora hay que ver si verdaderamente los convenios lo incorporan, pero para eso hace falta que las empresas asuman que además de la subida del salario indirecto haya una contribución empresarial para todos los trabajadores. Falta por ver que las empresas lo asuman, la CEOE lo ha recomendado, pero hay que verlo convenio a convenio", apunta el representante sindical en conversación con La Información. 

Fernando Martínez-Cue especialista en pensiones, previsión social empresarial y beneficios para el empleado y asociado de LoRIS, valora positivamente la norma aprobada en junio de 2022, por introducir los planes de empleo simplificados, los de provisión pública y extender la provisión social de los planes de empleo a los trabajadores por cuenta propia. Si bien, entiende que le faltan "herramientas más fuertes" o sistemas que obliguen a los empleadores a constituir planes de pensiones para los empleados. Aunque recuerda que esta obligatoriedad, que sí está recogida en otros puntos del extranjero, suscitó una intensa polémica académica por su potencial inconstitucionalidad. 

Incentivos fiscales a los planes de pensiones

Los incentivos públicos al desarrollo de los planes de empresa también han tenido una vertiente fiscal. Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 rebajaron hasta 1.500 euros el límite de aportación a los planes de pensiones individuales deducible en la declaración de la renta. Mientras que la de los planes de empleo se elevó hasta los 8.500 euros, lo que permite que entre ambas aportaciones se puedan alcanzar los 10.000 euros. Es decir, se redujeron los incentivos a los planes privados individuales para favorecer la proliferación de los segundos, algo que no ha estado exento de críticas desde la bancada de la oposición del Congreso de los Diputados. 

Martínez-Cue también entiende que ambas modalidades podrían ir hiladas y no cree que sea necesario mermar un tipo de ahorro para favorecer otro. Además, valora que podría ser positivo implementar la adscripción automática de los trabajadores a los planes de empleo que está operativa en EEUU. Con esta cláusula, con la firma del contrato de trabajo, el empleado es incorporado al plan de pensiones y tiene que solicitar expresamente no participar en él. Una posibilidad que sí puede ser regulada en el marco de la negociación colectiva. "Lo que nos dice la economía del comportamiento es que las personas vamos por inercia, nos cuesta tomar decisiones y nos dejamos llevar por el sesgo del presente", reflexiona. 

El experto cree que cada vez será más necesario contar con este complemento al sistema público de pensiones, por la realidad demográfica que llevará a tomar decisiones que pueden conducir a un recorte de la tasa de reposición -el porcentaje del último sueldo que cubre la pensión mensual-, por lo que entiende que es fundamental que se incentive el ahorro privado. Martínez-Cue es optimista, a pesar de reconocer "el camino por hacer" y señala la negociación colectiva como pieza fundamental para que la amplia mayoría de trabajadores tengan la oportunidad de acceder a este complemento a la jubilación. En el corto plazo, considera que una de las principales vías de crecimiento de estos planes serán los trabajadores autónomos o colegiados profesionales con rentas medias y altas. 

Reglamento en desarrollo

Actualmente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima el borrador del reglamento que, entre otras cuestiones, desarrolla los Fondos de Pensiones de Empleo Públicos (FPEPP), que como indica su nombre, serán de provisión pública y están destinados a que microempresas y pymes puedan adherirse. Fuentes de la cartera trasladan que se seguirá el calendario previsto a pesar de la convocatoria de elecciones generales y la disolución de las Cortes, dado que basta con que sea aprobado en Consejo de Ministros y no necesita pasar por el Parlamento. Por lo que, previsiblemente, el texto será aprobado en julio, a las puertas del inicio de la campaña electoral.