El Consejo de Ministros aprobó este martes las "medidas legislativas urgentes en materia de función pública" dentro de un paquete más amplio, integrado en un real decreto-ley con el que se buscaban atar todos los cabos pendientes para solicitar el cuarto pago de los fondos europeos. El texto, que reproduce de forma casi íntegra el proyecto de ley de función pública que decayó en su tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales, introduce la evaluación obligatoria de todos los funcionarios como paso para favorecer la carrera horizontal de los empleados públicos, es decir, que puedan ganar más dinero sin tener que cambiar de puesto.
Sin embargo, este es solo un primer paso que permite a España cumplir con Bruselas de lo que será una larga negociación con los agentes sociales para sacar adelante el desarrollo normativo de los puntos reflejados en el decreto-ley y el establecimiento de los criterios para evaluar el desempeño de estos profesionales. Y después, será necesario esperar al menos dos años para que las evaluaciones tengan efectos de percepción de retribuciones complementarias de carácter variable, la progresión en la carrera profesional, en la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo o en la valoración de las necesidades formativas de las plantillas.
Así lo recoge el texto publicado este miércoles en el BOE. "Para que un modelo de evaluación del desempeño entre en funcionamiento y produzca efectos en los términos previstos por este real decreto-ley será preciso que los departamentos ministeriales y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes implementen, con carácter previo y de forma efectiva, un instrumento de planificación estratégica" explica el documento que a continuación añade que "en aras del perfeccionamiento del modelo y de la formación del personal (...) las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo no tendrán consecuencias en las dos primeras anualidades tras su implementación".
Por tanto, el plazo de dos años comenzaría a contar una vez se hubiesen blindado los criterios en los que el ministerio o la organización específica de la Administración General del Estado (AGE) basaría esta evaluación, por lo que su aplicación se puede retrasar hasta casi el término de la actual legislatura. Por el momento, no está claro si estas pautas se fijarán con carácter general en la mesa de negociación con las organizaciones sindicales para luego adaptarse a los supuestos concretos, admite la coordinadora de Negociación Colectiva de UGT para la AGE, Nuria Lambás, aunque apunta a que lo habitual es proceder de esta manera, a falta de tener noticias de la cartera que dirige María Jesús Montero.
Por ello, los sindicatos con más representación en el sector público han solicitado que se tramite como proyecto de ley para poder introducir modificaciones -a través de las mociones que podrían presentar los grupos parlamentarios, incluidos los que sustentan al Gobierno de coalición- y que se convoque la mesa de diálogo social. "El principal objetivo de la evaluación por desempeño debe ser, en todo caso, favorecer la carrera profesional y premiar el trabajo bien realizado en el servicio público que actualmente no está reconocido" sostienen desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), quienes se comprometen a velar porque el proceso se de con todas las garantías, con criterios claros, objetivos y supervisados por estos.
Mientras que desde UGT, además de suscribir la misma reclamación, celebran que se haya materializado la carrera horizontal de los trabajadores públicos y que además se integre en la planificación estratégica que cada ministerio u organismo de la AGE deberá desarrollar "alineando los objetivos de la organización con los del trabajo del personal". Un aspecto que consideran clave para que la Administración pueda poner solución a la oleada de jubilaciones que se dará en las próximos años, a medida que se jubilen las generaciones del babyboom y además, valoran positivamente que se refleje por escrito que "todos estos instrumentos de planificación deberán ser objeto de negociación colectiva previa en los ámbitos correspondientes y de evaluación posterior".
