El Estatuto del Becario puede dejar a más de un millón de estudiantes sin prácticas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado en un nuevo acto de Sumar que este viernes por la tarde, su departamento y los sindicatos han alcanzado un acuerdo para desplegar el Estatuto del Becario. De esta forma, con la entrada en vigor de esta norma, más de 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional (650.000 de la Universidad y 500.000 de FP) podrían quedarse sin poder realizar prácticas y no podrán finalizar sus estudios, según la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue).

Esta organización, vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 43 Universidades españolas y más de 15.000 empresas, se ha opuesto "frontalmente" este sábado a la legislación sobre esta materia que quiere aprobar el Ministerio de Trabajo, "sin el apoyo de la comunidad educativa ni de los empresarios".

Otros actores relevantes de la comunidad educativa como los Ministerios de Universidades y de Educación, la Conferencia de Rectores, la de Consejos Sociales y el Consejo de Estudiantes "también han mostrado su rechazo al texto y lamentan que ni siquiera se haya podido debatir". De aprobarse la normativa anunciada por el Ministerio de Trabajo, 83 Universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con su plan de estudios, ha lamentado la RedFue en un comunicado.

'In extremis' y sin consenso

A su juicio, es un error legislar ‘in extremis’, sin consenso, y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo. Además, la red ha recordado que el 65% de las prácticas afectadas por el estatuto del becario se realizan en las administraciones públicas y no en las empresas.

Será, por tanto, "una legislación inaplicable", como lo es ya la que versa sobre la cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto cómo las universidades, el Ministerio de Universidades y el de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha.

Desde los propios ministerios ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas, como es el caso, por ejemplo, del de Exteriores.

La red entiende que, en nuestro ordenamiento, la regulación de las prácticas externas de los estudiantes de formación profesional y las de los estudiantes universitarios ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones, pero "siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la formación, nunca desde el ámbito laboral".

Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo, ha precisado la red.

Según la RedFue, con la nueva normativa que pretende aprobar el Ministerio de Trabajo tampoco se resuelve el problema de la escasez de oferta de prácticas formativas, ya que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la formación profesional.

Luz verde sin el apoyo de la CEOE

Tras más de un año de negociaciones, el acuerdo de la norma que pretende regular las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas se ha alcanzado sin el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Según indicaron el viernes fuentes de CCOO a Europa Press, el documento que se pretende aprobar como real decreto en el Consejo de Ministros, no eliminará las prácticas extracurriculares.

Por su parte, UGT indicó que la norma recogerá "gran parte" de las demandas sindicales, como son la definición clara de las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio.

Por su parte, la patronal ha rechazado la forma del acuerdo porque "no es apropiada la aprobación de esta norma en un periodo de disolución de las Cámaras ni concurre la urgente y extraordinaria necesidad", y no lo apoya "por el fondo". A su juicio, el conocido como Estatuto del Becario "limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo". Al respecto, ha agregado que también "hay discrepancias entre la regulación de esta norma y la normativa universitaria recientemente aprobada, con lo que el riesgo de incurrir sanciones por falta de seguridad jurídica es alto".