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¿Está el casero obligado a bajar el precio del alquiler al tope del Gobierno?

El nuevo índice de precios de alquiler del Gobierno desvela enormes diferencias entre la oferta de alquiler y el precio fijado por el Ejecutivo. Su aplicación se limita a zonas tensionadas y depende de cada comunidad autónoma.

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¿Está el casero obligado a adaptar el alquiler al tope del Gobierno?
Europa Press

Diferencias de hasta el 150% en grandes ciudades entre el coste real del alquiler y lo que estima el Gobierno que debería costar ese mismo apartamento con pisos a 1.600 euros que deberían alquilarse a 950 euros. El nuevo índice de deferencia para el precio del alquiler elaborado por el Ministerio de Vivienda ha puesto cifras y perspectiva al problema del alquiler en España, donde la escasez de oferta y el aumento de demanda ha disparado los precios en ciertas zonas.

La nueva herramienta del Gobierno para saber cuánto deberías pagar por el alquiler ya está en marcha y sus precios entrarán en vigor a partir del 13 de marzo. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los alquileres vayan a bajar para ajustarse al coste marcado por el Ejecutivo.

Si vives de alquiler y te preguntas si el casero está obligado a adaptar el alquiler al nuevo índice del Gobierno, la respuesta es negativa. Se aplicará a nuevos contratos en función de estas cuatro cuestiones: si vives en una zona tensionada, quién te alquile la vivienda, si ya estaba en alquiler y la comunidad en la que residas. Y es que, este índice de precios no es universal.

¿Dónde se aplica el índice de precios de alquiler?

El nuevo sistema estatal de referencia de precios de alquiler ofrece un rango de valores para arrendamientos en toda la ciudad, pero sus precios solo se aplican en zonas tensionadas y solo para los grandes tenedores.

Para cualquier zona no tensionada, se podrá usar como referencia para el precio justo de alquiler según el Ejecutivo. Sin embargo, no se podrá obligar al casero a aceptar ese precio de alquiler.

Hay que recordar que la nueva Ley de Vivienda define las zonas tensionadas como aquellas donde el pago de la vivienda suponga un esfuerzo superior al 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona o en la que los precios hayan aumentado en más de 3 puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos 5 años.

Es en estas áreas donde se aplicará el nuevo índice de precios.

Depende de que las autonomías lo soliciten

Además de aplicarse solo a zonas tensionadas, el alcance del índice también depende de que las comunidades autónomas decidan aplicarlo, como buena parte de las medidas de la nueva Ley de Vivienda.

Por ahora, solo la Generalitat de Cataluña utiliza estas zonas tensionadas. El resto de comunidades deberían empezar por pedir la solicitud de zonas tensionadas para aplicar la normativa, algo que el Gobierno les ha instado a hacer sin demasiado éxito.

¿Cómo se aplicaría el nuevo índice de precios del alquiler?

¿Qué pasa si vives en una zona tensionada y tu comunidad autónoma sí aplica la normativa? ¿Podrías pedir al casero que adapte el precio del alquiler? ¿Tendría que bajarte el precio? Tampoco de forma automática.

Existen otras dos variantes: quién te alquila vivienda y el tipo de contrato que tengas.

La nueva Ley de Vivienda es más severa con los grandes tenedores de vivienda, que son quienes tiene 10 o más casas alquiladas o más de 1.500 metros cuadrados de superficie construida a su nombre.

También bastará con tener 5 inmuebles en una misma zona tensionada para considerarse gran tenedor.

En estos casos, el índice se aplicará a los nuevos contratos que se firmen. En otras palabras, si estás pagando 1.500 euros de alquiler y el índice de referencia lo deja en 950 euros, el casero sí debería bajarte el precio.

Con un pequeño tenedor, el índice se aplicaría para nuevos alquileres, aunque no para los contratos ya firmados, que mantendrían su precio y podrían actualizarse con una subida máxima del 3%.

Aunque el índice de referencia no es obligatorio en la mayoría de ciudades, desde el Ministerio de Vivienda ha instado a los inquilinos a usarlo para negociar el precio de los nuevos arrendamientos e incluso una rebaja alquileres ya pactados.

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