La presencia de compañías extranjeras en sectores estratégicos ha suscitado sendas discusiones en el plano nacional, pero también en el europeo, desde que se hiciese pública la compra del 9,9% de Telefónica por parte de la saudí STC el pasado día 5. Sin embargo, no es un debate nuevo, sino que los 27 ya lo habían dibujado dentro del mapa de los retos de la próxima década y también lo ha hecho España, en la propuesta central de la presidencia europea que trasladará al conjunto de jefes de Estado o de Gobierno el próximo 6 de octubre en Granada. En el documento se presenta un balance del impacto positivos de estas inversiones, pero sin ignorar los riesgos que las acompañan, sobre todo si se trata de sectores estratégicos y países que no comparten los valores europeos.
"A la UE le interesa preservar la presencia de empresas extranjeras, e incluso aprovechar sus ventajas estratégicas para atraer a nuevas empresas. Sin embargo, al mismo tiempo, la UE debería esforzarse por mitigar el riesgo limitando gradualmente el dominio de las empresas extranjeras vinculadas a países no afines en sectores estratégicos e infraestructuras críticas", reza el texto presentado por Pedro Sánchez este viernes en la sede de CEOE junto al presidente de la patronal, Antonio Garamendi. Un objetivo que podría abordarse por la vía regulatoria, aunque España se decanta por impulsar la competencia de las empresas europeas en estos sectores con pleno respeto a los "principios del orden internacional".
No obstante, la apuesta por la vía del mercado requiere que "las grandes empresas extranjeras que operan en el mercado único se conviertan en facilitadoras de la innovación y el emprendimiento europeos, en lugar de obstaculizarlos", sostiene la iniciativa española. La prioridad es que las grandes empresas tecnológicas no tengan en el entorno europeo los efectos probados en EEUU, es decir, menos innovación, precios más altos para los consumidores, salarios más bajos para los trabajadores y una menor actividad empresarial. Por el contrario, el documento refleja que en la UE las compañías extranjeras crean el 16% del total del empleo y catalizan la innovación y el espíritu empresarial "fomentando el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento de las PYME".
Ampliar las normas de ciberprotección
España cree que la vía normativa no puede ser dejada de lado, ya que por un lado, puede resultar oportuno reforzar las herramientas del marco europeo de control a la inversión extranjera directa (IED) y del otro, ampliar las normas de ciberprotección. "La UE debería elevar los requisitos de seguridad y previsibilidad de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para empresas extranjeras que prestan servicios estratégicos", defiende el texto. Sin embargo, esto debe hacerse tomando las precauciones necesarias para no perjudicar el desarrollo de las PYME, dado que como subrayan en el Resilient EU "parte de la legislación introducida en el pasado con el objetivo de impedir el crecimiento de los líderes extranjeros acabó perjudicando a las empresas de la UE, que suelen tener menos recursos y capacidad".
La Presidencia Española advierte en el escrito de que "las firmas extranjeras podrían aprovechar su posición para ganar acceso a información confidencial, enfrentar a estados miembros entre sí, coaccionar a la UE para que promueva sus objetivos económicos y políticos y, en última instancia, interrumpir los sistemas de telecomunicaciones, energía y las cadenas de suministro, vitales en el caso de conflicto con sus países de origen". La preocupación se centra en los servicios digitales, que podrían cerrarse en cuestión de segundos, además se aboga por ganar peso en sectores pioneros en los que Europa ya es un líder internacional o puede situarse a la vanguardia.
No obstante, con estas precauciones España no quiere frenar la inversión extranjera, sino establecer los límites para garantizar que sea segura y favorable para la economía de la UE, según se desprende del documento y de las palabras pronunciadas por Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones, se ha referido a la operación de STC en Telefónica para transmitir tranquilidad al entorno empresarial al asegurar que el Ejecutivo estudia el movimiento de cerca y cuenta con todas las herramientas para hacer el control pertinente. Con esta línea también se desmarca de las posiciones defendidas desde el entorno de Sumar, al tiempo que abre los brazos a los inversores que quieran aportar empleo, conocimiento y oportunidades al viejo continente.
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