El mercado de trabajo ha registrado un comportamiento extraordinario en términos de afiliación a la Seguridad Social desde comienzos de año, pero este crecimiento no ha sido suficiente para acabar con la tensión del sistema público de pensiones. En el mes de junio había 2,3 trabajadores por cada pensionista -al mejorar 0,04 puntos respecto a 2022- sin embargo, sería necesario que aumentase hasta los 2,6 afiliados por jubilado para acabar con el déficit contributivo del organismo, según los cálculos del último informe elaborado por el Instituto Santalucía.
Un objetivo que parece difícil de alcanzar en el corto plazo, ya que, estiman que para alcanzarlo sería preciso incorporar a 3,2 millones de afiliados más que los anotados a comienzos de verano para terminar con esa brecha. Los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que en el mes de junio hubo 20,8 millones de trabajadores dados de alta en términos medios, por lo que de sumarse los 3,2 millones se superaría la barrera de los 24 millones, es decir, lo que es la práctica totalidad de la población activa.
En España hay 24,1 millones de personas en edad de trabajar, que cuentan con un puesto de trabajo o lo buscan, según la Encuesta de Población Activa publicada por el INE la semana pasada. Así, en el caso de alcanzarse este nivel de afiliados, el número desempleados se reduciría a poco más de 50.000, frente a los 2,8 millones de parados que había a cierre del tercer trimestre de 2023. Por tanto la tasa de desempleo caería por debajo del 1%, alcanzándose un pleno empleo en sentido estricto imposible de alcanzar más allá del papel. Más aún si se tiene en cuenta que algunos expertos sitúan el hito del pleno empleo a partir de la tasa de paro del 8% para España.
Récord de ingresos por cotizaciones
La sostenibilidad del sistema público de pensiones ha guiado el desarrollo de la última reforma de pensiones, aprobada en dos partes y rematada en marzo. La cartera de José Luis Escrivá ha garantizado que los pensionistas mantendrán su poder adquisitivo a través de la vinculación de la subida de las pensiones al IPC medio del año inmediatamente anterior, pero también ha tratado de cubrir las vías de ingreso para soportar este nivel de gasto. Y lo ha hecho a través de los impuestos al trabajo, a la subida de las cotizaciones de las rentas más altas se le ha sumado la nueva 'cuota de solidaridad' y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional del 0,6%.
Este último cargo, de carácter finalista y destinado íntegramente a llenar la 'hucha de las pensiones', ha recaudado hasta el 30 de septiembre 1.950 millones de euros, tal y como ha hecho público el propio Ministerio, aunque se espera que para final de año esta cantidad haya aumentado hasta alcanzar los 2.793 millones de euros. Su papel ha sido clave para elevar los ingresos por cotizaciones un 9,9% respecto a 2022, en cambio, de descontarse su efecto el incremento sería de un 8% en el último año. También lo será en los próximos años dado que su carga se irá incrementando progresivamente hasta suponer un 1,2% de la nómina en 2029, de forma que en 2024 pasará a ser del 0,7% independientemente del nivel de renta.
La cartera espera superar los 152.000 millones de ingresos a la Seguridad Social en 2023 para hacer frente a las diferentes obligaciones de pago y engrosar la 'hucha de pensiones', no obstante casi una tercera parte proviene de transferencias (43.500 millones). La última de ellas de 10.000 millones de euros ha sido confirmada este lunes. Se trata de un préstamo efectuado por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de la nómina extraordinaria de Navidad que va incluida en el pago correspondiente al mes de noviembre.
Los mismos documentos de ejecución presupuestaria reflejan que el gasto público destinado a cubrir las pensiones de jubilación superará los 115.000 millones de euros a final de año, el que será un gasto histórico, no solo por el incremento del 8,5% aplicado a estas nóminas, sino también por el aumento de los pensionistas con la llegada de los 'babyboomers' a la jubilación. En el caso de incorporar los pagos por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares el gasto asciende a 159.000 millones
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