España cumpliría el ajuste fiscal pactado con Europa si prorroga los Presupuestos

España podría cumplir la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas en la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 en el caso de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) finalmente se prorroguen el año que viene, el escenario más plausible a estas alturas de año. La propia ministra de Hacienda y Función, María Jesús Montero, ha venido sugiriendo que sería complicado aprobar unas nuevas cuentas públicas en medio de un calendario cargado de citas electorales (con las autonómicas y municipales del domingo y las generales a finales de año si, como pretende, el Ejecutivo agota finalmente la legislatura). Montero también ha apuntado a motivos de "lealtad institucional" al considerar que debe ser el nuevo Gobierno que salga de las urnas el que ejecute los presupuestos para 2024.

La Comisión Europea recuperará el año que viene las reglas fiscales (la obligatoriedad de ceñirse a las metas de déficit y deuda) tras activar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en marzo de 2020 debido a la Covid, y mantenerla al agravarse las crisis energética e inflacionaria con la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno decidió adelantar un año, a 2024, el objetivo de reducir la ratio de deuda sobre PIB al 110% (el pasado ejercicio despidió en el 113,1%) y el de situar el déficit en el 3% desde el 4,8% al que se situó a finales de 2022. 

El Ejecutivo comunitario ha respaldado la senda comprometida por España, si bien le ha instado a ir retirando paulatinamente las medidas apoyo a la energía de aquí a finales de este año y a que las elimine completamente el que viene. También anima a emplear los ahorros generados por su supresión para reducir el déficit público y limitar el gasto. En concreto y para que España logre alcanzar una situación presupuestaria "prudente" a medio plazo, debería limitar el aumento neto del gasto primario (que no tiene en cuenta los intereses o los fondos europeos) a un máximo del 2,6% el año que viene. En opinión del economista José Carlos Díez se trata de un límite muy bajo, de forma que si los fondos Next Generation no se ejecutan bien, la política fiscal será restrictiva. En cualquier caso, considera que España cumpliría los compromisos adquiridos en el escenario de una prórroga presupuestaria. 

Los fondos europeos son, en realidad, una de las clave. La otra, es cómo afecte a la recaudación el comportamiento de la economía. Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal han incidido en que el mayor impulso de los NGEU debe producirse este año (se calcula que en 2022 su contribución al PIB habría rondado las seis décimas), dado que la ejecución ha alcanzado ya velocidad de crucero. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, señala cómo el arranque del año en términos de actividad ha sido muy fuerte, con un avance del 0,5%, idéntico al de Italia y por encima del 0,2% que ha registrado Francia en el primer trimestre. Ese ritmo de crecimiento se repetiría en el segundo trimestre y habrá que ver lo que sucede con el turismo y con las exportaciones. Estas últimas se han beneficiado de un pequeño incremento de la productividad y de una inflación más baja que la de los principales socios comerciales de la Eurozona, lo que ha permitido al país arañar cuota de mercado. 

Si ambas variables siguen tirando como hasta ahora y el turismo mantiene su vigor a partir de septiembre, el PIB podría avanzar al 1,8% en el conjunto del ejercicio. Cómo se comporte la economía de los principales emisores de turistas a España también será clave -en Europa la tasa de ahorro se ha mantenido en el 14% de media-, sobre todo cuando está previsto que la demanda interna siga "gripada" por la subida de los tipos, el encarecimiento de la financiación y por el alza de los precios. En el último año el repunte de la actividad y la inflación permitieron que la recaudación tributaria alcanzase la cifra récord de 255.463 millones, un 14,4% más de lo ingresado por esta vía en 2021 (32.078 millones más).

Si esos dos factores (el despliegue de los fondos europeos y la recaudación) no compensan, el Gobierno que salga de las urnas necesitará "subir impuestos y reducir gastos" para poder ceñirse a la senda fiscal pactada en caso de una prórroga presupuestaria, apunta Pedraza a este diario. "Lo que va a ser difícil para este Ejecutivo es reducir los compromisos sociales y todo el gasto asociado a ellos", puntualiza. En su opinión, antes o después habrá que elevar la presión fiscal debido a la excesiva deuda que soporta el país. El pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas despidió el año pasado en el 113,2% del PIB, siendo el cuarto más elevado tan solo por detrás del de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%).

La responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años, sostienen fuentes de Asuntos Económicos. En el departamento que encabeza la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, inciden en que no hay un cambio de discurso de la Comisión hacia España, dado que el país "ha venido cumpliendo la senda" pactada a lo largo de los últimos años. En algunos casos, por encima incluso de los objetivos fijados.