España podrá cumplir la senda de ajuste fiscal comprometida con Bruselas, que recuperará a partir del próximo mes de enero la vigencia de las reglas fiscales para los Veintisiete, a pesar de que los 83.160 millones en préstamos a los que opta de los fondos Next Generation EU computan en la práctica como deuda. Fuentes del Gobierno confirman que el programa se ha diseñado para que tenga el menor impacto fiscal posible, de forma que el calendario de los desembolsos sea compatible con la senda de reducción del pasivo público.
España ha adelantado a este ejercicio el objetivo de rebaja de la ratio de deuda sobre PIB por debajo del 110%. Una meta que se ha visto favorecida por la revisión al alza del crecimiento de la economía española desde 2021 que ha publicado recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que conlleva un mayor dinamismo, también en todo el primer tramo del año. De momento, el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas se redujo al 111,2% en el primer semestre, de acuerdo con los datos publicados hace solo unos días por el Banco de España. Con todo, sigue estando por encima de los niveles previos al estallido de la pandemia de Covid, cuando rondaba el 98%.
Los préstamos ligados al plan se irán incorporando a la deuda pública a medida que se vayan desembolsando a las empresas destinatarias y el Estado irá solicitando esos créditos a la Unión Europea en función de cómo vaya evolucionando la demanda por parte de estas. No obstante, las mismas fuentes han precisado que también habrá una parte del programa que no requerirá de un endeudamiento previo por parte del Tesoro para poder conceder préstamos al sector privado.
Fuentes financieras, sin embargo, advierten de que el saldo vivo del pasivo público dependerá también de la capacidad del Estado para ir amortizando la deuda y no solo del libramiento de los préstamos Next Generation, y recuerdan además que el crecimiento de la economía va a desacelerarse, lo que complicará el proceso de consolidación fiscal que el país tiene por delante. Del total de 83.000 millones en créditos, 40.000 millones se gestionarán a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otros 20.000 millones dependerán del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
La Comisión Europea dio el visto bueno el lunes a la adenda española al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que da acceso a los 7.700 millones de euros en transferencias adicionales a cargo de los fondos europeos Next Generation y a esos algo más de 83.000 millones en préstamos. La evaluación del Ejecutivo comunitario sobre el documento ya está en manos del Consejo Europeo, y ahora los Veintisiete tendrán cuatro semanas para poder pronunciarse al respecto y darle también la aprobación necesaria.
El Gobierno en funciones podrá solicitar el cuarto pago
Entonces el país percibirá 1.400 millones de euros en concepto de adelanto de los 2.600 millones del mecanismo REPowerEU (aprobado para acelerar la transición energética) que también le corresponden. Y será entonces también cuando el Gobierno, aún en funciones, podrá solicitar el desembolso del cuarto pago de las ayudas directas, por valor de 10.000 millones de euros, que se retrasó al quedar en suspenso algunas de las reformas ligadas al mismo por la disolución de las Cortes tras la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio.
Desde el Ejecutivo en funciones inciden en que ya están trabajando para presentar esa solicitud, algo que pueden hacer antes de la conformación del nuevo Gobierno, siempre que el Consejo dé luz verde a la adenda. Este cuarto pago estaba vinculado a la aprobación de 12 leyes entre las que se encuentra la conocida como 'segunda pata' de la reforma de pensiones, la Ley de startups o la Ley de Vivienda, entre otras. Otras reformas que también incorpora quedaron muy avanzadas en el trámite parlamentario pero el adelanto electoral impidió su aprobación. En el Gobierno aseguran, además, que la situación política no ha afectado de forma negativa a la demanda de fondos europeos por parte del sector privado.
La adenda ha traído consigo cambios importantes en el Plan de Recuperación inicial que el Gobierno aprobó en 2021, que abarca 111 reformas y 142 inversiones y asciende a 163.000 millones de euros. Entre las modificaciones más llamativas está la eliminación de los peajes en las autopistas, que según el documento inicial habría entrado en vigor el año que viene. Esta medida, que se había incorporado a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, se ha cambiado por otras de carácter medioambiental y de ahorro energético que ponen el foco en el transporte por ferrocarril.
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