España baraja ampliar las medidas a los vulnerables como aconsejan FMI y BCE

Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE) han aprovechado la revisión a la baja de sus perspectivas económicas para la zona euro -que sitúan a las puertas de una recesión técnica combinada con un periodo prolongado de inflación elevada- para reclamar a los Gobiernos que centren sus respuestas a la crisis en los hogares y empresas más vulnerables. Esta idea la han repetido con especial intensidad a medida que se ha ido constatando que la subida de los precios se ha acelerado pese al giro de timón del BCE. 

Las dos subidas de tipos aplicadas por la entidad desde julio (hasta el 1,25%) no han tenido efectos visibles aún sobre la inflación por el decalaje que existe en la transmisión de la política monetaria, de forma que la tasa anual del IPC ha tocado en septiembre el 10% en la región, un máximo desde la incorporación del euro. El Gobierno español toma nota de estas recomendaciones y se abre a ampliar el escudo social desplegado hasta la fecha para atajar los efectos de la crisis energética, la guerra en Ucrania y una inflación que sigue siendo muy elevada, pese a haberse moderado al 8,9% en septiembre desde el techo del 10,8% que tocó en julio. 

En el Ministerio de Economía confirman que los Presupuestos Generales del Estado de 2023 cuentan con la holgura suficiente para poder asumir nuevas medidas centradas en el colectivo de familias y empresas más vulnerables si fuesen necesarias. Barajan, además, una prórroga de aquellas vigentes hasta el próximo 31 de diciembre, como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o las ayudas directas para el sector gasintensivo (uno de los más afectados al haberse disparado el precio del hidrocarburo) o a los sectores de transportes, agrícola, ganadero y pesquero.

El Real Decreto-ley de medidas urgentes del 25 de junio, que amplió el paquete anticrisis hasta el 31 de diciembre, incorporaba también la extensión hasta finales de año de la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5% o del tipo mínimo en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (0,5%), así como una ayuda de 200 euros para rentas bajas. El Ejecutivo está evaluando cuáles de todas estas medidas tendrían que ser prorrogadas y cuáles podrían mantenerse el próximo ejercicio, pero focalizándose en sectores concretos, lo que se ajustaría más a las recomendaciones que los organismos internacionales han hecho a los gobiernos comunitarios.

Paquete de 3.000 millones centrado en energía

De momento, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha convertido en una medida con carácter estructural el transporte público gratuito para los usuarios de abonos mensuales en Media Distancia, Cercanías y Rodalíes. Este martes, el Consejo de Ministros da luz verde al nuevo paquete de 3.000 millones para paliar los efectos de los precios de la energía que va a afectar al 40% de los hogares. Este incluye una ayuda para las comunidades de vecinos con calderas centralizadas, que actualmente no pueden acogerse a la tarifa de último recurso (TUR); el refuerzo del Bono Social Eléctrico -eleva un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento-; o la creación temporal de una nueva categoría de consumidores eléctricos que pueden optar a un descuento del 40% en sus facturas. Esta última medida se destinará a familias con trabajadores de bajos ingresos.

Tanto el FMI como el BCE han puesto a Reino Unido como 'ejemplo a no seguir'. El último en hacerlo ha sido el vicepresidente de la entidad, Luis De Guindos, que en una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas hacía hincapié el lunes en que la política fiscal ante una coyuntura como esta no puede ser la misma que los gobiernos adoptaron durante la pandemia. "Es importante que no entre en contradicción con la política monetaria", ha incidido el vicepresidente del banco emisor, como ha podido suceder en el caso británico, lo que aumentaría el riesgo de fragmentación en los mercados.