El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los sindicatos mayoritarios de la función pública, CSIF y CCOO, han alcanzado un principio de acuerdo para mejorar la plantilla y los servicios de atención de la Seguridad Social y crear, con carácter inmediato, la Agencia Estatal de la Seguridad Social. El pacto serviría, en principio, para evitar la que estaba llamada a ser la primera huelga general de los trabajadores de la Seguridad Social en España, prevista para el próximo 7 de septiembre, así como los paros parciales previstos.
La creación de la Agencia de la Seguridad Social es un mandato recogido en la recomendación octava del Pacto de Toledo, que luego se trasladó a la reforma de pensiones, instando al Gobierno a presentar un proyecto de ley antes del 30 de junio de 2022. En virtud del acuerdo alcanzado con los sindicatos, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se compromete a presentar un anteproyecto de ley al Consejo de Ministros sobre la creación de esta Agencia, iniciando su tramitación con "carácter inmediato", según consta en el borrador del preacuerdo, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, el Ministerio se compromete con los sindicatos a articular un plan estratégico de Recursos Humanos para el conjunto del sistema de la Seguridad Social. El acuerdo contempla además la implantación de un día de teletrabajo a la semana a partir del 1 de julio de este año, siempre que las tareas sean susceptibles de ello, con carácter voluntario y garantizando siempre la atención a la ciudadanía. Los efectivos de la Seguridad Social se redujeron un 20% solo en la última década, a causa de los recortes.
Los sindicatos pedían la convocatoria urgente de una oferta de empleo público específica para la Seguridad Social que anule la huelga con la que los trabajadores pretenden visibilizar "la falta de efectivos, el retraso en la gestión de las prestaciones y el incumplimiento general de los acuerdos de personal". La principal reivindicación de los trabajadores del sistema pasa por el refuerzo de una plantilla envejecida y sobrecargada de tareas algo, reconocen, que no solo depende de Inclusión, sino del Ministerio de Hacienda y Función Pública, encargado de dotar los recursos para las plazas necesarias.
A los trabajadores no les había convencido lo más mínimo la última propuesta del Ministerio de pagar 6 euros por cada ciudadano atendido a los trabajadores destinados a la atención directa que se quieran sumar a un plan de carácter voluntario para descongestionar el sistema de cita previa.
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