El efecto 'perverso' de aplazar el retiro: más mortalidad e invalidez prematura

España, como la mayoría de los países desarrollados, ha apostado, a través de diferentes reformas, por ir aumentando la edad de jubilación de forma  progresiva y con el objetivo de garantizar el sistema de pensiones de reparto ante el envejecimiento de la población. El incremento de la esperanza de vida, unas tasas de natalidad en mínimos y la evolución del mercado de trabajo, que cada vez acoge menos activos y que 'reparte' salarios que imposibilitan el pago de unas prestaciones de retiro, viudedad e incapacidad cada vez mayores, han situado al límite un sistema solidario que deberá recibir en los próximos años a la generación más numerosa, la del 'baby boom'. Mientras tanto, todos miran a los impuestos y a la sobrecotización como instrumentos para poder hacer que las cuentas cuadren.

A medio plazo se ha conseguido parte del objetivo de demorar cada vez más el retiro y, como consecuencia, la edad media de jubilación ha aumentado desde 2018 en seis meses, hasta situarse en 64,8 años, una subida clave que supone más tiempo de cotización y menos gastos en prestaciones debido al retraso del desembarco en el sistema, aunque el logro se limite a solo unos meses. En principio, esta tendencia resulta positiva -un auténtico alivio- para las arcas de la Seguridad Social, pero tiene un efecto perverso en la salud de los trabajadores a punto de jubilarse. Esta es la principal conclusión de un reciente estudio, que forma parte de los Papeles de Trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que firman Cristina Belles y Han Ye -ambos de la Universidad de Manheim- y Sergi Jiménez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra e  investigador Asociado de Fedea.

Con el título 'El impacto de la edad de jubilación sobre la mortalidad', el informe destaca que uno de los principales instrumentos para asegurar la solvencia financiera del sistema de pensiones ha sido la restricción del acceso a los planes de jubilación anticipada mediante el aumento de la edad mínima de acceso a la pensión, una determinación, asegura, que no está exenta de efectos desfavorables. El trabajo científico evalúa las consecuencias de ir acotando las opciones de jubilación anticipada y proporciona, a partir de la investigación de las diferentes reformas de pensiones y los cambios en el sistema, evidencias que deberían al menos considerarse. 

Las respuestas de la mortalidad entre las edades en las que no se puede acceder a las pensiones entre 60 y 64 años son las más fuertes

El análisis parte de la entrada en vigor en 1966 del texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social por el que se crea el Sistema de la Seguridad Social, con un funcionamiento muy similar al actual. Hasta ese momento, los trabajadores y empresarios habían contribuido simultáneamente a los seguros sociales, entre los cuales destacaba el obligatorio de vejez e invalidez -el  conocido como SOVI-. Cuando los trabajadores quedan incluidos en el Sistema de la Seguridad Social el 1 de enero de 1967 se produce un hecho excepcional, que propicia unas condiciones muy ventajosas para unos y 'perjudiciales' para otros, que incluso trascienden a salud.

Esta situación proporciona una de las bases del estudio, ya que en el mismo momento se podía encontrar ciudadanos que cotizaron en el sistema de pensiones antes del 1 de enero de 1967, que se podían jubilar voluntariamente a partir de los 60 años, y otros que cotizaron después de esa fecha que sólo podían solicitar voluntariamente una pensión a los 65 años. A partir de ese esquema, los investigadores pueden obtener respuestas de mortalidad en la población dependiendo del grupo del que forma parte ayudados por una fuente que la misma Seguridad Social proporciona desde mayo de 2021 para este tipo de investigaciones. 

Entre las conclusiones del elaborado estudio, se destaca que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en cinco puntos porcentuales y que, sorprendentemente, "las respuestas de la mortalidad entre las edades en las que no se puede acceder a las pensiones públicas en determinado colectivo -60 y 64 años- son las más fuertes". 

Los trabajadores expuestos a estrés que retrasan el retiro tienen un riesgo mayor de morir prematuramente que los que
desarrollan actividades físicas

Los responsables del estudio también examinan los accidentes laborales registrados en esas edades en diferentes sectores y actividades. En la industria, un área en la que la carga física es protagonista, el incremento se produce en los segmentos en los que, de forma habitual, hay una alta intensidad de accidentes laborales. Sin embargo, se destaca el efecto de estrés mental y social de los trabajadores a punto de retirarse, pero que demoraron esta decisión. Así, destaca, "que retrasar un año la salida del mercado laboral aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en 5,3 puntos porcentuales para las personas con trabajos de alta carga psicosocial, mientras que esta cifra es de 3,6 puntos porcentuales para las personas con trabajos de baja carga psicosocial".

Los profesores lanzan una advertencia para que a la hora de emprender reformas que pueden tener un impacto negativo en la salud de los ciudadanos -mayores-, se evalúen algunos aspectos. Así, destacan los efectos adversos sobre la salud de determinados colectivos, que aseguran que pueden mitigarse permitiendo la jubilación anticipada para ciertos tipos de individuos -con trabajos física o mentalmente agotadores- e introduciendo la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo para los trabajadores de más edad al final de su carrera".

El informe deja claro que los cambios en la edad de jubilación, ampliándola, reducen un 19% la probabilidad de reclamar una pensión regular, un aumento en la probabilidad de exigir una pensión parcial por 54%, y una subida de la demanda de seguro o prestaciones de incapacidad o invalidez en 19%. El estudio deja abierta la posibilidad de que los individuos que no pudieron acceder a la pensión en el momento que ellos consideraban idóneo, pudieron optar por fórmulas -como la incapacidad- para abandonar el mercado laboral antes de reclamar una pensión ordinaria, una decisión para nada rentable. Como conclusión, admiten que forzar a la jubilación a determinada edad a veces es contraproducente y que proporcionar opciones para la jubilación gradual y la jubilación flexible son fórmulas menos dañinas y que finalmente aumentas la edad legal de jubilación, que es lo que buscan los gobiernos.