Escrivá madura la reforma de pensiones ante el recelo de los agentes sociales

"Cuando la propuesta esté suficientemente madura, que no lo está aún, se presentará a los agentes sociales". Esto sucederá pronto, aunque no de forma inmediata. En el Ministerio que encabeza José Luis Escrivá trabajan a contrarreloj y apurando plazos para sacar adelante la segunda parte de la reforma de las pensiones. Esta debería estar aprobada antes del 31 de diciembre para poder entrar en vigor el año que viene y cumplir lo comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

Fuentes del Departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que el modo de preparar la nueva batería de medidas dista mucho de cómo se trabajó en la anterior fase, la que sirvió para volver a vincular las pensiones al IPC por ley y que derogó el factor de sostenibilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 para sustituirlo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ese mecanismo, que operará a partir del 1 de enero de 2023, permitirá dotar el Fondo de Reserva por primera vez en más de una década con 2.793 millones de euros.

Las medidas pendientes para la reforma de las pensiones

Están recabando propuestas para poner un papel sobre la mesa que "recoja todas las sensibilidades", pero lo están haciendo con absoluta discreción, tratando de evitar rifirrafes y estridencias que puedan empañar el proceso. Aseguran que hay cambios significativos y asuntos que siguen debatiéndose, pero todo en un segundo plano hasta que arranque la negociación como tal. De esta fase se espera que el Ejecutivo dé luz verde a la modificación del periodo de cálculo (está previsto un aumento del número de años trabajados que computará para fijar la pensión) o el alza de las bases de cotización máximas. Dos cambios que suscitan recelo entre los agentes sociales y los socios de Gobierno de Unidas Podemos. 

El Ministerio también estudia modificar la jubilación parcial y la activa, como reconoció recientemente el propio Escrivá. El objetivo, restar algo de presión al Sistema, sobre todo de cara a las próximas décadas (sobre todo entre 2048 y 2050, cuando la tensión financiera será máxima por la jubilación del grueso de trabajadores de la generación del 'baby boom'). Todas estas medidas están formando parte de las conversaciones preliminares con sindicatos y empresarios y, según las mismas fuentes, el hecho de que nada esté trascendiendo hasta la fecha implica que la filosofía que se ha aplicado en esta ocasión -la de no trabajar con propuestas prefijadas- está dando resultados.

Los agentes sociales se muestran más escépticos y han llegado a poner en duda que la reforma vaya a estar lista en tiempo y forma. A los sindicatos les preocupa la complejidad de los temas que el Gobierno dejó pendientes para el tramo final del año por lo ajustado de los tiempos. También, que el Ejecutivo no les haya presentado hasta ahora propuestas detalladas o en firme, algo que lamentan igualmente desde la patronal. Este hecho y el que la negociación y la propia reforma se hayan 'troceado' han sido muy criticados por parte de los representantes de los trabajadores y de los empresarios. 

El líder de CCOO, Unai Sordo, advertía el miércoles desde Ceuta que el acuerdo no está tan cerca como "algunos quieren trasladar". Desde su punto de vista, este debería girar en torno a una mejora estructural de los ingresos de la Seguridad Social, que pasaría por destopar las bases máximas de cotización para que los salarios más altos aporten más al sistema. Esta medida debería complementarse con una mejora progresiva de las pensiones máximas en el futuro.

Y el escepticismo de sindicatos y empresarios obedece también a que ni a unos ni a otros les convencen las medidas aplicadas en el primer tramo de la reforma. A ese respecto, el ministro José Luis Escrivá ha venido haciendo hincapié en que las decisiones adoptadas hasta la fecha dan "certidumbre" a los pensionistas, que mantienen su poder adquisitivo en un entorno de fuerte volatilidad y de inflación muy elevada -a cuyos efectos negativos son más sensibles que otros colectivos de población-.