"Habrá que estar pendiente de lo que decida el Gobierno en la reforma de la Seguridad Social. Según los cambios que se hagan en el sistema de pensiones la factura de la fusión puede elevarse de forma significativa". El comentario, realizado hace unos días por un ex alto ejecutivo de Bankia, no podía haber sido más premonitorio. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó este miércoles en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo la intención del Gobierno de reformar la normativa de Seguridad Social para asegurar que la penalización legal sobre las jubilaciones anticipadas se aplica también de forma efectiva a las rentas más altas, que se libran en buena medida a día de hoy del efecto de los coeficientes reductores por el hecho de que éstos se calculen sobre la base reguladora de la pensión y no sobre la prestación misma, lo que hace que su efecto quede diluido a efectos reales.
Según el ejemplo que el ministro puso a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo, bajo un supuesto de carreras de cotización igual de prolongadas en el caso de anticipar un año su jubilación respecto a la edad legal un trabajador de renta inferior a la media vería reducida su pensión un 8% por el efecto de estos coeficientes reductores, uno con la renta media del sistema, en un 6%; en tanto que las rentas más altas apenas verían recortada su pensión en un 2%. "En la práctica, los trabajadores que cotizan en los tramos más altos pueden jubilarse de forma anticipada preservando el derecho a la jubilación más alta del sistema", aclara una alta funcionaria con más de dos décadas de trayectoria en la Seguridad Social.
Esta "distorsión legal", como la calificó el ministro, ha sido una de las grandes aliadas de las 'prejubilaciones de oro' impulsadas por las grandes empresas en los últimos años, ya que les ha permitido negociar con los sindicatos sobre la base de que los trabajadores -la mayoría en tramos altos de renta- accederán a la jubilación anticipada forzosa establecida por la ley con la garantía de que percibirán la pensión máxima del sistema. La reforma legal planteada ahora por el ministro dinamita ese esquema de garantías y lo hace en un momento singular, con dos de las principales entidades financieras del país, Bankia y Caixabank, iniciando la negociación de una fusión que iría acompañada de forma irreversible por un plan de ajuste de plantilla que previsiblemente alcanzaría a miles de empleos, como ya han advertido los sindicatos UGT y CCOO.
"Si finalmente se hace, va a complicar la negociación de los futuros planes de prejubilaciones. Eso está claro", asegura una fuente empresarial. "No es lo mismo negociar un esquema de indemnizaciones por prejubilación sobre la base de que el trabajador va a percibir la pensión máxima en el momento en que se jubile, que sobre un escenario de un recorte de entre el 12% y el 16% en su pensión desde el momento en que se jubile". La normativa de Seguridad Social establece una penalización por jubilación anticipada tanto mayor cuanto menores sean los años cotizados y también obliga a jubilarse forzosamente cuatro años antes de la edad legal a los trabajadores provenientes de un despido forzoso.
Los planes de prejubilación de las grandes empresas se basan, a grandes rasgos en tres pilares. La cobertura de una parte del salario, que fue del 63% en el último plan de prejubilaciones de Bankia; la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social para completar la cotización perdida por el recorte sobre el sueldo al objeto de garantizar la pensión futura; y el abono de una cantidad a tanto alzado para compensar el posible perjuicio derivado de la jubilación anticipada de los trabajadores que por esa circunstancia vean reducida su pensión. En un contexto de recorte generalizado de las prestaciones públicas, como el que se daría de aplicarse la reforma planteada por Escrivá, la presión sindical para elevar las indemnizaciones a los trabajadores se da por hecha.
La 'gravosa' factura de las prejubilaciones
El Gobierno da así un paso más en la reducción del coste para el sistema de la Seguridad Social de las célebres 'prejubilaciones de oro' de las grandes empresas. El primer avance en ese sentido data del año 2011 cuando el Gobierno Zapatero dio cauce a la conocida como 'enmienda Telefónica' por la que se reguló la obligación de que las empresas en beneficios que hicieran un ERE abonaran a las arcas del Estado el coste para el sistema de cobertura al desempleo de los dos años con cobertura por desempleo que percibían los trabajadores prejubilados antes de pasar a la jubilación definitiva.
Aún así, y según admite un antiguo gestor de la Seguridad Social, las prejubilaciones continúan siendo un foco de gasto, especialmente para la Seguridad Social. "Se pierden los ingresos que se obtendrían de la continuidad en activo de trabajadores con un nivel de renta por lo general muy elevado, pero es que también resulta costoso porque la mayoría de ellos acaban con la pensión máxima pese a haber estado entre ocho y diez años en situación de desempleo real", argumenta.
La reforma que pretende Escrivá rebajaría esa factura, pero en opinión de otra de las fuentes consultadas en perjuicio de los más vulnerables. "Los trabajadores que cotizan por bases máximas no suelen jubilarse anticipadamente si no es por causas forzosas, ya que el perjuicio económico es tremendo. Agotan su carrera profesional y en muchos casos la prolongan. Al final, a los que va a afectar esta medida es a los que están en una situación más vulnerable, bien porque han salido de la empresa de manera forzosa o porque han sufrido otras circunstancias. No todos los casos se refieren a 'prejubilaciones de oro' en grandes empresas", advierte.
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