La jubilación parcial de los funcionarios es uno de los puntos pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del SXXI, suscrito a finales de 2022 por el Ministerio de Función Pública, CCOO y UGT. La fórmula, por la que el trabajador combina el cobro de parte de la pensión pública con un empleo a tiempo parcial -y que se liga o no a un contrato de relevo- ya estaba disponible para el personal laboral, por lo que los representantes de los trabajadores consideraban urgente igualar sus condiciones. Las conversaciones con la cartera que dirigía María Jesús Montero para aprobar el cambio normativo estaban avanzadas y la vicepresidenta se comprometió a incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado o su ley de acompañamiento.
El ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, asumió este departamento a finales de diciembre y en sus primeros contactos con los representantes sindicales no ha confirmado que vaya a mantener esta línea de actuación, según trasladan a La Información. Desde su equipo también evitan adelantar materias que puedan entrar en los PGE, aunque presumiblemente será el propio ministro el que aborde el tema en la comparecencia ante el Congreso de los Diputados de este miércoles. "En la reunión mencionamos que se nos había comunicado que formaba parte del borrador y no se nos dijo lo contrario, por lo que entendemos que sigue en pie" explica la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. Mientras que desde CCOO se muestran prudentes al no tener confirmación y CSIF dice no tener constancia de esto.
"Tras la última reunión no tenemos nueva información al respecto, pero el Estatuto Básico del Empleado Público reserva materias como la retribución o la jubilación parcial al ámbito de la negociación colectiva. Parece que la idea del Gobierno es sacar los presupuestos en marzo y no hemos iniciado la negociación con el Ministerio, por lo que parece difícil que para esa fecha pueda salir adelante con acuerdo" aprecia el responsable de Comunicación del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO, Javier Martínez. El Acuerdo Marco abarcaba el periodo 2022-2024, por lo que el nuevo equipo de Función Pública podría culminar los compromisos asumidos por el Gobierno con una ley específica más adelante.
"Se procederá a la derogación de la supresión de la jubilación parcial como una de las modalidades de jubilación del personal funcionario establecidas en el artículo 67 del TREBEP" recogía el texto que resultó del diálogo social con Función Pública. Además, debe cambiar otras cuestiones como los permisos y las vacaciones, lo que requiere a su vez la modificación de los artículos 48 y 50 del Estatuto del Empleado Público. Si bien, la norma será solo el primer paso para una medida que después tendrá que concretarse en la negociación colectiva, como ha de suceder con la evaluación de los empleados públicos aprobada en diciembre en uno de los reales decretos-leyes que estaban vinculados al cuarto pago de los fondos Next Generation.
El representante de CCOO incide en la complejidad que supone de fondo este cambio legislativo, ya que trasciende al personal de la Administración General del Estado y afecta directamente al conjunto de los funcionarios. Actualmente, solo hay algunas excepciones por las que el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podían acceder a la jubilación anticipada, pero esta fórmula no existe para el resto. Ambos representantes sindicales inciden en que el abordaje de este y otros temas pendientes del Acuerdo Marco es prioritario, como la reducción de la jornada laboral que en el caso de algunas comunidades autónomas ya es de 35 horas o la aprobación de un protocolo contra el acoso sexual para poder actuar por la vía administrativa.
Más allá del personal público, la nueva regulación de la jubilación parcial también será objeto de las mesas de trabajo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los agentes sociales, la 'pata' que quedó pendiente en la reforma del sistema público de pensiones aprobada en dos partes entre 2021 y 2023. CCOO y UGT quieren reformar profundamente el modelo actual, que distingue entre trabajadores de la industria manufacturera y el resto de asalariados del Régimen General. Los segundos solo pueden acceder a la jubilación parcial a través de un acuerdo con la empresa, algo que los sindicatos quieren modificar para favorecer la renovación de plantillas en ciertos sectores, dado que entienden que siempre debe vincularse con la entrada de un trabajador más joven por tiempo indefinido.
Esta materia también apareció reflejada en el acuerdo de coalición cerrado entre el PSOE y Sumar antes de la investidura de Pedro Sánchez. "Se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades (en muchos casos, fuertemente feminizadas) a partir de cierta edad, especialmente en la industria manufacturera" rezaba el documento. Una redacción que no gustó a los representantes de los trabajadores por mezclar los coeficientes de reducción por trabajos penosos con la jubilación parcial generalizada.
