Nuevo episodio en la fuerte competencia que mantienen Esquerra Republicana y Junts por la hegemonía en Cataluña. La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha puesto tierra de por medio respecto al partido de Puigdemont y anunciado que la formación republicana votará a favor de los primeros reales decretos del Gobierno, por "responsabilidad y coherencia". Además considera que no produce cambio alguno respecto a la ley de amnistía, en otro desmarque respecto a Junts.
"No hay ningún elemento que perjudique a la ley de amnistía respecto a lo que ya pasa en la actualidad", ha afirmado Sans, que ha insistido en que "la posibilidad de demorar en el tiempo la ley de amnistía ya la tienen los jueces ahora, y ya sabemos que lo harán". Sans ha rehusado también hacer "llamamientos a nadie", en relación a Junts, y se ha limitado a defender que la postura de ERC es por "responsabilidad y coherencia".
El secretario general de JxCat, Jordi Turull, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán se reunieron en Barcelona el pasado 5 de enero para tratar de acercar posiciones entre ambas formaciones, aunque Junts ya ha trasladado que votará en contra de los primeros decretos ley del Gobierno al existir "malestar" con los socialistas. La formación independentista tratará de tumbar así tres decretos: el de medidas anticrisis, un decreto del Ministerio de Trabajo y el conocido como "decreto ómnibus", al considerar que pondría en peligro la aprobación de la ley de amnistía por incorporar modificaciones a la ley de enjuiciamiento criminal.
En rueda de prensa en Barcelona tras la primera reunión del año de la ejecutiva republicana, Sans ha confirmado que "ERC ha decidido dar apoyo favorable a los tres decretos", cuya batería de medidas ha ido enumerando y que, a juicio de la formación, suponen beneficios para la ciudadanía ante la crisis económica, los desahucios, las prestaciones de paro o convenios laborales, entre otros aspectos.
Pero también ha defendido, respecto a las modificaciones en el ámbito judicial, que el decreto únicamente da "más seguridad jurídica" a los ciudadanos en procesos penales, en lo que se refiere a cuestiones prejudiciales, porque a su juicio se limita a incorporar a la legislación española lo que ya es una recomendación de la Unión Europea y que "ya se aplica".
