El espejismo vivido durante los meses de verano, en los que parecía que el tejido productivo se empezaba a recuperar paulatinamente del batacazo que supuso para miles de negocios la 'Gran Reclusión' de primavera para aplanar la curva de contagios de Covid-19, se ha esfumado con la llegada del otoño. En octubre, mientras el número de trabajadores afiliados aumentaba por sexto mes consecutivo, la Seguridad Social volvía a registrar bajas de empresas ante las nuevas restricciones impuestas para frenar la segunda ola de la pandemia. Así consta en los registros estadísticos, que revelan además que, en lo que va de año, España ha perdido casi 54.000 compañías, 38.000 de ellas desde que estalló la crisis del coronavirus.
Si bien la reducción de empresas inscritas en la Seguridad Social en octubre no es escandalosa (223 menos que en septiembre) sí resulta preocupante el cambio de tendencia, según advierten fuentes de la patronal, que auguran que "lo peor está por llegar". Los próximos meses se avecinan, cuando menos, complicados para el tejido productivo patrio. Con las nuevas restricciones, y a pesar de la red de seguridad activada por el Gobierno con mecanismos como los ERTE, las moratorias o los créditos ICO, el agotamiento empresarial empieza a hacer mella, especialmente en las compañías que no contaban con un colchón suficiente antes de la pandemia, y a muchas no les ha quedado otro remedio que echar el cierre definitivo.
Desde el departamento que dirige el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, restan importancia al repunte de las bajas empresariales en octubre y esgrimen que podría tratarse de un "efecto estacional". Argumentan, además, que el 'stock' de empresas actual (1.286.436) se sitúa por encima del pico de la crisis Covid (en abril las empresas inscritas se desplomaron a 1.233.187), aunque obvian el hecho de que en estos momentos hay en España 37.991 compañías menos que en febrero, 53.979 menos que en diciembre de 2019 y, echando la vista más atrás, hasta junio de 2019, cuando se alcanzó el máximo histórico, 62.889 menos. En cualquier caso, insisten, "habrá que ver cómo evolucionan los próximos meses para hacer un análisis más profundo".
De momento, con los datos disponibles, se puede deducir que la destrucción de empresas se está cebando con el tejido productivo de menor tamaño. Tomando como referencia el mes de febrero, previo al estallido de la crisis Covid, de las casi 38.000 empresas disueltas hasta octubre, más del 96% (36.572, en concreto) eran pymes de menos de 50 trabajadores y el resto, 1.419, eran compañías de entre 50 y 500 empleados. Bajando más al detalle de las estadísticas, se observa que la pandemia ha provocado el cierre de 13.734 microempresas de entre 1 y 2 trabajadores, de otras 8.410 compañías de menos de 5 empleados, de 5.915 empresas de entre 6 y 9 trabajadores, y de otras 8.513 empresas con plantillas de entre 10 y 49 efectivos.
Y respecto a los trabajadores que se emplean en las empresas dadas de alta en la Seguridad Social, a pesar de que, desde que tocaron su suelo en marzo, con un total de 13.382.818 asalariados, han seguido una tendencia alcista (a excepción de los meses de junio y agosto), todavía en octubre había 325.590 menos que en el mes de febrero. Además, hay que tener en cuenta que las estadísticas contabilizan como ocupados a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que al inicio de noviembre todavía rozaban los 600.000 y que están aumentando exponencialmente estas semanas con las nuevas restricciones, según han avanzado desde el Ministerio de Trabajo, a falta de datos oficiales.
El riesgo de las empresas 'zombis'
Esta es la foto actual, pero los meses venideros, con toda la cautela que implica una situación de elevada incertidumbre como la actual, no pintan de remontada. Este mismo viernes el Banco de España advertía en un informe de que la moratoria concursal ha evitado una "avalancha" de solicitudes que hubieran colapsado los Juzgados de lo Mercantil y reducido notablemente el número de concursos, pero "el probable aumento de los problemas de insolvencia que la crisis del Covid-19 ha generado, llevará previsiblemente a un repunte significativo de las solicitudes de concurso una vez que la moratoria concursal expire a finales de año".
Aun así, el supervisor afirma en el citado documento que si la moratoria concursal aprobada con motivo de la crisis provocada por la pandemia (actualmente en vigor hasta el 31 de diciembre) se alarga en el tiempo, puede contribuir a una mayor supervivencia de empresas inviables o 'zombis' que, sin medidas de sostenimiento financiero como las refinanciaciones bancarias, acabarán por desaparecer en un breve plazo de tiempo. El organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos cree que sería "conveniente evaluar cuidadosamente" una posible prolongación de la moratoria, dado que esto podría "exacerbar" la supervivencia de empresas inviables en el mercado, con balances "cada vez más deteriorados", que provocarían además la acumulación de casos de insolvencia que habrían de resolverse cuando finalmente terminara la moratoria.
En este sentido, el BdE advierte de que existen evidencias de que la mayor supervivencia de empresas 'zombis' en el mercado reduce los beneficios del resto de las compañías, disminuye la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una "mala asignación" de los recursos productivos y pérdidas de productividad. A ojos del supervisor, los sistemas concursales que facilitan la reestructuración de deudas empresariales y reducen los costes asociados a la insolvencia de los empresarios individuales disminuyen la proporción de capital en manos de empresas 'zombis', lo que a su vez contribuye a elevar la productividad del resto del tejido empresarial.
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