El bloqueo político del 23-J frena inversión y genera inestabilidad en las empresas

Los resultados del 23-J arrojan un bloqueo institucional y político que dificulta la formación de Gobierno tanto a la derecha que se aglutina en torno al PP como la izquierda que secunda al PSOE, y genera una dosis de incertidumbre sobre la economía española que amenaza con frenar inversiones y desestabilizar la toma de decisiones empresariales y políticas clave para para afrontar la tendencia a la baja del PIB que se avecina. El recuento electoral deja el peor de los escenarios para la confianza internacional y frena el despegue de la industria de la mano de los fondos europeos y la inversión privada, que necesitan estabilidad y seguridad jurídica y política para arriesgar su dinero.

Los principales analistas de los servicios de estudios de la banca y las empresas, así como de las principales instituciones de predicción económica ya habían advertido que un posible bloqueo político podría frenar la llegada, tanto de inversiones en cartera de los grandes fondos internacionales interesados en los mercados y las acciones de las compañías españolas, como en la inversión productiva, necesaria para recomponer el sector industrial español de la mano de los fondos europeos, la digitalización y la transición ecológica.

La falta de una mayoría suficiente en la coalición de izquierdas y la de derechas mantiene por el momento un Gobierno en funciones en manos del PSOE, pendiente de llegar a un acuerdo con los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, que no van a vender barato su apoyo -como ya han advertido-. Una negociación que, no por conocida, podría suponer un mayor coste para las arcas públicas en forma de inversiones reales, concesiones fiscales y transferencias, algo que puede penalizar de forma importante las arcas públicas, lastradas ya por una deuda muy alta y pendiente de cumplir con las condiciones fiscales de déficit que impone la UE a partir del año que viene.

Confianza empresarial y guerras fiscales

La situación enquistada entre las fuerzas políticas tampoco va a servir para mejorar la ya complicada relación del Gobierno de coalición de Sánchez con las grandes empresas del país, sobre todo del sector de la energía, la banca, la distribución o la industria alimentaria, entre otros sectores. Algunos de esos empresarios, sobre todo en negocios regulados como el energético, esperaban un giro en el Ejecutivo hacia una coalición de derechas para frenar la presión fiscal y los nuevos impuestos que pesan sobre sus balances. Desde el ámbito empresarial se había apostado por un giro político que evitará incertidumbre jurídica y un exceso de intervención pública en sectores como la vivienda o la banca, en plena subida de tipos de interés.

Los expertos consultados por La Información descartan que pueda darse un freno brusco en la llegada de los fondos europeos pendientes, dado que ese proceso se desarrolla de forma autónoma a partir del plan de recuperación enviado a Bruselas, que no va a sufrir alteraciones claras mientras no haya un Gobierno formado en España, de un signo u otro. Quedan pendientes cuestiones como el posible cobro de peajes en las autopistas -comprometido con Bruselas y que saltó en campaña electoral- o la llegada de más de 74.000 millones en créditos durante los próximos cuatro años, algo en lo que será clave la iniciativa privada, siempre que tenga el suficiente apoyo institucional.

El retraso en la formación de Gobierno que se prevé, en el que no se descarta incluso una repetición electoral a final de año si ninguna de las partes es capaz de conseguir la mayoría suficiente en el Congreso, tampoco va a ser bueno ante la batalla fiscal que se mantiene desde el Gobierno de izquierda con algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, que son mayoría tras el 28-M. La retirada del impuesto a las grandes fortunas y la reordenación fiscal en torno a impuestos como Patrimonio o Sucesiones, bonificado en algunas autonomías del PP como Madrid, Andalucía o Galicia, queda en stand by hasta saber el giro político que toma el país.