España vota este domingo en medio de una de las mayores crisis hídricas de los últimos tiempos. Los embalses siguen disminuyendo sus reservas y se encuentran al 44,7% de su capacidad total, con cuencas como las del Guadalquivir o del Guadiana por debajo del 30% y agotando sus reservas. La crisis climática se agudiza en una Península Ibérica que reduce sus temporadas de primavera y otoño y sufre cada vez un clima más extremo. Esta situación, asumida por el consenso científico, invita a tomar medidas en mitad de una coyuntura política muy compleja, con la presión ecologista por un lado del espectro político y el férreo apoyo de Vox y PP a mantener el estatus actual del sector agrícola, muy especialmente del cultivo del regadío que agota las reservas de la llamada 'huerta de Europa', que sin embargo, cada día está más seca.
Ante esta situación, los partidos llevan en sus programas soluciones muy distintas para tratar de compaginar la gestión hídrica con las necesidades de sectores económicos de gran peso como el agrícola, el ganadero o el energético. La España de los pantanos está abocada a reformular su política de aguas ante un recurso cada vez más escaso por la falta de lluvias, pero la forma de hacerlo no está clara. Los cuatro grandes partidos que concurren a estas elecciones generales asumen la necesidad de alcanzar un consenso nacional que se apoye en nuevas infraestructuras de agua, pero las propuestas divergen sustancialmente entre las distintas formaciones.
Las políticas de agua, bandera medioambiental del PSOE
Hasta que las urnas dicten sentencia, las competencias de este área han recaído sobre el PSOE, quien defiende a ultranza las políticas llevadas a cabo por su vicepresidenta Teresa Ribera. La también ministra de Transición Ecológica ha impuesto un férreo control sobre las actividades ambientales desde su superministerio y ha protagonizado importantes batallas políticas al respecto. La más destacada es la que mantiene con la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla (PP), quien autorizó la ampliación de los permisos de regadío en Doñana al mismo tiempo que el Gobierno reclamaba la clausura de pozos ilegales. Tampoco queda lejos el cruce de acusaciones por la recuperación del Mar Menor, en Murcia.
El programa electoral de los socialistas se centra en los 5.000 millones de euros ya comprometidos para infraestructuras hidráulicas, a los que se suman otros 2.130 para la modernización y puesta en marcha de nuevos regadíos. Esto supone "el volumen de inversiones en regadíos más ambicioso en lo que llevamos de siglo", según su texto. El PSOE reclama reforzar los Planes Hidrológicos de Tercer Ciclo para adaptarlos a escenarios extremos como lluvias torrenciales o sequías. Su plan incluye una reforma de la Ley de Aguas, no ejecutada durante esta legislatura; duplicar la capacidad de las desaladoras o mejorar los sistemas de abastecimiento en zonas rurales. También abogan por digitalizar la gestión del agua, reformar el marco tarifario o aumentar el control sobre la contaminación.
El PP promete 40.000 millones en infraestructuras
En una posición bastante distinta se encuentra el Partido Popular. Su líder y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido 40.000 millones para nuevas infraestructuras hídricas durante los próximos seis años. Este plan se vincula a la intención de llevar a cabo un Pacto Nacional del Agua en conversación con las comunidades autónomas y sectores afectados, que permita desarrollar una red nacional estratégica del agua.
En lo relativo a las obras a llevar a cabo, el PP se ha comprometido a modernizar presas o canales "con el fin de adaptarlas a las necesidades del siglo XXI", así como las redes de abastecimiento locales que minoren las pérdidas en el suministro. Su programa incluye otras ideas como restauración de cauces urbanos o mejorar el vínculo entre agua y energía, descarbonizando la producción acuática.
Vox quiere unir las cuencas fluviales
La idea de un 'Plan nacional del agua' también forma parte del ideario de Vox, quienes proponen interconectar las cuencas fluviales para permitir "una gestión más eficiente del agua y reactivar económicamente al sector primario", plan que se ejecutaría mediante una consulta pública. Contrasta con su intención de derogar la ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor, contra la que se han posicionado directamente. Entre sus planes se incluyen la revisión de los tratados con Portugal para "comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario sin aprovechar antes cada gota de agua", el desarrollo de un estudio nacional para instalar nuevos pantanos, la instalación de bombeos hidráulicos en aquellos que se puedan dedicar a la generación hidroeléctrica.
El programa de los de Abascal incluye su intención de "acabar con la destrucción de presas y embalses", una afirmación que ha sido catalogada como bulo tanto por el Gobierno como por organismos de verificación independientes. Desde el Ministerio de Transición Ecológica defienden que los elementos derruidos son azudes, elementos que obstruyen la continuidad fluvial que, en la mayoría de casos, habían perdido su funcionalidad. También muestran su apoyo a los agricultores, a quienes prometen aumentar la superficie de regadío, programas de investigación y ayudas directas, además de poder aprovechar las aguas procedentes de lluvias torrenciales.
Sumar quiere acabar con el regadío ultraintensivo
Su postura diverge rotundamente con el marcado carácter ecologista del programa de Sumar. Los de Yolanda Díaz abogan por reformular la planificación hidrológica "en clave de emergencia climática" para ajustarlos a "la nueva realidad del cambio climático". "La gestión de los recursos hídricos nacionales, uno de nuestros bienes más preciados, debe orientarse ineludiblemente hacia una reducción del consumo para garantizar el abastecimiento humano y hacer frente a la sobreexplotación actual de los recursos", señalan en su programa.
Su primera medida pasa por llevar a cabo un pacto de estado antidesertificación que incluya el reconocimiento del agua como derecho público universal, el acceso gratuito y la prohibición de cortes de suministro para aquellas personas consideradas vulnerables; o evitar la privatización del ciclo del agua. Esta se complementaría con una "estrategia nacional de transición hidrológica justa" que se centre en reconvertir el regadío ultraintensivo y desarrollar un plan estratégico para el secano.
Este plan incluiría planes de reconversión ambiental y sociolaboral para sus empleados o el apoyo al regadío tradicional, junto a un plan nacional para preservar las aguas subterráneas. El programa también incluye el cobro del canon hidroeléctrico a las centrales "sin exenciones", el cumplimiento de la depuración completa de aguas residuales para el año 2027; fomentar la reutilización de aguas depuradas; reformar la Ley de Costas ante episodios climáticos extremos o revisar las concesiones de agua actuales "para evitar su sobreexplotación".
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