El Gobierno prepara una reforma de la Ley Concursal para las empresas que estén en situación de insolvencia que evite, en lo posible, los efectos perniciosos sobre la economía de la avalancha de procesos que se van a producir cuando se levante la moratoria actual, iniciada en la primavera pasada y que, tras varias prórrogas, tiene como fecha límite el próximo 14 de marzo. Fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que tienen todas las alertas puestas ante la debacle que puede ser levantar esa moratoria para decenas de miles de empresas que no han logrado recuperar su nivel de ingresos y se encuentran abocadas a iniciar un proceso concursal en busca de un plan de viabilidad con sus acreedores... o para certificar su liquidación.
La moratoria que se implantó desde la primavera pasada sobre la obligación legal de declararse en concurso ante los primeros signos de insolvencia, en plena irrupción de la pandemia, ha frenado en seco este tipo de situaciones durante casi un año, pero ha generado una bolsa de quiebras potenciales que ahora se teme que exploté, en el inicio de la llegada de las ayudas europeas, hasta el punto de que entidades como el Banco de España ya han alertado del impacto que todo eso puede suponer en la morosidad del sector financiero, que está en la parte de los acreedores en la mayoría de los casos.
El Registro de Economistas Forenses (Refor) ya ha advertido que, tras años con una media de entre 4.000 y 5.000 concursos en lo últimos ejercicios, sin grandes variaciones, el parón económico de la pandemia y la retención de procesos que ha generado la moratoria puede desembocar en un 2021 en el que lleguemos a un abanico de más de 10.000 concursos, que puede llegar incluso a los 50.000 que se dan cada año en Francia, una cifra nunca vista en nuestro país.
La reforma normativa que se prepara se centra en la trasposición de la directiva comunitaria sobre este tipo de procesos, dirigida sobre todo a flexibilizar los plazos y condiciones en la etapa del preconcurso, de forma que haya más tiempo y opciones para buscar la viabilidad de las compañías. Tal y como explica el profesor de Derecho Mercantil de Comillas ICADE, Miguel Martínez, la clave está en dar opciones a los propios responsables de la empresa que declara el inicio de un proceso de negociación ante su situación de insolvencia, para que busquen una forma de refinanciarse y llegar a un acuerdo de acreedores (con la correspondiente quita y espera) que les permita seguir operando. “Hay fórmulas que se pueden introducir para que los acreedores se vean arrastrados a admitir esos acuerdos, aunque sean de distintas clases o niveles”, explica. Otra posibilidad que abre la directiva y que se puede poner en marca es “un sistema de alertas tempranas, que identifique perfiles y permita prevenir insolvencias”, señala.
En esa misma línea, desde FTI&Partners, una de las entidades más activas de España en la administración de procesos concursales, lamentan la situación en la que la moratoria ha colocado ahora a las empresas en dificultades, que se verán abocadas a declararse en concurso, “porque intentar esconder una situación de insolvencia es imposible, y cuanto antes se pongan los medios para buscar una solución, más opciones se tiene de que se salven”, razón por la que creen que la moratoria ha sido un error. “El concurso es una herramienta que busca dar continuidad a las empresas, que ha demostrado ser útil, y cuando más falta hace por la crisis de tesorería de las empresas, la gente no la utiliza, más por el estigma social que supone que por otra cosa, y así no se soluciona nada”, advierten.
De cara a la reforma, los expertos de FTI&Partners creen que hay muchas opciones de mejorar en los procesos concursales si se alivia la situación de la banca: “Se podrían privilegiar sus créditos para que se abran a facilitar financiación o suavizar la obligación de hacer provisiones cada vez que se declara un concurso por una situación de insolvencia en la que son acreedores”.
Estas soluciones, que están sobre la mesa de cara a la reforma rápida de la ley para que los concursos no se conviertan en una sangría de quiebras, aliviarían además el problema financiero que pueden generarse con miles de pymes y autónomos en situación de morosidad y pendientes de salir adelante, o liquidar, después de un año de pandemia sin casi ingresos, algo de lo que ya ha advertido el Banco de España. La situación es especialmente grave en el caso del pequeño comercio y las empresas relacionadas con el sector turístico, que se prevé que acapararán casi uno de cada dos concursos cuando se obligue de nuevo a las empresas insolventes a declararlo por ley.
Desde el ámbito del Ministerio de Economía advierten que la ampliación de las medidas de apoyo a la solvencia de pymes y autónomos que se aprobó el pasado mes de noviembre, y que ampliaba un año la carencia de la devolución de los fondos ICO (hasta un máximo de 24 meses) y elevaba de cinco a ocho el periodo de devolución del préstamo, ha suavizado la presión financiera sobre las compañías. Esas medidas son las que, a juicio de los expertos del sector, hacen que pierda fuerza la idea de prorrogar una vez más la fecha para que la Ley Concursal tenga todo su efecto y se cuenten por miles las empresas insolventes latentes en este momento, aunque eso suponga una situación que ningún político desea.
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