El pasado 1 de julio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la nueva de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, la apuesta personal del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para 'forzar' el ahorro de los trabajadores de cara a la jubilación con aportaciones de los asalariados y los empresarios. El ambicioso proyecto, que costó sacar adelante debido a las críticas de Unidas Podemos, busca que en la próxima década la mitad de la población activa tenga un plan de este tipo, pero se parte de una situación complicada, ya que solo un 10% de los trabajadores están amparados en la actualidad por mecanismos de este tipo.
Junto a esto y pese a que algunos fondos de grandes empresas muestran comportamientos que provocan cierto optimismo, incluso con caídas de la rentabilidad, el paso del tiempo ha demostrado el total fiasco de los planes de empleo de las administraciones y, fundamentalmente, del suscrito por Administración General del Estado (AGE), responsable del mayor fondo de pensiones de España con medio millón de partícipes, pero con apenas 2.346 beneficiarios. La explicación es que la cantidad aportada es tan baja que los empleados públicos que se retiran optan por cobrar el dinero depositado en único pago, lo que se conoce como rescate de capital.
A mes de junio, el patrimonio depositado en el fondo de la AGE, gestionado por BBVA, era de apenas 521 millones de euros y contaba con 488.292 partícipes, una media 1.170 euros por ahorrador. Esto supone 12 veces menos que la media de los planes de empleo, según la estadística de fondos de pensiones que elaborada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión (Inverco). Este escenario fuerza que solo poco más de 2.000 jubilados hayan optado por recibirlo como renta a lo largo de su retiro, eludiendo en buena parte el riesgo de pasarse de tramo de renta, que es lo que sucede cuando se recibe de una vez.
El macroplan nació en 2004 como complemento de las pensiones de Clases Pasivas y Seguridad Social, pero las aportaciones han sido nulas
El macroplan nació en 2004 como complemento de las prestaciones públicas de Clases Pasivas y de la Seguridad Social, pero las aportaciones de los empleados públicos, voluntarias, han sido prácticamente nulas desde esa fecha y el actual patrimonio ha sido generado por las contribuciones de ministerios, entes y organismos de la Administración General del Estado que realizaron hasta el año 2011. A principios de 2012 había 570 millones de euros depositados y 622.000 partícipes, lo que supone que dos de cada diez de aquellos ahorradores han abandonado el mecanismo y han recibido una mínima 'recompensa', que tiene que ser solicitada por el partícipe para iniciar las gestiones de cobro.
Los empleados públicos dependientes de la AGE entre 2004 y 2012, con dos años trabajados y cumpliendo determinados requisitos, tenían (tienen) derecho a cobrar lo aportado por la Administración y sus organismos en el momento del retiro, el desempleo o una incapacidad siempre que realizasen contribuciones individuales. En el plan de promoción conjunta individual participaban más de 130 entidades promotoras y estaban supervisados por una Comisión de Control paritaria entre la parte social y los promotores.
El proyecto es muy similar al que pretende impulsar el departamento de Escrivá para reforzar las prestaciones de retiro y fue ideado por el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y pactado con los sindicatos. El BBVA ganó la ejecución del proyecto frente La Caixa, Banesto-Fonditel y Caser, que llegaron a la fase final tras haber quedado eliminados Banco Popular, Sabadell y Caja Madrid. Cada una de esas entidades optaba con dos propuestas, una como gestora y otra como depositaria.
El plan contempla la situación de los partícipes en suspenso, aquellos que, estando limitadas las contribuciones de la entidad promotora o las aportaciones realizadas directamente por el partícipe, mantienen sus derechos consolidados en el plan. En 2011, las contribuciones de la promotora, determinadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado fueron de un 0,3% de la masa salarial global y se dividió en dos partes: el 75% en función del sueldo de los partícipes y el 25% restante en función de los trienios de antigüedad. Esa aportación se hacía efectiva el día 30 de junio de cada año. Mientras, la parte de contribución individual, residual, se determinaba por el grupo de titulación y oscilaba ente 45 y 90 euros.
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