Economía

Tras el Ministerio de Consumo

Educación y Exteriores se suben al carro de las prácticas gratis con universitarios

Ambos departamentos firman convenios con universidades para incorporar estudiantes sin contrato laboral ni retribución económica. El Gobierno se comprometió a regular este asunto para evitar abusos.

El Gobierno continúa ofertando prácticas gratis para universitarios. Tras el convenio firmado entre una agencia dependiente del Ministerio de Consumo con la Universidad Complutense de Madrid para incorporar estudiantes sin contrato laboral ni retribución económica, ahora son el departamento de Educación y Formación Profesional y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación los que han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los acuerdos alcanzados con varias universidades para la realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y posgrado de exclusivo carácter formativo y, por tanto, sin ningún tipo de relación laboral con los participantes, que tampoco recibirán compensación económica alguna por las funciones que les sean asignadas en sus centros de destino.

Dentro del marco legal vigente, distintos departamentos ministeriales están optando por la opción de ofertar prácticas académicas gratuitas para universitarios, a pesar de que el Gobierno mantiene su compromiso de cambiar la regulación sobre este tipo de prácticas que, en muchos casos, esconden relaciones laborales fraudulentas, según han venido denunciando los sindicatos. Durante el anterior Ejecutivo del PSOE, la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se comprometió a dar un vuelco a estas prácticas no laborales para garantizar su carácter formativo y el apoyo económico durante su realización. También está pendiente desde 2019 el desarrollo reglamentario de un decreto que obligaba a los estudiantes en prácticas a cotizar a la Seguridad Social; y la actual titular de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene en cartera un 'Estatuto del Becario' para dignificar las condiciones de esta figura predominante entre los jóvenes. 

Pero, con todo este desarrollo normativo paralizado, el Gobierno, a través de distintos ministerios, sigue firmando convenios con universidades para la realización de prácticas académicas sin contrato ni remuneración. Se trata de una modalidad, hay que insistir, regulada en la normativa vigente, que establece el carácter formativo de las prácticas académicas externas, sin derivarse de éstas las obligaciones propias de una relación laboral. La regulación, no obstante, sí contempla como derecho del estudiante el "percibir, en los casos en que así se estipule, la aportación económica de la entidad colaboradora, en concepto de bolsa o ayuda al estudio", algo que no se recoge en ninguno de los citados convenios. Todos aclaran, eso sí, que los acuerdos, con una vigencia de cuatro años prorrogables, se irán adaptando a los cambios normativos, incluida la obligación de cotización a la Seguridad Social para las personas en prácticas, sean éstas remuneradas o no.

En el BOE del jueves aparecía publicado un convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla para la realización de prácticas académicas de los alumnos de grado y posgrado, curriculares o extracurriculares, en las Consejerías de Educación en el exterior, y otro específico con la Universidad Internacional de La Rioja para la realización de prácticas en la Consejería de Educación de Andorra. En ambos se deja claro que "la realización de las mencionadas prácticas no supondrá en ningún caso la percepción de emolumentos por parte de los estudiantes en prácticas, que serán los responsables de sufragar los gastos de viaje, así como el alojamiento y la manutención durante el periodo de las prácticas, puesto que no existe bolsa o ayuda al estudio del Ministerio de Educación y Formación Profesional".

Sin gasto para el Ministerio

En el mismo Boletín Oficial, otro convenio, en este caso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Universidad Rey Juan Carlos, sigue la misma línea que los acuerdos firmados por el departamento de Educación. De nuevo, se ofertan prácticas para los alumnos de grado y posgrado en los servicios centrales del Ministerio o en las Misiones Diplomáticas, Representaciones Permanentes y Oficinas Consulares de España en el exterior, sin implicar en ningún caso transferencia de recursos económicos entre las partes ni gasto para el Ministerio, dejando claro que la realización de las prácticas no supone percepción de ninguna remuneración, ya que de ellas no se derivan las obligaciones propias de una relación laboral, y que no computarán a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios en la función pública.

Estos convenios se suman al suscrito entre la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, adscrita al Ministerio de Consumo, y la Universidad Complutense, por el que la Agencia se responsabiliza de la formación de universitarios de grado y máster, pero "no adquirirá otras obligaciones ni compromisos". En particular, "no derivará obligación alguna de contrato laboral, al carecer de esta condición la relación que se establece", de acuerdo con la resolución del convenio, que deja claro que "la AESAN no estará obligada a retribuir en modo alguno el trabajo de los alumnos en prácticas, puesto que se entiende éste como una prolongación de la enseñanza de los alumnos de la UCM". Unas condiciones que rechazaba el propio ministro Alberto Garzón desde IU en 2017, cuando consideraba que "la formación práctica es un proceso de trabajo y, como tal, hay que pagarlo".

Ese posicionamiento ha sido defendido por el PSOE y Unidas Podemos, y de hecho es intención del Gobierno llevar a cabo una reforma para dignificar las condiciones de los becarios, impulsando la mejora de sus retribuciones, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas. Pero, mientras tanto, los convenios firmados por los gabinetes de Isabel Celaá y Arancha González Laya echan más leña al fuego: "Suma y sigue. Ahora son Educación y Exteriores, por partida doble, los que firman convenios de prácticas no laborales curriculares con diversas universidades sin que se reconozca un apoyo económico o retribución al estudiante", critica el secretario de Juventud de CCOO, Carlos Gutiérrez, quien reclama al Gobierno que se siente urgentemente con los agentes sociales y "cumpla sus compromisos en esta materia, que pasan por reformar el conjunto del sistema de prácticas no laborales y negociar un Estatuto en el que se reconozcan los derechos de las personas que realizan estos programas formativos".