España "nada a contracorriente" en la imposición sobre la riqueza dentro de la Unión Europea con el nuevo tributo temporal a las grandes fortunas con el que el Gobierno Central busca "tapar los agujeros" que algunas comunidades autónomas han generado al bonificar Patrimonio. La advertencia es del presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, que lamenta que la nueva figura fiscal se haya creado a través de una enmienda a una proposición de ley, precisando que "tampoco las prisas han ayudado en su diseño". El Ejecutivo y varias autonomías habían denunciado que las diferencias entre territorios en esta figura venían dando lugar a una situación de competencia desleal entre las distintas administraciones ('dumping fiscal').
Las críticas al conocido como impuesto a los ricos se enmarcan en la presentación, este martes, del informe 'Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2023', en el que Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) –órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– desgrana el desarrollo de la capacidad normativa de cada autonomía, respecto al IRPF, al Impuesto sobre el Patrimonio, a Sucesiones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En opinión de Pich, el Ejecutivo que salga de las urnas a finales de año tiene por delante la urgente tarea de diseñar y aprobar una reforma del sistema de financiación autonómica, que caducó en 2014 y que tanto el actual como los anteriores Gobiernos se habían comprometido en su momento a llevar a cabo. El nuevo modelo de reparto deberá llevar aparejada "necesariamente" una reforma fiscal bastante amplia, dado que buena parte de los recursos de que dispone se obtienen de tributos cedidos total o parcialmente. El desafío añadido que presenta esa reforma es que deberá diseñarse en un momento en que volverán a estar vigentes las reglas fiscales a nivel europeo (2024), con la consiguiente exigencia de contención presupuestaria para los estados miembro y para sus distintas administraciones.
Actualmente, la regulación de los impuestos cedidos a las regiones es "laberíntica", en opinión de Agustín Fernández, presidente del REAF. El órgano constata cómo parece que se intenta racionalizar el universo de los impuestos propios con la creación de impuestos estatales cedidos a las comunidades autónomas (como el de residuos), unificando los que gravan el mismo objeto imponible, pero, al mismo tiempo, "no se agota la imaginación para crear nuevas figuras impositivas". Fernández ha explicado que utilizando la capacidad normativa de que disponen en tributos cedidos, las autonomías han producido 958 impactos normativos, de los cuales 317 corresponden al IRPF, sobre todo deducciones, aunque estas sólo reportaron a los contribuyentes un ahorro en 2020 de 498 millones de euros, el equivalente al 0,47% de la recaudación total.
Escasos recursos por impuestos propios
El informe concluye que los impuestos propios representan solo el 2% de los ingresos tributarios en 2021, por lo que son una "escasa" fuente de financiación para las autonomías. La recaudación por esta vía creció en 2021 un 14,1% en relación al ejercicio previo. Este año ha habido numerosas modificaciones en este tipo de tributos debido a la creación del Impuesto estatal sobre residuos, que ha supuesto que las autonomías con un impuesto similar lo hayan suprimido o lo hayan dejado sin efecto.
El REAF constata que los ingresos tributarios ligados a la financiación autonómica han evolucionado positivamente después de la crisis financiera, sobre todo en los cedidos parcialmente como el IRPF y el IVA. En Patrimonio y Donaciones se mantiene bastante estable la recaudación año tras año, y ya se observa como la recaudación por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados va aumentando, aunque aún queda lejos de lo recaudado antes de la crisis de 2008.
Las medidas autonómicas en el IRPF
En el caso del Estado, la evolución también ha sido relativamente positiva, subiendo la recaudación –con ayuda de medidas normativas– en casi todas las figuras impositivas y, a pesar de la Covid-19. Se consolida el aumento en la recaudación en general y, en especial, en el IRPF, el IVA y el Impuesto sobre Sociedades. El Gobierno ha estimado que 2022 se saldará con una recaudación de 254.000 millones de euros, con un incremento del 15% sobre el año anterior y más de 10.000 millones sobre los ingresos presupuestados.
En relación al Impuesto sobre la Renta, las autonomías han utilizado mucho su capacidad normativa. Siete han deflactado la tarifa, Aragón la ha hecho más progresiva, e incluso Andalucía, Galicia, Madrid y la Comunidad Valenciana también han actualizado los mínimos personales y familiares. Las tarifas del IRPF autonómicas se apartan de la tarifa estatal (9,5 a 24,5%). Así, de las de régimen común, seis tienen el mismo tipo mínimo que la estatal, seis lo han fijado por debajo y, para las tres restantes, es superior. Por lo que se refiere al marginal máximo, en seis comunidades es inferior al estatal y en nueve, superior.
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