Caducan el 30 de junio

Economía apurará el mes para decidir qué medidas anticrisis extiende antes del 23-J

El paquete, de 10.000 millones de euros, incluye la rebaja del IVA a los alimentos de primera necesidad, la subvención del 30% al transporte público o la ayuda de 10 céntimos por litro de combustible a los transportistas.

La vicepresidenta Primera del Gobierno, Nadia Calviño
La vicepresidenta Primera del Gobierno, Nadia Calviño
Agencia EFE

El Gobierno apurará hasta finales de mes para decidir qué medidas extraordinarias de las aprobadas para paliar los efectos de la inflación sobre las familias y empresas prorroga más allá del 30 de junio, que es cuando deberían expirar. El paquete, de 10.000 millones de euros, incluye la rebaja del IVA a los alimentos, la subvención del 30% al transporte público o la ayuda de 10 céntimos por litro de combustible a los transportistas, entre otras. El Ejecutivo, que ha ido evaluando de forma semestral el impacto de estas medidas para decidir su continuidad o no, confía en que podrá prorrogar aquellas que sean necesarias a lo largo del próximo semestre, pese a la disolución de las Cortes por el adelanto electoral. 

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, incidía este martes en que aún no hay una decisión tomada al respecto y recordaba que muchas de estas medidas suponen una movilización importante de recursos públicos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicaba que el Gobierno tiene margen total para extender aquellas que sean precisas pese a estar disueltas las Cortes por la convocatoria de las generales del 23 de julio. 

La prórroga del paquete contra la inflación podría tramitarse a través de un Real Decreto-ley y que la convalidase la Diputación Permanente del Congreso -que este miércoles, sin ir más lejos, aprueba por esta vía las medidas urgentes para combatir los efectos de la sequía y de la guerra en Ucrania en el campo español-. En este sentido, en el Gobierno confían en que el resto de grupos parlamentarios darán su aprobación a esa extensión, puesto que se trata de medidas de carácter extraordinario que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables.

Entre otras cosas, Asuntos Económicos deberá decidir sobre la rebaja del 4 al 0% del IVA a los alimentos de primera necesidad (el pan, las harinas, la leche, el queso, los huevos, la fruta, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales) y del 10 al 5% para el aceite de oliva o la pasta. El alza de precios de la alimentación ha ido moderándose en los últimos meses, si bien en abril -último mes para el que hay datos desagregados- se encarecieron todavía un 12,9% en relación al año previo, según los datos que maneja el INE.

Son casi cuatro puntos menos de subida que el mes anterior, pero confirman que la cesta de la compra sigue ejerciendo una fuerte presión sobre la renta de las familias. La parte positiva es que la tasa anual de inflación habría frenado en mayo hasta el 3,2%, su nivel más bajo prácticamente en dos años, y que la subyacente -que excluye de su cálculo los elementos más volátiles- se calma hasta el 6,1%. Esto confirma, en opinión del Ejecutivo, que su respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania "funciona".

Las medidas energéticas y el toque de atención de Bruselas

Otra de las medidas que está en el foco es el cheque de 200 euros para aquellas familias cuyos ingresos totales fueran inferiores a 27.000 euros el año pasado y cuyo patrimonio al cierre del mismo ejercicio fuese inferior a 75.000 euros, excluida la vivienda habitual. Y el Ejecutivo deberá pronunciarse, igualmente, acerca de la subvención del 30% al transporte público por parte del Estado (que las comunidades autónomas y entidades locales complementan hasta llegar al 50% de descuento) o sobre la ayuda de diez céntimos por litro de combustible de la que se benefician los transportistas y profesionales. 

Los precios de la gasolina, del gas y de la luz han regresado en los últimos días a niveles previos a la invasión rusa de Ucrania. Hace dos semanas, la Comisión Europea recomendaba a España que suprimiese de forma gradual de aquí a finales de año algunas de las medidas de apoyo a la energía y que las eliminase por completo el próximo ejercicio. Además, instaba al Gobierno a emplear los ahorros que esto conlleve en reducir el déficit público y acotar el gasto. En este punto se incluían tanto la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10%, como la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE), la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) o la reducción del IVA del gas.

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