Negociará con los agentes sociales

Díaz hará retoques mínimos en el subsidio sin aplicar el cambio que exige Podemos

La reforma de la ayuda que reciben aquellos desempleados que ya han agotado la prestación contributiva está vinculada al cuarto pago de los fondos europeos, cuyo desembolso se quiere retrasar hasta que se apruebe la ley.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Europa Press

El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene que sacar adelante la reforma del subsidio por desempleo y el calendario juega en su contra. El primer texto, negociado con la cartera de Economía, Comercio y Empresa sobre las bases acordadas con la Comisión Europea decayó la semana pasada al no reunir una mayoría de 'síes' en el Congreso de los Diputados. En concreto, fue el voto de los cinco diputados morados, liderados por Ione Belarra, el que hizo decaer el real decreto-ley que culminaba el último de los hitos vinculados al cuarto pago de los fondos europeos, que asciende a 10.000 millones de euros y ya había sido solicitado por España. 

Tras esta derrota parlamentaria, Yolanda Díaz anunció que convocaría a los agentes sociales para sacar adelante una reforma esta vez sí negociada con los sindicatos y si es posible, también con la patronal. Desde su departamento, no han fijado fecha para la primera reunión a la espera de concretar agendas, pero admiten que los retoques que se puedan llevar a cabo en el texto que fue al Consejo de Ministros son mínimos, dado que este documento era el resultado de un intenso 'tira y afloja' con Economía  y que existe un margen muy escaso de modificación para cumplir los compromisos cerrados con Bruselas. La opción de recuperar la 'sobrecotización' ligada al subsidio por desempleo para los mayores de 52 años queda por tanto fuera de la hoja de ruta.

Con la regulación anterior, los perceptores del subsidio por desempleo mayores de 52 años cotizaban por el 125% de la base mínima, la que es igual al salario mínimo (SMI). Sin embargo, el real decreto-ley que obtuvo 176 votos en contra recortaba de forma progresiva esta cotización hasta alcanzar el 100% de la base mínima en el año 2028 para todos aquellos desempleados que accedieran al subsidio tras la entrada en vigor de la norma, mientras que mantenía las condiciones previas a los que lo ingresaran con anterioridad. Este cambio fue tachado por Podemos de "recorte" y suscitó el voto en contra de sus cinco diputados al no conseguir que el Gobierno se comprometiese por escrito a revertir esta modificación. 

El Ministerio de Trabajo no había hecho público este giro antes de publicar el texto en el BOE, no obstante defienden a 'capa y espada' la decisión que justifican en el incremento del 54% que habrá tenido el SMI en los últimos cinco años -una vez se materialice el alza firmada por los secretarios generales de los sindicatos y Díaz este miércoles-. "Antes se necesitaba esa sobrecotización para la jubilación porque los trabajadores no podían cotizar suficientemente para tener pensiones dignas. Con el actual SMI la cotización para la jubilación es digna y ya no requiere de ese parche" explicó entonces el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. 

La exministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recuperó este subsidio en febrero de 2019, cuando el SMI acababa de alcanzar los 900 euros mientras que ahora llegará a 1.134 euros, lo que para el equipo de Díaz hace innecesaria esta compensación. Si bien la principal preocupación es que este elemento pueda operar como un desincentivo a la búsqueda de empleo, como reconocen fuentes sindicales y también el Ejecutivo. Con la normativa actual un desempleado de más de 52 años está generando derecho a obtener una pensión más alta que aquel que con la misma edad consiga un empleo remunerado con el salario mínimo, incluso que uno que gane hasta 20.000 euros. Algo que Economía ha tratado de evitar en toda la negociación y que preocupaba especialmente a CEOE por el volumen de parados de larga duración. 

Los sindicatos tampoco comparten esta modificación y estudian alternativas, pese a reconocer que es difícil no generar agravios respecto a otros trabajadores. En UGT plantearon que esta cotización extra se mantuviera para aquellos desempleados de más de 52 años que encontrasen un empleo, con el fin de acabar con este freno, pero implicaría favorecerlos frente a trabajadores más jóvenes que se encontraran en la misma situación. Es cierto que los beneficiarios de este subsidio están más próximos a la edad legal de jubilación, pero una de las filosofías clave del real decreto-ley fue eliminar las barreras de edad por las que los parados de menos de 45 años sin cargas familiares no podían acceder al subsidio una vez agotada la prestación contributiva.

Complica su aprobación en el Congreso

Desde la plataforma política de Díaz, Sumar, confían en que Podemos canalice sus peticiones a través de las propuestas de los sindicatos para no volver a repetir lo sucedido en la última votación. Sin embargo, no parece que la sobrecotización esté entre las prioridades de los negociadores de CCOO y UGT que a pesar de no respaldar la modificación, ponen el énfasis en solventar la diferencia que se recogía para los trabajadores a tiempo parcial, algo que desde Trabajo están abiertos a abordar. El texto recogía que un trabajador a tiempo parcial percibiría el subsidio en la misma modalidad, mientras que los sindicatos defienden que debería ser a tiempo completo como ya se ha establecido de cara a la pensión en la última reforma de Escrivá. 

En Podemos evitan pronunciarse sobre si la cotización extra sería de nuevo una línea roja para brindar su apoyo al texto y se remiten a las declaraciones realizadas en las últimas semanas. Existe la posibilidad de que los morados estudien otras fórmulas con los sindicatos, pero en cualquier caso, el voto favorable de sus representantes será preciso para que la reforma pueda salir adelante antes de que Bruselas culmine la revisión de los hitos vinculados al cuarto pago, lo que podría darse en marzo. El equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados es ajustado por lo que PSOE y Sumar necesitan que los de Ione Belarra como mínimo se abstuviesen en la votación.

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