La reforma del subsidio es uno de los hitos que debía cumplir España para recibir el desembolso del cuarto pago de los fondos europeos. Moncloa cumplió en diciembre con un texto negociado de forma exprés con la cartera de Economía, pero este no superó el aval del Congreso de los Diputados por el voto en contra de Podemos, por lo que el Ministerio de Trabajo inició un proceso de negociación para -ahora sí- acordar la medida con los agentes sociales, o al menos, con los sindicatos. Hace dos semanas se produjo el primer intercambio de posiciones y los interlocutores se volverán a dar cita este viernes con el objetivo de avanzar en el documento que retrasa el envío de 10.000 millones de euros y con la advertencia emitida por Bruselas sobre la mesa: no habrá prórrogas del programa anticrisis más allá de agosto de 2026.
La negativa del grupo parlamentario de Ione Belarra a dar luz verde a la reforma si esta no reparaba el recorte en la cotización del subsidio para mayores de 52 años ha dejado de centrar las preocupaciones de Yolanda Díaz, dado que este banco cuenta ahora con una integrante menos y el texto podría prosperar con el voto de Coalición Canaria. El tiempo tampoco parece ser un problema a diferencia de las prisas de las que dio cuenta el Ejecutivo en el mes de diciembre, porque la intención de Trabajo es enviar la reforma en forma de proyecto de ley una vez haya sido negociada con la patronal y los sindicatos. Y recurrir a esta fórmula extenderá los plazos, incluso si se tramita por la vía de urgencia, ya que en el Senado la mesa está controlada por el PP y este domina los tiempos.
Sin embargo, la Comisión Europea fijó, en principio, el 20 de marzo como fecha límite para poder evaluar los hitos asociados al cuarto desembolso. Bruselas, que suele tomarse dos meses para llevar a cabo ese examen, dio tres meses a España al haberse producido la solicitud por parte del Gobierno el 20 de diciembre, justo antes de las vacaciones navideñas. Esa solicitud se produjo solo unos días antes de que Podemos, PP, Vox y UPN tumbasen la reforma en la Cámara Baja. Fuentes próximas al Gobierno inciden en que los trabajos y las conversaciones con la Comisión para acceder a esos fondos se mantienen dentro del tiempo establecido.
Más plazo para el cuarto pago o un desembolso parcial
El Ejecutivo comunitario podría, como hizo en su momento con Italia, dar más oxígeno a España para que cumpla lo comprometido y alargar el periodo más allá de tres meses o podría optar por hacer un pago parcial en el que se descuente la cantidad de esos 10.000 millones que está asociada a la reforma del subsidio. En el primer caso, la proximidad de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio, no debería afectar a los desembolsos, según explicaba recientemente a este diario un portavoz de la Comisión.
España tiene además por delante los trabajos para pedir el quinto desembolso, que en principio iba a solicitarse a lo largo de este semestre. Ese pago, de 7.200 millones de euros en transferencias directas, está ligado a la aprobación de la reforma fiscal. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, advirtieron el miércoles de que los países van a tener que pisar el acelerador con las reformas, hitos e inversiones ligados los fondos europeos, dado que no habrá prórroga del programa Next Generation EU más allá de agosto de 2026.
En su evaluación de medio término del Fondo de Recuperación y Resiliencia, el Ejecutivo comunitario constata que algunos socios van rezagados con respecto al calendario de ejecución previsto en sus hojas de ruta nacionales y les advierte de que deberán "recuperar" el terreno perdido si quieren acceder a todo el dinero al que pueden optar -tanto a las ayudas directas como a los préstamos en condiciones ventajosas, de los que Bruselas teme que quede sin utilizar un montante considerable-. Aunque el documento no señala a ningún país en concreto, lo sucedido en España es un ejemplo claro de esos retrasos. Mientras tanto, los trabajos continúan a nivel interno para tratar de sacar adelante el texto del subsidio de paro.
No serán posibles cambios ambiciosos en la reforma del subsidio
La ministra de Trabajo quiere contar con el respaldo de CCOO y UGT, si bien admite que no es posible hacer cambios muy ambiciosos sobre el texto acordado con Calviño puesto que la Comisión también ha limitado el incremento de gastos. El real decreto-ley enviado al Congreso recogía aumentos en las cuantías del subsidio durante el primer año, de forma que la ayuda que ahora es igual a 480 euros crecería hasta los 570 euros durante los primeros seis meses y a 540 los seis siguientes, por un alza del porcentaje del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) al que va vinculando. Además, se ampliaban los potenciales beneficiarios a los menores de 45 años sin cargas familiares y se reducían el número de peonadas requeridas para el subsidio agrario.
Por tanto, la recuperación de la "sobrecotización" está fuera de la hoja de ruta del Ejecutivo, como trasladaron fuentes próximas a la vicepresidenta a este medio hace un mes y parece que los representantes de los trabajadores llegarán a un punto en común con la cartera de Trabajo en la ayuda para el trabajo parcial. Tanto CEOE como UGT y CCOO reprocharon en el primer contacto que el subsidio se redujera a la mitad en los casos en los que la persona hubiese cotizado a tiempo parcial, en su mayoría mujeres, por ir en contra de las medidas adoptadas en otras reformas como la de pensiones con el objetivo de acabar con la brecha de género. El departamento está abierto a abordar esta materia y parece que va a ser el cambio principal, con independencia de las aportaciones que puedan hacer los grupos parlamentarios.
Los negociadores también advirtieron de los problemas en el diseño de la transición hacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV), aspecto en el que el secretario de Estado de Empleo se comprometió a trabajar con el Ministerio de Seguridad Social en ello para repararlo. Y plantearon fórmulas alternativas para que la nueva base de cotización del subsidio para mayores de 52 años no se traduzca en un desincentivo para buscar empleo. El nuevo sistema se aplicaría solo para los beneficiarios que accedan a la prestación una vez haya entrado en vigor la norma, por lo que a las personas que estuvieran cerca de la jubilación no les compensaría coger un trabajo de unos meses para después tener una cotización inferior al volver al subsidio.
El Ministerio defiende que estos efectos se compensan por la compatibilidad entre la percepción del subsidio y el cobro de un sueldo durante 180 días, no obstante hay voces que dicen ver problemática la fórmula por estar basada en un rango temporal y no con base en un umbral de ingresos. Además, al encontrar trabajo el importe del subsidio volvería a ser de 480 euros o lo que es lo mismo, el 80% del IPREM. Los mayores de 55 años concentran el groso del gasto público en estas ayudas, dado que el 57% de los perceptores superaban esta edad en diciembre de 2023, de acuerdo con los cálculos de La Información a partir de los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.
