La líder de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado en el Senado que la formación morada se sumará a PP y Vox y votará en contra del Real Decreto-ley de medidas sobre conciliación y protección por desempleo que el Ejecutivo aprobó el pasado diciembre e incluye la reforma del subsidio de paro, según recoge EFE. Bruselas vincula la aprobación de esta reforma, que ahora decae, al desembolso del cuarto pago de los fondos europeos, por valor de 10.000 millones. El apoyo de Junts y el del BNG también están en el aire. El decreto contaría sólo con el apoyo de PSOE (120 diputados), Sumar (26), ERC (7), Bildu (6), PNV (5) y CC (1).
Esta mañana la formación morada reclamaba al Ejecutivo un compromiso por escrito de que eliminará del texto el recorte que la reforma supone en el subsidio de paro para los mayores de 52 años. "Estamos deseando votar a favor de este decreto. Lo único que les pedimos es que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto", defendía por la mañana Noemí Santana, diputada de Podemos, al tiempo que seguían las negociaciones en los despachos. Sus reticencias responden a que la rebaja de la cotización a los perceptores del subsidio que tienen más de 52 años llevará a que estos cobren pensiones inferiores en el futuro.
"Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros al mes o 570 euros al mes, casi 100 euros más al mes. Ustedes hoy van a votar a favor o en contra de si un eventual agrario tiene derecho o no a ser protegido cuando pierda su empleo", ha asegurado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha ido más allá al señalar a los diputados que, ha dicho, van a decidir si una trabajadora tiene que esperar o no un mes para cobrar el paro. "Ustedes tienen en sus manos decidir si las personas trabajadoras en nuestro país tienen derecho o no a un permiso de lactancia acumulado de 28 días por el que las mujeres y los padres y madres de este país vienen tanto tiempo luchando", ha zanjado la líder de Sumar.
La titular de Trabajo ha recordado que el subsidio de paro no es una mera política de empleo, sino que se trata de un derecho constitucional recogido en el artículo 41 de la Carta Magna. Desde su punto de vista, si el decreto no recibe los apoyos parlamentarios imprescindibles para salir adelante, los grupos estarían anteponiendo a los intereses del país y de las personas más humildes otros muy legítimos, pero que nada tienen que ver con ello.
Crítica al uso abusivo del decreto ley y apoyos clave en el aire
Desde el PP Irene Garrido Valenzuela ha denunciado el uso "abusivo" del decreto ley por parte del Gobierno. "Pedro Sánchez es el presidente que más ha recurrido a esta fórmula para sacar adelante sus iniciativas sin el debate previo en las Cortes", ha criticado la diputada gallega, en un mensaje que viene siendo recurrente a lo largo de la sesión por parte de varias formaciones.
La 'número tres' del Gobierno de Pedro Sánchez ha recordado que el subsidio de paro es un "instrumento imprescindible" para luchar contra la pobreza y la desigualdad, por lo que habría que mejorarlo paulatinamente. El Gobierno aprobó la reforma el pasado 19 de diciembre, después de que los ministerios de Trabajo y Economía consiguieran llegar a un acuerdo tras semanas de negociaciones.
Ayuda de 570 euros y compatible con un empleo durante 180 días
La norma, que estaba enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incorpora entre sus novedades que el cobro de la ayuda pasa a ser compatible con tener un empleo durante 180 días, con independencia del tipo de contrato -hasta ahora se limitaba a los contratos parciales-. Además, eleva de 480 a 570 euros su cuantía durante los primeros seis meses, a 540 en el siguiente medio año, para después mantenerse en los 480 actuales hasta agotar la ayuda.
A la vez, la ayuda se extendería a colectivos que hasta ahora no podían acceder a ella, como los menores de 45 años sin cargas familiares, todos los trabajadores eventuales del sector agrario y los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla -en su mayoría mujeres-. El Real Decreto-ley introduce cambios en el Estatuto de los trabajadores para permitirles disfrutar del permiso de lactancia acumulándolo a la baja, una posibilidad que ahora solo tenían aquellos cuyo convenio lo recogía, e incorpora la prevalencia del convenio autonómico, siempre que sus condiciones sean más favorables.
