El premio a la ministra revelación es, sin duda, para Yolanda Díaz. Le ha tocado pilotar la peor crisis laboral de la historia de España y para capearla ha puesto en marcha medidas inéditas en el ordenamiento jurídico de este país, llegando a imponer la prohibición tácita de los despidos. Genera tal furor en la izquierda que hasta se ha comentado que le hace sombra al propio Pablo Iglesias. El auge de su popularidad durante esta pandemia ha venido acompañado de lo que muchos ya denominan la 'marca de la casa': el diálogo social. Ha sido la artífice de dos grandes acuerdos en materia de empleo, sin contar que se estrenó con el pacto para subir el salario mínimo allá por el mes de febrero, no sin encontronazos con la patronal y con cierta complacencia de los sindicatos. El valor seguro que destacan en su entorno es su profesionalidad y una capacidad abrumadora para aguantar la presión. Pero en lo que más insisten es en que en estos meses le ha faltado el sueño no pocos días por su obsesión con la defensa de la clase trabajadora.
Díaz lo tuvo claro desde el estallido de la pandemia: había que diseñar un esquema de cobertura sin precedentes para hibernar las plantillas y preservar la mayor parte del tejido productivo posible. Nació así una novedosa fórmula de expedientes de regulación temporal de empleo sin coste para los empresarios y con acceso universal para los trabajadores. Los ERTE pasaron a copar todos los titulares, primero por la ingente magnitud de trabajadores afectados (tres millones y medio) y después por el colapso administrativo que provocó importantes retrasos en los pagos. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia los funcionarios de los servicios públicos de empleo, y hacia la propia ministra, en los que descargaron su enfado decenas de miles de personas que tuvieron que pasar meses sin ingresos, viéndose obligadas incluso a acudir en masa a los bancos de alimentos. El otro drama de la crisis sanitaria: las colas del hambre.
Pero no cabe hablar en pasado sobre este aspecto. Díaz consiguió un primer acuerdo con los agentes sociales para ampliar las condiciones favorables de los ERTE más allá del estado de alarma y un segundo pacto para prorrogar la cobertura hasta el 30 de septiembre, pero la patronal y los sindicatos le exigen ahora que apruebe una nueva prórroga hasta finales de año. Los agentes sociales advierten de que, tras el verano, miles de empresas se verán abocadas a la quiebra ante la falta de liquidez y pondrán en marcha ajustes de plantilla definitivos si no se adoptan nuevas medidas para que puedan seguir manteniendo a sus trabajadores en 'stand by'. Empresarios y organizaciones sindicales consideran que tras el acuerdo alcanzado en el seno de la UE que otorga a España 140.000 millones de euros del fondo de reconstrucción, el Gobierno ya no tiene excusa para esquivar una nueva ampliación de los ERTE por no disponer de recursos.
Cierto es que la ministra de Trabajo no está sola en esta tarea. Le acompaña en el diseño de los planes de empleo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con quien comparte poco más que un ala del área económica del Ejecutivo. Fuentes del diálogo social aseguran que son ministerios que no se entienden entre sí y que las discrepancias entre ambos sobre competencias compartidas están generando muchas interferencias en las mesas de negociación, como ya se venía advirtiendo cuando el departamento de Empleo se separó en dos ministerios distintos en el Gobierno de coalición. Y no solo eso, Díaz también tiene enfrente a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reticente a muchos de los postulados de Unidas Podemos en materia de política económica y laboral y decisiva, junto con la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, en las decisiones en materia de gasto.
Precisamente uno de los aspectos que ha enfrentado a Díaz (y al flanco morado del Gobierno, en general) y Calviño ha sido la derogación de la reforma laboral del PP, caballo de batalla de la ministra de Trabajo al que no está dispuesta a renunciar. No son pocas las discusiones que se han mantenido en el Consejo de Ministros a este respecto, y la conclusión siempre acaba siendo la misma: finalmente, la derogación no será total y el punto de coincidencia entre el PSOE y Unidas Podemos se encuentra en el acuerdo de coalición, donde se establecen claramente los retoques que se pretende hacer a la norma, todos ellos vinculados a otorgar un mayor poder a los sindicatos en la negociación colectiva, eliminando la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial y retomando la ultraactividad de los convenios, limitando la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y también la subcontratación, entre otros asuntos.
Pero todo ello se hablará a la vuelta del verano. Antes llegará una regulación que ha sido el otro caballo de batalla de Díaz: el teletrabajo. La pandemia ha puesto en evidencia la necesidad que existe de fijar normas sobre esta modalidad de trabajo no presencial que se ha generalizado con motivo de las medidas de confinamiento. En las negociaciones con la patronal y los sindicatos se ha dado de bruces con el rechazo de los empresarios, que cuestionan aspectos como la asunción total de los costes o el derecho que se otorga a los trabajadores para flexibilizar sus horarios. Además, tanto la CEOE como CCOO y UGT han reprochado a la ministra que se saltara su 'marca de la casa' en este aspecto, al redactar un texto sin consenso previo en la mesa de diálogo social que solo posteriormente ha sido modificado para incluir algunas de las aportaciones de los interlocutores implicados.
La ministra de Trabajo está siempre abierta a escuchar tanto a la patronal como a los sindicatos, como así ha demostrado desde que se conformó el Gobierno de coalición, si bien tiene claras sus líneas de actuación en materia de empleo y apuesta decididamente por llevarlas a cabo. De algo sirvió a la CEOE oponerse tajantemente a la prohibición de los despidos, cuyos términos fueron posteriormente matizados y relajados, en línea con las exigencias de la patronal, pero no tuvieron tanto éxito, no obstante, respecto a la obligación de mantener intactas las plantillas durante los seis meses posteriores al ERTE, cuestión que para Díaz es fundamental para contener la hemorragia del mercado laboral. Las peores previsiones de la OCDE apuntan a que el paro podría dispararse este año por encima del 25% si hay rebrote del virus y el objetivo del Gobierno es que la tasa no supere el 19%.
Cicatrices en el mercado laboral
La magnitud del impacto de la crisis sanitaria sobre el empleo va a ser demoledora. Pese a los esfuerzos de la ministra de Trabajo por frenar la debacle con los ERTE y otras novedosas medidas como el permiso retribuido recuperable, las vacaciones pagadas que todos los trabajadores de los sectores no esenciales debieron tomar desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril como medida extraordinaria para ejecutar el cierre casi total de la economía, la Covid-19 amenaza con dejar profundas cicatrices en el mercado laboral. Lo cierto es que la crisis se ha cebado con los sectores más vulnerables a la automatización y, a la vez, ha acelerado ese proceso, tal y como señala el informe 'The future of work in Europe', de la consultora McKinsey, un fenómeno que amenaza hasta siete millones de puestos de trabajo en la próxima década, según estimaciones de UGT.
Los ERTE son la esperanza de muchos sectores, en especial del turismo, y la ministra no ha descartado extenderlos hasta final de año para conservar la mayor parte del tejido productivo posible. Si bien para tratar de acelerar lo que se vislumbra como una salida lenta de la crisis, la OCDE ha aconsejado a España ir sustituyendo el esfuerzo financiero volcado en los ERTE hacia otra clase de políticas orientadas a facilitar la reinserción laboral de trabajadores expulsados de los sectores más afectados -hostelería, comercio, ocio...- en actividades con mejores perspectivas de futuro. Los sindicatos, por su parte, reclaman a Díaz retoques urgentes en la legislación laboral para prevenir una oleada de ERE en la recta final del año y un recorte masivo de los salarios. Todo deberá abordarse, como manda 'la casa', en el diálogo social, donde los empresarios pondrán pie en pared ante las medidas que acaben por limitar la flexibilidad interna de las compañías. Se avecinan duras negociaciones.
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