El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dependiente de la cartera de Yolanda Díaz trata de identificar cuáles son los trabajos más expuestos al cambio climático. Sin embargo, asegura no contar con los medios para hacerlo, por lo que ha publicado una licitación por un importe de 30.000 euros para externalizar el análisis. Según se refleja en el objeto del contrato, se demanda un servicio de consultoría para elaborar "un estudio descriptivo sobre identificación y caracterización de las ocupaciones más vulnerables al cambio climático en España en actividades a la intemperie", con el objetivo de planificar de forma eficaz la prevención de riesgos.
El plazo para que las empresas presenten su candidatura al concurso público expira el próximo martes 23 de enero, según el anuncio publicado el lunes 8 de enero y después se concederá a la entidad seleccionada un plazo de seis meses para llevar a cabo el estudio cuyo resultado serán dos dosieres y un inventario de ocupaciones tal y como detalla el pliego de la licitación. El objetivo es que estos documentos sean el resultado de revisar la documentación existente sobre las implicaciones del cambio climático en la salud y seguridad en el trabajo, así como de la realización de varias entrevistas con expertos en cada una de las dos áreas. Además, el INSST refleja la necesidad de hacer reuniones periódicas con la empresa a la que se asigne el concurso, la primera de ellas, diez días después de la firma del contrato.
En el pliego, que cuenta con el sello del Ministerio de Trabajo, se engloba este análisis en el marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 que fue firmada por los representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT en febrero. De hecho fue el único acuerdo tripartito sellado en el 2023, un año protagonizado por las elecciones autonómicas y después las generales, en el que la segunda parte del sistema de pensiones, el Estatuto del Becario o la subida del SMI no contaron con el respaldo de los empresarios. En concreto, busca avanzar en el Plan de Acción 2023-2024 que consta de seis objetivos, con "la gestión de los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático" entre ellos.
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hace mención en el texto a alguno de los riesgos cuyo impacto quiere medir con la externalización del informe. La exposición a temperaturas extremas, los fenómenos climáticos extremos, el traslado de organismos que transmiten enfermedades o el desarrollo de la IA o la irrupción de trabajos verdes son algunos de los elementos que el organismo señala como potenciales focos de nuevas enfermedades profesionales o causas de accidente. en 36 ocupaciones diferentes. El organismo busca identificar la distribución, tareas, características y condiciones de trabajo de cada una de estas profesiones en una ficha específica, para facilitar el trabajo de la negociación colectiva y de futuras investigaciones en este campo.
Mesa de negociación pendiente
Díaz anunció en la presentación de esa estrategia que iban a abrir una mesa de negociación para tratar todas cuestiones a abordar en los próximos cinco años. Sin embargo, casi un año más tarde esta sigue sin convocarse, por lo que en las últimas semanas los sindicatos han apremiado a que lo haga. El calendario de reuniones ha sido intenso en los últimos meses por la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional y la consulta paralela sobre la reforma del subsidio, cuestión que ahora han de recuperar mientras inician las conversaciones para reducir la jornada laboral. No obstante, la mesa para repensar la prevención de riesgos sigue en el aire.
El Ministerio de Trabajo, en cambio, sí tuvo que actuar de forma urgente el pasado verano ante la ola de calor experimentada en buena parte del país que amenazaba a los trabajadores que desarrollan su actividad en el exterior. El Gobierno estableció a través del real decreto-ley 4/2023 que debía hacerse una evaluación de los riesgos y que en el caso de encontrarse la zona en aviso naranja o rojo por altas temperaturas, se debían adaptar las condiciones de trabajo e incluso los horarios, en el caso de no poder garantizar la protección de las personas con medidas preventivas. Lo que después dio lugar a la puesta en marcha de un plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el mes de junio para evitar golpes de calor.
