Díaz lleva la directiva de condiciones de trabajo a Sumar ante el freno del Gobierno

El equipo del Ministerio de Trabajo, ahora en su mayoría integrado en Sumar, busca cambiar la pauta de las relaciones en el mercado laboral, para que estas pasen a tener un carácter más horizontal. Este proyecto, al que han apodado como el Estatuto del Trabajo del SXXI tiene varias concreciones, como la reducción de jornada que permita compatibilizar la vida laboral y la personal, un impulso a la negociación colectiva o la adaptación del trabajo al cambio climático. La trasposición de la directiva de condiciones de trabajo previsibles y transparentes era otra parte de este engranaje, sin embargo, las diferencias entre los socios del Gobierno han hecho que esta iniciativa se incorpore a las promesas electorales de Sumar. 

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha sostenido en diferentes ocasiones que el tiempo va a ser el tema que vertebre los debates de la próxima década, por ello para su equipo era relevante trasponer esta directiva que afectaría principalmente a los trabajadores temporales que pasarían a tener derecho a conocer con más antelación cuáles van a ser sus horarios de trabajo y cuando tendrán que hacer horas extra. Es decir, beneficiaria a los trabajadores contratados por un periodo de horas mínimas que de forma habitual tienen que trabajar otro número de horas complementarias, pero no a los fijos discontinuos, ya que en sus contratos ya se recogen las causas por las que regresan al periodo de actividad. 

A nivel comunitario, la norma busca reducir al mínimo e incluso dejar sin efecto a los denominados contratos de cero horas o bajo demanda, con los que las empresas tienen una amplia flexibilidad para pedirle al trabajador que acuda a su puesto cuando lo necesite. La Comisión y el Parlamento Europeo entienden que bajo esta figura las condiciones de trabajo son especialmente imprevisibles, por lo que demandaron que los países en los que está permitido extremen los controles para evitar el abuso. En España no hay este tipo de contratos, no obstante, los sindicatos mayoritarios han identificado que aquí también se reproducen prácticas similares a través del contrato a tiempo parcial, por lo que entienden necesario reforzar las obligaciones de aviso con antelación, la reducción de los periodos de prueba y el paso a contratos previsibles (indefinidos). 

España se expone a sanciones del TJUE

En Comisiones Obreras han sido especialmente críticos con el Gobierno por esta cuestión, el pasado 28 de mayo enviaron un comunicado solicitando a los socios del Ejecutivo que traspusieran la directiva antes de las elecciones generales del 23-J, ya que de no hacerse en un plazo de tres meses España se enfrenta a ser sancionado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya cuantía puede ser "millonaria", según apuntaban desde el sindicato. Fuentes de CCOO aseguran no haber tenido respuesta por parte del Gobierno, pese a sus insistencias, mientras que personas cercanas al entorno de la vicepresidenta segunda descartan que este texto vaya a aprobarse en el Consejo de Ministros de este martes, que es la penúltima reunión del Gobierno antes de la cita en las urnas. 

Los sindicatos confiaban en que esta norma fuera incluida en el decreto ómnibus, aprobado hace dos semanas, que entre sus más de 300 páginas traspuso otras directivas europeas "en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea". No obstante, las condiciones previsibles y transparentes fueron dejadas de lado, según apuntan fuentes próximas al Ejecutivo, por diferencias con el ala socialista respecto a esta cuestión, mientras que CCOO reprochó que el Gobierno se hubiera "dejado llevar por las presiones patronales" en lugar de proteger a las personas trabajadoras que "mayor incertidumbre y precariedad sufren". 

El equipo de Yolanda Díaz también reconoce en privado tensiones con la sección encabezada por Nadia Calviño sobre esta materia -como en tantas otras- al tiempo que los socialistas parecen negarse a dar ningún atisbo de triunfo a sus socios de gobierno antes de las elecciones, en las que concurren al mismo tiempo como competidores y aliados. La legislatura cerrará, por tanto, con esta tarea pendiente, como parece anticipar el hecho de que Sumar haya incluido como parte de la Ley de Usos del Tiempo la "obligación de la empresa de informar a las personas trabajadoras y dar participación a la representación de las trabajadoras en todos los aspectos relacionados con el tiempo de trabajo". 

Fuentes de la coalición de izquierdas apuntan a que la iniciativa incluida en el programa electoral va más allá de la mera trasposición de la directiva, ya que aboga por reforzar la participación de los empleados en la definición de las jornadas, horarios y las horas extraordinarias, con el objetivo de reducir a mínimos esta incertidumbre que entienden que contribuye a que los trabajadores sean más pobres en materia de tiempo. Esta propuesta se acompaña de otras que abordan la regulación del trabajo a turnos y en concreto, los de noche, establecer planes dentro de las empresas para una mayor organización del tiempo y sustituir el tiempo destinado a la representación sindical por tiempo efectivo de trabajo.