Por Real Decreto-ley

Díaz agiliza los ERTE para evitar otro colapso ante las nuevas restricciones

El Ministerio de Trabajo convierte en opcional la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo por parte de la autoridad laboral en la tramitación de los expedientes por impedimento o limitaciones de la actividad.

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz, interviene en el Senado
Díaz agiliza los ERTE para evitar otro colapso ante las nuevas restricciones
Agencia EFE

El Ministerio de Trabajo intenta evitar a toda costa que la segunda oleada de solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que previsiblemente se producirá como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas a lo largo y ancho del mapa para frenar los contagios de Covid (como los toques de queda, las limitaciones de aforos o los cierres perimetrales, con un eventual confinamiento domiciliario en el horizonte) provoque un colapso administrativo como el que se produjo en el pico de la pandemia y con este objetivo ha realizado una modificación sustancial en los trámites para ayudar a que no vuelva a generarse un nuevo cuello de botella.

El Real Decreto-ley sobre nuevas medidas de protección laboral por el que se ha aprobado el subsidio para los parados que agotaron sus prestaciones durante los meses más duros de la emergencia sanitaria incluye una disposición final que convierte en potestativa la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de la autoridad laboral en la tramitación de los ERTE por impedimento o limitación de la actividad. El cambio no es baladí, pues el informe de la Inspección pasa de ser preceptivo a considerarse opcional, de manera que se agilizan los trámites para la autorización de estos expedientes que están en vigor desde el 1 de octubre y que ofrecen una solución a los negocios que vean totalmente impedido o parcialmente limitado el desarrollo de su actividad por las restricciones.

Desde el Ministerio de Trabajo confirman que esta modificación busca agilizar la tramitación de los nuevos ERTE, como ya se hizo el pasado mes de marzo con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causa económica, técnica, organizativa y de producción (ETOP). Sin embargo, en aquel momento la medida surtió escaso efecto, porque el estado de alarma trajo consigo el confinamiento de la población y la clausura de los establecimientos no esenciales, lo que provocó una avalancha de solicitudes de ERTE que colapsó por completo la administración, desde las autoridades laborales hasta el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), donde el cuello de botella provocó importantes retrasos en los pagos de las prestaciones por desempleo.

En cualquier caso, desde el departamento de Yolanda Díaz aclaran que esta modificación se ha llevado a cabo "sin perjuicio del control posterior del buen uso del instrumento". Y aquí entra de nuevo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que desde el estallido de la pandemia tiene encomendada la tarea de revisar los ERTE a posterior en busca de prácticas fraudulentas por parte de los empresarios o de los trabajadores. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, los inspectores tienen sobre la mesa 30.883 expedientes para revisar. De estos, con fecha 29 de octubre habían finalizado la investigación de 18.256, entre los cuales 2.155 han concluido con detección de infracciones y, por tanto, con propuesta de sanción.

En este punto, resulta necesario recordar que la legislación vigente considera infracción "muy grave" el hecho de "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones". Estas infracciones llevan aparejada una sanción en su grado máximo de hasta  187.515 euros, pero está previsto que a partir del 1 de enero la multa escale hasta los 224.830 euros, tras la modificación de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social que va a elevar las sanciones un 20%.

El control de los ERTE es, de hecho, una de las principales tareas que ocupa a los inspectores en estos días. A los expedientes por fuerza mayor y ETOP se suman ahora las dos modalidades activadas por el Gobierno el 1 de octubre para dar solución a las empresas ante las nuevas restricciones: los ERTE por impedimento o limitación de la actividad. Todavía es pronto para saber cuántos de estos expedientes se han presentado, porque las empresas tienen todo el mes de noviembre para comunicar su ERTE, previa presentación de una declaración responsable en la Tesorería General de la Seguridad Social. Por su parte, la Dirección General de Trabajo solo registra las solicitudes de empresas que tienen presencia en varias comunidades autónomas, por lo que representan un porcentaje muy pequeño. En cualquier caso, hasta ahora acumulan 291 ERTE de cadena de valor (actividades más afectadas), 37 por limitaciones de la actividad y 2 por impedimento o cierre del negocio.

Aunque la información que está en disposición de facilitar el Ejecutivo en estos momentos es todavía poco representativa, el empeoramiento de la situación sí tiene su reflejo en los datos sectoriales de la Seguridad Social. Mientras en el conjunto de las actividades económicas los trabajadores en ERTE pasaron de cerca de 730.000 en septiembre a algo menos de 600.000 en octubre, lo que supone una reincorporación de unos 130.000 efectivos a la actividad, el transporte aéreo, uno de los más afectados por las restricciones al turismo y a la movilidad en general, incrementaba sus ajustes temporales de empleo, incorporando otro medio millar de trabajadores a los ERTE (de 14.896 a 15.466, según los últimos datos). Mientras, el epígrafe CNAE "Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria", pasaba de 145 trabajadores en ERTE en septiembre a 380 en octubre.

Así las cosas, y ante la evidencia de que la crisis económica provocada por la pandemia va a seguir desplegando sus devastadores efectos durante los próximos meses, las empresas siguen viendo los ERTE como una de las herramientas imprescindibles para reducir su base de costes y adaptarla a una demanda deprimida y al contexto de limitaciones a la actividad que, todo apunta, se extenderá hasta que haya una vacuna contra la Covid. En principio, el esquema actual de ERTE estará vigente hasta el 31 de enero, si bien varios miembros del Gobierno, desde la ministra de Trabajo o el de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hasta la titular de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, e incluso el propio presidente Pedro Sánchez han asegurado que este sistema de protección se mantendrá mientras sea necesario y que la vocación del Ejecutivo es implanta un modelo de ERTE estructural, todo ello, previo acuerdo en el diálogo social.

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