La reforma laboral del Partido Popular tiene los días contados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, activa su desmontaje tras cerrar con éxito la mesa de negociación sobre los repartidores de plataformas digitales, que pasarán a considerarse trabajadores por cuenta ajena. Así lo ha anunciado en rueda de prensa para presentar el acuerdo alcanzado con los agentes sociales. Será la próxima semana, en concreto el día 17 de marzo, cuando se produzca la primera reunión con la patronal y los sindicatos para abordar lo que la ministra ha definido como la "modernización del mercado de trabajo".
No hay tiempo que perder. Tras concluir las intensas negociaciones sobre los riders, que han fructificado en el octavo acuerdo en el marco del diálogo social, la ministra ha convocado a las organizaciones patronales y sindicales el próximo miércoles. La intención es retomar las conversaciones que ya estaban avanzadas en febrero de 2020, antes de la irrupción de la pandemia, en lo que se refiere a la negociación colectiva. Recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad son temas en los que la patronal podría ceder, pero el asunto de la limitación de la subcontratación a la actividad principal de la empresa es espinoso. Los empresarios ya se plantaron ante la propuesta de Trabajo, compartida por los sindicatos, por entender que apareja graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo. Pero ahora Yolanda Díaz tiene además el respaldo del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la contratación temporal en este ámbito, lo que complica la baza patronal en este asunto. "Va a ser la gran batalla", auguran desde CEOE.
Pero Díaz ha avanzado que en esta negociación para la "modernización del mercado de trabajo" se abordarán "otras muchas materias". En concreto, la titular de Trabajo se ha referido a las 17 fichas enviadas a la Comisión Europea, en las que se contienen las reformas que se ha comprometido a acometer el Gobierno de España para captar los fondos europeos para la recuperación. El texto remitido a Bruselas contempla una serie de reformas "para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo". Aquí aparecen algunas ya implementadas, como la del trabajo a distancia o las dirigidas a reducir la brecha de género, así como las que se pretenden llevar a cabo en el ámbito de la negociación colectiva o de la subcontratación de actividades empresariales, antes mencionadas, y también figuran otras como la regulación de los riders, que irá en breve al Consejo de Ministros.
En paralelo, se contemplan otras reformas como la modernización de la normativa sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para avanzar hacia un modelo permanente que refuerce esta herramienta de flexibilidad interna frente a los despidos, financiado a través de un fondo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores y orientado a la formación. También se busca reordenar las modalidades de contratación laboral para generalizar el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al contrato temporal. Todo ello, junto a una revisión de las bonificaciones a la contratación para focalizarlas en los fijos y en la empleabilidad de los parados. En este ámbito se estudiarán penalizaciones para las empresas que abusen de los contratos temporales, tal y como anunció el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Díaz ha recordado que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con la ejecución de las reformas a las que se ha comprometido con las autoridades europeas y ha asegurado que "los agentes sociales, al igual que el Gobierno de España, quieren abordar estas reformas". No será, en cualquier caso, una negociación sencilla. Las materias a abordar afectan a varios ministerios, además del de Trabajo, como es el departamento de Seguridad Social, pero también tendrán algo que decir desde el área económica que pilota Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos que ha apostado por condicionar las eventuales reformas a acuerdos en el seno del diálogo social. Desde Trabajo, no obstante, han advertido en numerosas ocasiones de que no renunciarán a su obligación de legislar si no se alcanzan pactos y en ningún caso otorgarán "derecho de veto" a la patronal.
La contrarreforma laboral ha sido objeto de polémica dentro y fuera del Gobierno en no pocas ocasiones. Hay que recordar que, para amarrar la quinta prórroga del estado de alarma, el PSOE llegó a alcanzar un pacto con Bildu para derogar de forma "íntegra" la legislación laboral que implementó el PP en el año 2012. Tras un gran revuelo político, los socialistas rectificaron el acuerdo y matizaron que solo se tocarían tres aspectos concretos con carácter urgente: la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad (ya derogado) las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.
Se trata, en líneas generales, de lo que contemplaba el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos: "Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos". En concreto y "con carácter urgente" aquel texto incluyó la derogación de los tres aspectos antes mencionados, dejando para más adelante la modificación de la contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
A la ministra de Trabajo le hubiera gustado poner en marcha lo acordado en el pacto de coalición en materia laboral hace ya meses. De hecho, nada más recoger el testigo de Magdalena Valerio, lo primero que hizo fue pactar el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2020 con los agentes sociales y acto seguido se iniciaron los trabajos para derogar los "aspectos más lesivos" de la reforma laboral de Mariano Rajoy y Fátima Báñez. Pero la emergencia sanitaria y económica hizo saltar por los aires toda su agenda. Hasta ahora, cuando la luz que empieza a vislumbrarse al final del túnel de la crisis pasa por acometer con urgencia las reformas comprometidas con Bruselas para acceder a los fondos europeos.
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