La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó un volumen récord en el tercer trimestre de este año, por encima de 1,577 billones de euros, en pleno despliegue del paquete de medidas aprobado para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, del choque energético y de la inflación. Los datos que ha hecho públicos este viernes el Banco de España confirman que la ratio sigue menguando al calor de una economía que está resistiendo el embate de la contracción de la Eurozona y de la debilidad de sus principales socios comerciales.
El hecho de que el PIB mantenga su empuje permite que la ratio se sitúe en el 109,9% entre julio y septiembre, por lo que se ha reducido más de un punto respecto al trimestre previo, cuando se situó en el 111,2%, y más de cuatro puntos en relación al mismo periodo del año pasado, cuando se situó en el 114%.
En el último Plan Presupuestario, remitido el pasado mes de octubre a Bruselas, el Gobierno confiaba en que el tirón de la economía, que se prevé crezca al 2,3% este ejercicio, permita reducir la ratio deuda/PIB hasta el 108,1% ya a finales de este ejercicio. Esto permitiría a España adelantar un año el objetivo de situarla por debajo de la barrera del 110% de cara a la vigencia a partir del próximo mes de enero de las reglas fiscales a nivel europeo.
A la espera de la reforma del Pacto de Estabilidad, actualmente en negociación, los países deberán ceñirse a un límite de déficit del 3% y a un tope de deuda del 60%, como venía sucediendo hasta la activación de la cláusula de escape al estallar la pandemia de Covid en 2020. Organismos como la OCDE, que agrupa a las economías más desarrolladas del planeta, han puesto en duda que España vaya a ser capaz de mantener la senda de reducción de su deuda pública ante la mayor presión que ejercerán los costes derivados de las pensiones y del envejecimiento de la población.
Es un diagnóstico similar al que ha hecho recientemente la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que descarta que el país pueda situar la deuda y el déficit por debajo del 100% y del 3%, respectivamente, sin medidas o reformas adicionales. Esto preocupa en un contexto en el que los costes de financiación permanecerán elevados por más tiempo del previsto ante una inflación que se ha mostrado más persistente, tal y como advirtió el jueves la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde tras decidir el emisor mantener por segundo mes los tipos en el 4,5%, su nivel más elevado desde 2001.
El Estado eleva más su deuda por el 'escudo social'
El Gobierno decidirá a finales de este mes si amplía el conocido como 'escudo social', cuyo impacto en el alza del pasivo público ha sido evidente. En términos interanuales el endeudamiento del conjunto de administraciones aumenta un 4,8%, en 72.553 millones de euros, si bien es la Administración Central la que registra el mayor incremento y acapara el mayor volumen. La deuda del Estado se eleva un 5,5% interanual y alcanza los 1,434 billones de euros, el equivalente al 99,9% del PIB (hace justo un año se situaba en el 103%).
En el caso de las comunidades autónomas, su pasivo se eleva un 1,6% hasta los 319.924 millones de euros en el tercer trimestre, alrededor del 22,3% del PIB. Mientras, las entidades locales ven elevarse su deuda cerca del 2% hasta los 23.255 millones y su ratio se reduce del 1,7 al 1,6% en un año. En lo que respecta a la Seguridad Social, sus números rojos se elevan un 7% interanual y alcanzan los 106.172 millones de euros entre julio y septiembre.
Por territorios, la deuda escala en términos absolutos en todas las comunidades autónomas en relación al mismo trimestre de hace un año, salvo en seis: País Vasco, Murcia, La Rioja, Cataluña, Cantabria y Baleares. En volumen, dos tercios de la deuda en manos de los ejecutivos autonómicos los concentran Cataluña (84.549 millones de euros), Comunidad Valenciana (55.235 millones), Andalucía (37.485 millones) y Madrid (36.360 millones). Si bien, en porcentaje del PIB, la Comunidad Valenciana, con un 41,2%, sigue encabezando a las regiones más endeudadas en relación a su riqueza, seguida de Castilla-La Mancha (31,2%), Cataluña (31%) y Murcia (30%).
