Es verdad que todo aquello que implique rebajar, aunque sea siete euros al mes, una factura que golpea indistintamente a pobres, ricos, autónomos y multinacionales sólo puede ser catalogada como una noticia positiva. Sin embargo, detrás de un Real Decreto-ley de este calado se esconden toda una serie de condicionantes que relativizarán su efecto sobre el bolsillo del ciudadano.
En primer lugar, para el ‘colectivo’ más desfavorecido, llamado "clientes vulnerables severos”, se prevé una reducción automática del IVA del 21% al 10%. Paradójicamente, la bajada para este grupo poblacional será inferior a los siete euros de media previstos por el Gobierno ya que tienen, desde hace muchos años, un descuento en su factura del 40%. A efectos prácticos, en términos absolutos, la reducción de su factura apenas alcanzará el euro y eso siempre en función de su calificación de vulnerabilidad más o menos severa. La misma calificación de "cliente vulnerable severo" es realmente compleja: aquellos con un nivel de renta inferior al 50% a 1,5, 2 ó 2,5 veces el IPREM (7.908,60 euros para 2021), pensionistas con pensión mínima y renta anual inferior o igual a 1 vez el IPREM y familias numerosas con renta anual inferior a 2 veces el IPREM. Todo un ejercicio de pedagogía energética solo apto para los más versados. Para que luego digan que esto de explicar la energía es complicado…
En segundo lugar, para el grupo mayoritario de consumidores, con potencia contratada de hasta 10kW (casi todos), se imponen dos limitaciones. La primera es que el precio de la electricidad no baje de 45 euros por MWh, algo realmente improbable. Si acudimos al histórico de precios, en enero de 2017 el precio de la electricidad en España se situaba en 71,49 euros, si bien cayó en picado hasta los 43,69 euros en marzo del mismo año. Repetir la operación será harto complicado si tenemos en cuenta que el MW cotiza actualmente por encima de los 90 euros.
Para evitar la imposibilidad de que el precio pueda bajar de 45 euros se ha establecido el límite temporal de cinco meses, es decir, a finales de año el IVA volverá a establecerse en el 21%, independientemente del precio real del MW. Si descontamos que la medida será aplicable desde el próximo recibo de julio, tendremos seis meses en los que la medida surtirá efecto. Esto suma 36 euros en el año actual y eso pagando la factura de junio que, aproximadamente, supondrá un aumento de un 45% sobre la de marzo o abril. Descontado esto, el ahorro total anual se reduce al 50% de lo previsto por el Ejecutivo, esto es, entre 14 y 16 euros: 2,5 euros al mes.
Lejos de actuar sobre el auténtico problema - el elevado coste de la energía - la medida se centra en la imposición. ¿Por qué es un error? El precio de la electricidad continuará subiendo en el mercado, debido al seguro aumento de la demanda en verano. De esta manera, la rebaja de hoy podría consumirse en cuestión de un mes, cuando no semanas, tanto si el precio real sube (se pagará más por la factura), como si el precio baja (los siete euros de media de ahorro se reducirán a 3 ó 4 en función del valor real). Tendremos que esperar a septiembre para hacer balance de la efectividad de una medida que, por otra parte, siempre ha sido demandada por las asociaciones de consumidores y de los expertos en pobreza energética.
En tercer lugar, la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) tiene una doble trampa. En su momento, cuando José Manuel Soria diseñó este impuesto, se advirtió, y severamente, a las empresas que en ningún momento podrían repercutir este sobrecoste al consumidor. Incluso se llegó a asegurar que la Administración "se mantendría vigilante" para evitar que esto ocurriera. A sensu contrario, se supone que esta suspensión no supondrá ningún beneficio para el consumidor, a no ser que realmente se estuviera repercutiendo sobre el precio final de la electricidad y esto no conviene airearlo a nadie. Veremos quien miente.
El siguiente frente que debe abordar el Ejecutivo es pensar de dónde va a sacar los 600 millones de euros que dejará de ingresar el Estado por la reducción del IVA y los 300 por la suspensión del IVPEE. No es una cuestión menor. La primera opción, nada descartable, es aumentar los impuestos a los que están sometidos los carburantes. Una simple centésima de subida en el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos podría paliar parte de este agujero, en especial a las puertas de un verano en el que se prevén millones de desplazamientos y en el que el coche figurará como el medio favorito de viaje para unas vacaciones más domésticas que nunca. Aproximadamente, el 54% del precio de la gasolina son impuestos, el 50% para el diésel, por lo que, desde un punto de vista impositivo, la viabilidad de abordar por fin la fiscalidad 'verde' se abriría de par en par. Otra cosa es el coste político de la medida y las presiones que Hacienda pudiera ejercer para sacarla adelante.
En el mercado de futuros el gas cotiza al alza, al igual que los derechos de CO2 de los que es cautivo, y es probable que se mantenga en los valores actuales para aumentar en noviembre y diciembre, coincidiendo con el inicio del invierno y el final de la tregua dada por el Gobierno
Los 300 millones restantes correspondientes al IVPEE, pese a no computar para el déficit público, sí lo hacen para la amortización del déficit de tarifa. De no ser compensado se originaría una diferencia sustancial entre ingresos y gastos del sistema eléctrico. Aquí surge de nuevo la posible ineficacia de la medida. La Ley 24/2013 obliga a compensar la diferencia entre ingresos y gastos del régimen eléctrico, bien sea a través de la subida de peajes y cargos, bien por la financiación directa y en proporción a la retribución que reciban los operadores del sistema. La sombra de un nuevo déficit de tarifa aparece (y espanta), tanto en los pasillos de las principales eléctricas del país como en los despachos ministeriales. Baste recordar que en el pasado se llegó a contraer una deuda, más bien hipoteca, con las empresas que llegó a alcanzar los 36.000 millones de euros, que estamos pagando en ‘cómodos’ plazos veinte años después de contraerla.
¿Hay que bajar el IVA?
Bajar el IVA de forma generalizada y limitada en el tiempo no es una buena medida. En el medio y largo plazo crea dependencias que, posteriormente, engordarán la factura, bien sea en el recibo de la luz o en cualquier otro impuesto.
Desde un punto de vista técnico, el alivio que puede suponer en el corto plazo se disipará como la espuma si el precio de la energía continúa subiendo. En el mercado de futuros el gas cotiza al alza, al igual que los derechos de CO2 de los que es cautivo, y es probable que se mantenga en los valores actuales, para aumentar de nuevo durante los meses de noviembre y diciembre, coincidiendo con el inicio del invierno y el final de la tregua dada por el Gobierno.
Por otra parte, una bajada del IVA selectiva, a aquellos grupos realmente vulnerables, acompañada de medidas de ahorro y cultura energética planificadas podrían servir para atajar los dos principales problemas de la electricidad en España: su imprevisibilidad y dependencia de la materia prima.
El Real Decreto-ley deja fuera a muchas empresas y autónomos que tienen contratada potencias superiores a los 10kW (léase peluquerías) y que además centran su actividad en franjas horarias en las que la energía es más cara. En su caso, un aplanamiento, aunque fuera artificial, de la curva de aquellos que aun no hayan acudido al mercado liberalizado supondría un importante desahogo, y todo sin necesidad de rebajar un IVA que, posteriormente, revierte en la misma sociedad que lo paga.
A todo lo anterior se suma un cuarto factor que pasa desapercibido, pero que puede tener unos efectos catastróficos, y que dejará obsoleta la medida aprobada por el Gobierno. En realidad, aquí está la raíz del problema.
Hace cinco años, España, junto al resto de la comunidad internacional, decidió darse un plazo para cambiar su modelo energético. Sobre el papel, nadie debería oponerse a la transformación de un sistema contaminante por otro limpio y, por extensión, de una sustitución de las energías basadas en los hidrocarburos por otras de origen renovable. Ahora bien, la letra pequeña de ese pacto a nivel mundial incluía que, para que fuera efectivo durante un plazo amplio, la afamada transición energética, tendrían que coexistir ambos modelos. Las renovables se verían beneficiadas por un régimen retributivo y jurídico privilegiado, mientras que las convencionales se mantendrían en funcionamiento para garantizar el despliegue verde hasta su reemplazo definitivo por ellas.
Durante este tiempo, al reducirse la demanda de hidrocarburos, ha pasado lo mismo que en el resto de mercados cuando un producto es escaso o bien tiene limitaciones para entrar en él: el precio sube. En especial cuando se ha creado un mercado de fijación de precios marginalista, que marca su valor en función de la última tecnología que entra en el sistema. Ahora bien, el problema no está en el funcionamiento del mercado marginalista. Por el contrario, el auténtico problema es el precio de la energía, de la última tecnología que entra en el sistema y que condiciona la retribución del resto. Las renovables también están recibiendo "beneficios caídos del cielo" desde el momento que cierra el precio otra energía más cara, por lo que el problema no es el sistema de fijación, sino el coste final que estamos pagando ahora. De hecho, nadie, absolutamente nadie, acusaba al sistema que fija el precio en la mayor parte de Europa cuando el valor del MW se pagaba a 37 euros. Este es el auténtico problema, que no nos apetece pagar más por una energía que antes costaba menos.
Alguien debió haber pensado en esto cuando se acuñaba el término "el que contamina paga". Y es que, al final, lo que suele ocurrir es que paguen los de siempre que, además, nunca fuimos consultados por la idoneidad de encender la lavadora a una u otra hora o tener una energía más limpia a precio de oro.
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