Las CCAA contarán con más fondos para 2024 que compensarán el gasto por el 28M

Bruselas recuperará las antiguas reglas fiscales en enero de 2024, a la espera de que el Consejo y el Parlamento Europeo negocien y den luz verde a lo largo de los próximos meses al nuevo plan presentado por la Comisión Europea para flexibilizarlas -un proceso que será complejo por la disparidad de criterios entre los socios-. A ese contexto España llegará después de una carrera electoral que arranca con las municipales y autonómicas del 28 de mayo y que culminará con las generales, previstas para finales de año, coincidiendo con el final de la legislatura. Las comunidades autónomas, que despidieron 2022 con un agujero en sus cuentas del 1,1% del PIB, cuentan este año con una cifra récord de recursos del sistema de financiación (134.335,6 millones de euros) y podrían recibir una cifra aún mayor el próximo ejercicio, lo que contribuiría a compensar posibles desfases derivados de la batalla en las urnas.

"Creemos que los recursos del sistema de financiación autonómica podrían crecer cerca de un 3% en 2024 desde los ya elevados de 2023", apunta Alejandro Rodríguez Anglada, analista de S&P Global Ratings. De momento, las perspectivas económicas a medio plazo son más positivas que hace solo unos meses, a la luz de las últimas previsiones que el Gobierno ha incluido en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido la pasada semana a Bruselas. En él mantenía el avance estimado para este año en el 2,1% y elevaba al 2,4% el crecimiento del PIB el que viene, gracias al revulsivo que supondrán los fondos europeos. 

En lo que respecta al comportamiento de la actividad a nivel regional, en lo que va de año estaría pesando mucho la recuperación del turismo, tanto por el aumento de las llegadas de viajeros internacionales, como por el hecho de que estén gastando más. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado una estimación del comportamiento del PIB autonómico en el primer trimestre que coloca a Baleares y Canarias como las más dinámicas tanto en términos interanuales (con avances del 5,9 y el 5,7%, respectivamente) como en relación al último trimestre del ejercicio anterior (el PIB balear se expande en este caso un 0,9% y el canario un 0,8%. La autoridad fiscalizadora ha elaborado estos cálculos a través de su propia metodología, la METCAP.

El hecho de que la economía resista en un contexto marcado por la incertidumbre, el endurecimiento de las condiciones de financiación -con el alza de los tipos de interés y las turbulencias financieras- y marcado, también, por la elevada inflación apoya la estructura de ingresos regionales, dado que esta depende de fuentes que se ven afectadas de forma favorable por el alza de los precios, como es el caso del IVA (impuesto del que las autonomías de perciben la mitad de lo recaudado, mientras que la otra mitad va a parar al Estado). Al mismo tiempo, esta dinámica permite confiar en la resistencia de la base de ingresos de las comunidades y en que se mantengan "unos resultados presupuestarios sólidos en los próximos años", apuntan desde la agencia de calificación europea Scope Ratings.

Las entregas a cuenta aumentarán alrededor del 3,6%

De momento, las comunidades de régimen común y las ciudades de Ceuta y Melilla han recibido entre enero y abril un total de 41.119 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 11% más que lo que percibieron en el mismo periodo de hace un año, tal y como ha confirmado esta misma semana el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Desde S&P Global prevén que los anticipos se incrementen el año que viene alrededor del 3,6% (desde los 123.356 millones de este año), teniendo en cuenta la evolución prevista de la economía y la liquidación de 2022. "Se trata sólo de una estimación preliminar, pero ilustra, en nuestra opinión, que los ingresos deberían seguir aumentando, aunque de forma más moderada", señalan.

A los mayores ingresos se sumará algo más de margen en el tope de déficit exigido para este año y en el límite al que deberán ajustarse el próximo. En concreto, el Gobierno ha fijado una meta más exigente para la Administración Central a cambio de dar algo más de holgura a los ejecutivos autonómicos, que tendrán que ceñirse a un desequilibrio del 0,3% como máximo este año (frente al 0,1% que contemplaba el Programa de Estabilidad que se remitió el pasado otoño a la Comisión). El año que viene deberán cerrar en equilibrio presupuestario (0%), cuando antes se les exigía un superávit equivalente al 0,2% de su PIB. "Creemos que a medida que los nuevos gobiernos tomen posesión después de las elecciones, el compromiso político y de gestión con el control del gasto será un factor clave para permitir la mejora del déficit", señalan desde S&P. A ello contribuirá también el futuro restablecimiento de las reglas fiscales a nivel europeo.