En noviembre, el Congreso dio luz verde a la reforma del Pacto de Toledo. Esto suponía poner en marcha la reforma de pensiones sobre la que se ha debatido durante cuatro años, repartidos en nada menos que tres legislaturas. Ahora, casi nueve meses más tarde de aquella jornada en la Cámara Baja, si nada cambia, el Consejo de Ministros del próximo martes aprobaría el primer bloque de medidas como anteproyecto de Ley. Todo después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, consiguiera durante el día de ayer cerrar el acuerdo con los agentes sociales. Se espera entonces que en septiembre se esté aprobando en el Congreso y que entre en vigor en 2022.
Esto significa también drogar la reforma unilateral del Partido Popular de 2013 y volver al consenso social de 2011 con el blindaje de la revalorización de las pensiones, que quedará de nuevo ligadas a la evolución de la inflación. Por tanto, los cambios en materia de pensiones y de jubilación serán sustanciales.
Así subirán las pensiones
El texto garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, al vincular su revalorización anual con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Con la nueva fórmula, en caso de que el IPC sea negativo, la nómina no se compensará en los siguientes ejercicios, sino que directamente ese año quedará congelada. Las pensiones mínimas quedarán exentas de esta propuesta, pues no se compensará en sus nóminas la inflación negativa
Coeficientes reductores en la jubilación anticipada
Para quienes se jubilen voluntariamente hasta dos años antes de la edad legal se cambian los coeficientes reductores que pasan a ser mensuales frente al cálculo trimestral actual, con penalizaciones que van desde un máximo del 21 % para retirarse dos años antes teniendo menos de 38 años y 6 meses cotizados a un mínimo del 2,81 % por hacerlo un mes antes y hayan cotizado más de 44 años y medio.
Los coeficientes son en general más bajos que los actualmente vigentes, para incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral, salvo para quienes tienen ingresos superiores a la pensión máxima.
En este caso, los nuevos coeficientes empezarán a aplicar en 2024 con un régimen transitorio de diez años. Para quienes se jubilen anticipadamente de manera forzosa los coeficientes irán desde un 30 % si ocurre 4 años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5 % si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses.
Incentivos a la jubilación demorada
Además, se refuerzan los incentivos para la jubilación demorada, que serán de tres tipos por cada año de demora: un porcentaje adicional del 4 %, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas.
También se ha acordado prohibir en los nuevos convenios colectivos las cláusulas que prevean la jubilación forzosa del trabajador antes de los 68 años, un límite que se podrá rebajar en algunas actividades (CNAE) con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.
Factor de sostenibilidad
Se deroga expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013, que preveía el ajuste a la baja de la pensión inicial según la esperanza de vida y que estaba en suspenso hasta 2023.
A cambio los firmantes se comprometen a negociar su sustitución por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027, teniendo que incorporarse a la tramitación del proyecto de ley antes del 15 de noviembre de 2021.
