El Gobierno aprueba hoy en el Senado la nueva Ley de Vivienda. Esta nueva Ley forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para los colectivos más vulnerables. Esta normativa incluye medidas como el límite al precio del alquiler y el fomento de las viviendas públicas. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre como esta nueva Ley protege a los inquilinos.
La nueva normativa busca aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles y prevenir situaciones de tensión en el mercado del alquiler. Además, otorgará herramientas a las comunidades autónomas y los municipios para controlar o reducir el precio del alquiler y aumentar el número de viviendas disponibles en alquiler social.
Entre las medidas que incluye la nueva Ley de Vivienda, se encuentran disposiciones para regular los procedimientos en caso de impago de alquileres por parte de inquilinos. El objetivo principal es garantizar la protección de los derechos de los inquilinos en situación de vulnerabilidad, que podrían encontrarse en riesgo de desahucio.
Si hoy no se presentan enmiendas adicionales que obliguen a devolver el texto al Congreso, este Proyecto de Ley podría ser aprobado antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, siendo la última votación del texto.
Como afecta la nueva Ley de Vivienda a los inquilinos
La Ley de Vivienda trae consigo medidas significativas para hacer más fácil el acceso a las viviendas de alquiler y regular el aumento de los precios. Estos son los aspectos de la ley que afectan directamente a los inquilinos:
- Mayor protección ante un desahucio.
- Regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas en nuevos alquileres.
- Obligación del propietario de pagar las comisiones de inmobiliaria.
- El límite de la actualización anual del alquiler se elimina del IPC.
- Prohibición de “acuerdo entre las partes” contrarias a la Ley de Vivienda.
- Prohibición de aumentar el precio del alquiler con gastos extras.
Si se es inquilino, con la nueva Ley de Vivienda se ofrecen nuevas garantías para la venta de viviendas arrendadas, lo que significa que los contratos no inscritos en el Registro de la Propiedad tendrán efecto ante terceros. Si alguien compra una vivienda arrendada, deberá respetar el contrato de alquiler vigente, independientemente de si está inscrito o no. Además, se ha limitado a dos meses de renta las garantías adicionales que se pueden exigir al arrendatario al firmar el contrato. Anteriormente, se podía exigir un aval o depósito sin límite de cuantía, lo que permitía prácticas abusivas.
Para la definición de una zona tensionada, se tendrán en cuenta dos circunstancias. Por un lado, si el gasto en vivienda representa más del 30% del presupuesto personal o familiar, se considerará que se vive en una zona tensionada. Por otro, cuando el coste de compra o alquiler de una vivienda aumente al menos cinco puntos porcentuales por encima del índice de precios al consumidor (IPC) de la región en la que se sitúa.
En cuanto a los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización, si el arrendador es una persona jurídica, deberá asumirlos, lo que reducirá la carga económica del inquilino al firmar el contrato con empresas o sociedades.
Por último, se ha eliminado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del alquiler de vivienda habitual. Al respecto, se ha introducido una nueva exención para la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso habitual o permanente, lo que significa que el inquilino ya no tendrá que pagar este impuesto y se reducirán sus cargas tributarias.
Encara en el Senado su aprobación definitiva
El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda se enfrenta esta mañana a su aprobación definitiva en el pleno del Senado, se estima que el debate se alargue unas cinco horas. Esta Ley es una de las leyes estrella del gobierno de coalición, siendo una nueva norma que va a entrar en vigor en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de marzo.
El pasado 27 de abril, el Congreso aprobó la ley de vivienda gracias al acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu. A pesar de que el Grupo Vasco, PP, Vox, Cs, Navarra Suma y Junts per Catalunya defenderán 324 enmiendas parciales y seis propuestas de veto en la Cámara alta, es poco probable que prosperen. Los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, afirman que esta ley, junto con otras iniciativas, busca cambiar el modelo español para considerar la vivienda como un derecho en lugar de solo un bien de mercado. La ley permite a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado y limitar los precios del alquiler en ellas. Esta disposición ha sido objeto de discusión política durante los últimos tres años y ha generado rechazo en el sector inmobiliario.
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