El envejecimiento de la población, bajas tasas de actividad y prestaciones sociales que suben cada año, poco a poco, para hacerlas más justas dibujan, junto a otros factores geográficos, un escenario complicado de sostener, con un porcentaje muy elevado de perceptores de ayudas y coberturas sociales y otro, cada vez menor, que afronta en buena parte su sustento. La situación obliga a replantearse el actual sistema de protección social y los partidos políticos ya han puesto sus cartas sobre la mesa. Existe un consenso total entre las cuatro grandes formaciones en revalorizar las pensiones cada año de acuerdo a las subidas del IPC, pero cada uno tiene una fórmula mágica -y personal- para garantizar a largo plazo las pensiones, la principal prestación social.
Desde el Partido Socialista han apostado decididamente por buscar nuevas vías de financiación que sostengan las prestaciones no contributivas y que las cotizaciones sociales soporten primordialmente las contributivas. Además, se plantea un incremento progresivo de la aportación del Estado para hacer frente al aumento del gasto ligado a la jubilación de la generación del 'baby-boom'. Mientras, desde el Partido Popular se aboga por aproximar el período de cálculo a toda la vida laboral de forma progresiva, para evitar que los años de la crisis afecten a la cuantía de las pensiones en el momento de la jubilación, y por impulsar fórmulas alternativas, como planes de empresa y planes voluntarios de pensiones que complementen las futuras prestaciones.
Por su parte, desde Ciudadanos se ha incidido en la necesidad de restablecer el consenso y apostar de lleno por el Pacto de Toledo para impulsar medidas que sirvan para sostener el sistema y que garanticen el poder adquisitivo de los pensiones futuras. La formación naranja defiende que las rebajas impositivas y la creación de empleo son los mejores blindajes para las prestaciones y ha presentado un buen número de medidas dirigidas a los autónomos, muy penalizados por el actual sistema. Mientras, Unidas Podemos considera como la alternativa más adecuada la jubilación anticipada sin penalización en sectores especialmente duros y para los que hayan cotizado al menos 35 años.
En principio, hay un buen número de opciones presentes, además de otras menos deseadas como una rebaja de la cuantía de las pensiones o una subida de las cotizaciones que garantice la sostenibilidad futura del sistema, pero los datos que ofrece la estadística de la Seguridad Social muestran ya un panorama con muchísimos nubarrones en el que hay un 26% de los españoles recibiendo distintas prestaciones -desempleo (4,1%) o pensiones de todo tipo (21%)- y en el que el coste per cápita para cubrirlas supera ya los 246, aunque con importantes diferencias entre provincias. El coste total ronda los 11.500 millones de euros.
Un análisis detallado de las prestaciones sociales desde el punto de vista geográfico muestra una situación muy preocupante en Ourense y Lugo, donde las coberturas y las ayudas sociales con respecto a la población total superan el 40% -14 puntos porcentuales más que la media española-, y en Asturias y en León, en este caso porque el gasto per cápita destinado para el pago de jubilaciones y desempleo, fundamentalmente, es de 377,9 euros y 333,8 euros, respectivamente, muy por encima de la media nacional que se sitúa en 246 euros.
Las pensiones contributivas tienen especial incidencia en las dos provincias gallegas, claramente envejecidas y en las que el número de pensionistas es mayor que el de ocupados. Tanto en Lugo como en Ourense hay un 35% de beneficiarios de estas prestaciones con respecto a la población, con un coste por habitante superior a 250 euros. Mientras, en León y, especialmente, en Asturias, con un porcentaje de pensionistas que supera el 30%-, el efecto de la minería tiene un importante impacto en el desembolso destinado a las prestaciones, ya que las del régimen del carbón son muy elevadas y se pagan durante más años.
En el extremo opuesto se encuentran Guadalajara, Almería, Madrid y Toledo, cuatro provincias con un porcentaje de beneficiarios de prestaciones sociales entre el 20% y el 22%. En el caso de Guadalajara, pese a ser un ejemplo habitual de la España vacía y envejecida, con pueblos que en muchos casos no llegan a los 70 habitantes empadronados y que en invierno están prácticamente despoblados, fundamentalmente la zona de Sierra Ministra, el desarrollo económico de determinadas áreas propiciado por Madrid y que muchas localidades se han convertido en ciudades dormitorio para jóvenes han conseguido frenar el efecto envejecimiento y propiciado que sea una de las provincias más sostenibles.
En la misma línea, se encuentra Almería, una provincia que se ha convertido en un oasis en Andalucía, con un porcentaje reducido de beneficiarios de desempleo y, sobre todo, de pensiones contributivas, que además son de las más bajas de España. Todo esto, unido a una población muy joven, hacen que los 'dependientes' de prestación sean muy pocos y el gasto per cápita muy bajo. Almería estaría entre las provincia españolas más autosuficientes y la primera de la Península, según destacaba recientemente La Voz de Almería a partir de estadísticas del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Así, si las pensiones se gestionasen en cada provincia de forma individualizada, los almerienses se podrían financiar con sus propias cotizaciones sociales el 98% del importe de las jubilaciones y solo se verían superados por el superávit que registran los melillenses (111%), los mallorquines (106%) y los ceutíes (100%). La media española de autofinanciación se sitúa en el 70,5% y las provincias que menos porcentaje consiguen de autofinanciación son Zamora (46,8%), Ourense (46,7%), Lugo (45%) y León (39%).
Mientras, el efecto turismo, una población joven y un número muy limitado de pensionistas hacen que Alicante, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, se conviertan, junto con Almería, en las provincias en las que sus ciudadanos tienen que realizar un menor esfuerzo para cubrir el gasto de las prestaciones sociales. En ninguno de los casos superan los 190 euros y, en el caso de la provincia andaluza, es de solo 160 euros.
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