El Gobierno ha acordado este martes el procedimiento para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan competir para albergar nuevos organismos públicos, que serán ubicados siguiendo los criterios señalados por una comisión interministerial presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. "El avance en la descentralización política que ha traído el estado de las autonomías ha ido paralelo a la concentración de las estructuras administrativas, y eso es algo que queremos revertir" para "cohesionar, compartir Estado e impulsar la igualdad en el territorio", ha explicado la ministra.
El procedimiento se concretará en un real decreto que publicará en próximas semanas el Consejo de Ministros. La titular de Política Territorial ha añadido que se trata de aprovechar "el pleno despliegue del plan de recuperación, que favorece la creación de nuevos organismos, como una oportunidad para una recuperación justa también con los territorios".
El desempleo de la zona aspirante o el bajo número de sedes públicas ya presentes en la región serán algunos de los criterios a tener en cuenta. La ubicación de las nuevas sedes institucionales estatales será decidida por el Consejo de Ministros a partir del dictamen de una Comisión consultiva, que recogerá las distintas alternativas y que estará presidida por la ministra de Política Territorial.
"Se tratará de un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrá concurrir cualquier comunidad o ciudad autónoma, diputación provincial, cabildo, consejo insular o ayuntamiento", según ha informado este martes el Gobierno. "Postularán una localidad y podrán ofrecer cesión de bienes inmuebles y asunción parcial o total del coste financiero. El Estado podrá compartir, de esta forma, los costes asociados al establecimiento de sedes de entidades", añade una nota divulgada por el Ministerio de Política Territorial.
Se valorarán factores como el nivel de desempleo, la conexión con el ámbito de actuación de la entidad, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región, señala el texto. Se tendrá en cuenta en todo momento el papel de los trabajadores públicos, incorporando al procedimiento la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas de traslados y la garantía de que la entidad pública podrá ejercer de manera eficaz sus funciones en la localidad donde se ubique.
Se trata de fomentar la igualdad de oportunidades y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, pero también mantener la eficacia del sector público, explica también el texto aprobado. El real decreto que desarrollará la medida concretará que las entidades afectadas serán organismos públicos y autónomos, entidades públicas empresariales, agencias, autoridades independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos carentes de personalidad jurídica.
El texto aprobado este martes recuerda que la desconcentración es un principio recogido en la Constitución y una herramienta para vertebrar el territorio. "Son muchos los países que han apostado por la desconcentración en distintos grados: Alemania, Portugal,
El Gobierno recuerda que la desconcentración es un principio recogido en la Constitución
Muchas comunidades autónomas también lo han hecho: Andalucía, Castilla y León, Canarias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha. En muchos casos lo reconoce el propio estatuto de autonomía. El acuerdo recuerda también que "está acreditado que las instituciones públicas ejercen un papel extremadamente beneficioso en los entornos en los que se ubican. Además de contribuir a la creación de empleos directos e indirectos, facilitan la participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalecen la conexión de la institución con el sector con el que se relaciona".
"El Gobierno apuesta con esta decisión por un mecanismo que contribuirá a largo plazo a generar una mayor igualdad de oportunidades, y facilitará que ciudadanas y ciudadanos de todo el país puedan trabajar en órganos directivos de las instituciones públicas en su propio territorio". "El proceso se llevará a cabo de una manera que asegure la eficacia del sector público, garantizando la elección de sedes que puedan absorber las demandas asociadas a albergar una sede pública y al mismo tiempo puedan enriquecer a la institución que van a acoger, a través de un procedimiento que será abierto, transparente y competitivo".
"En el medio y largo plazo se pretende que todos los territorios puedan ser partícipes del proceso y contribuir así a vertebrar el país y reforzar la conexión de las instituciones con la ciudadanía", concluye el acuerdo aprobado este martes.
