Más de una veintena de escuelas y un centenar de clases han tenido que cerrar tan solo tres días después de la 'vuelta al cole' en Francia debido a la detección de casos de Covid-19. España mira de reojo al país vecino porque aquí, donde las escuelas infantiles ya han reabierto sus puertas y en los próximos días se producirá la reincorporación escalonada de alumnos de todas las edades, los padres todavía no saben qué van a hacer cuando no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener que cuidar de sus hijos si tienen que hacer una cuarentena preventiva. Hasta cinco ministros del Gobierno se han pronunciado al respecto y, aunque la intención del Ejecutivo es aprobar un cambio normativo para que los trabajadores puedan acogerse a una baja por incapacidad temporal en estos casos, la falta de coordinación entre departamentos está demorando una medida que reclaman las asociaciones de madres y padres de alumnos de manera urgente.
El pasado 26 de agosto, apenas 24 horas después de que La Información adelantase que el Gobierno estaba estudiando los mecanismos para dar cobertura jurídica a los padres trabajadores ante brotes de Covid-19 en los coles, la ministra de Educación, Isabel Celaá, confirmaba este extremo y avanzaba que el Ejecutivo estaba valorando la puesta en marcha de un permiso retribuido específico o una baja laboral. "Son fórmulas que hemos de articular", matizaba en una entrevista a la Cadena Ser la responsable de pilotar el plan de 'vuelta al cole' a nivel nacional.
Al día siguiente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, matizaba a Celaá, asegurando que ya existe una protección laboral suficiente para los padres con hijos en cuarentena, haciendo referencia al plan 'Me cuida', es decir, la reducción de hasta el 100% de la jornada (y del sueldo) y a la incapacidad temporal (con una cobertura del 75% de la base reguladora. El problema es que la ministra no tuvo en cuenta que la legislación actual no contempla la posibilidad de acogerse a una baja laboral para cuidar a menores confinados que no estén contagiados por el virus.
El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, rizaba el rizo de los mensajes contradictorios del Gobierno al asegurar que los padres solo podrían coger una baja laboral si su hijo da positivo por Covid, pero no si lo envían a casa para estar en cuarentena pero con una PCR negativa. Tan solo un día después, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, calificaba de "inaceptable" ese planteamiento y aseguraba que habrá una prestación por incapacidad temporal para los progenitores con niños que deban hacer cuarentena por ser contactos de un positivo, sin tener una PCR positiva.
Iglesias revelaba que las conversaciones entre Trabajo y Seguridad Social para llevar a cabo este cambio normativo estaban avanzadas y que la medida se pondría en marcha en breve. Y el jueves, desde Mallorca, Yolanda Díaz confirmaba estos trabajos para extender la baja por cuarentena incluso en el caso de un menor que no está contagiado, "lo que es una incapacidad temporal por cuarentena indirecta", detallaba en una entrevista radiofónica. Entre tanto, los agentes sociales, que estaban citados esa misma noche a una cena informal con Díaz y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, previa a la reunión del viernes para abordar la prórroga de los ERTE, asistían atónitos al cruce de declaraciones, según revelan desde las organizaciones.
Tanto desde la patronal como desde los sindicatos critican que, una vez más, tengan que enterarse por los medios de comunicación de las intenciones del Gobierno respecto a materias que atañen directamente a su ámbito de negociación. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo denunció públicamente durante la rueda de prensa posterior al encuentro de la comisión tripartita para los ERTE, al calificar las declaraciones de los distintos responsables gubernamentales de "anuncios repentinos". El líder empresarial, visiblemente molesto, pidió diálogo al Ejecutivo en esta materia. Desde UGT, en privado, cuestionan el 'modus operandi' de los ministros y advierten de que esta actitud tensa las negociaciones abiertas.
"Necesitamos escuchar a los agentes sociales y después sí, estamos dispuestos a introducir un cambio normativo", afirmaba en la misma rueda de prensa Escrivá, que intervino después de Garamendi. "Lo hemos analizado y hemos concluido que este supuesto no está cubierto y necesitamos introducir un cambio normativo. Se ha discutido y la próxima semana vamos a entablar un diálogo", avanzaba el titular de Inclusión. De modo que se espera que en la reunión que mantienen el lunes los agentes sociales se aborden los detalles de la ampliación de la incapacidad temporal retribuida para contar con su punto de vista.
El asunto es complejo porque implica a varios ministerios. Por motivos lógicos incumbe a Trabajo, pero en última instancia la competencia es de la Seguridad Social. Si bien fuentes gubernamentales matizan que en las conversaciones que se están desarrollando a nivel interministerial también interviene Sanidad, ya que la baja laboral la proporcionan los médicos de cabecera y, en este caso concreto de niños con PCR negativa, no existiría un diagnóstico médico que la justificase. Sin embargo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no se ha pronunciado al respecto. Otras fuentes añaden que se trata de una cuestión que también debe abordarse con Función Pública, ya que afecta igualmente a los funcionarios y se les debe incluir en la protección. El embrollo deberá resolverse en los próximos días para garantizar una vuelta al cole segura, también en el ámbito laboral.
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