La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que la nueva tarifa regulada de la luz que plantea el Ministerio para la Transición Ecológica tendría poco efecto en su objetivo de reducir la volatilidad de precios.
"En término medio, no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor", señala en su informe al proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz, que el departamento que dirige Teresa Ribera publicó en octubre del año.
En concreto, Competencia plantea que "teniendo en cuenta la facturación mensual de los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la volatilidad entre meses dentro de cada año calculada como la desviación típica observada desde 2014 hasta noviembre de 2022, se sitúa en unos siete euros el megavatio hora (MWh) en promedio, lo que supondría, para un consumidor medio (2.600 kWh/año), unos 1,7 euros de más en algunos meses para pagar 1,7 euros menos en otros, con respecto a la metodología actual".
Por otro lado, el organismo que preside Cani Fernández recomienda al Gobierno revisar la metodología que se aplica a los consumidores vulnerables de electricidad y, en particular, "reflexionar sobre la conveniencia de que el descuento del bono social se calcule sobre el precio del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).
Informe no vinculante
La CNMC dio el visto bueno al informe preceptivo sobre la nueva tarifa regulada de la luz que plantea el departamento de Teresa Ribera el 16 de diciembre en pleno extraordinario, tal y como adelantó La Información. Ahora, ha hecho público su informe con una serie de matices, aunque no es vinculante y la decisión final sigue dependiente del Ejecutivo.
Fue en octubre de 2021, tras varios meses con el precio de la luz disparado, cuando Transición Ecológica lanzó una consulta pública para modificar el PVPC, pero quedó en nada. El proceso se retomó tras que la Comisión Europea (CE) impusiera a España una revisión de la tarifa como condición para aprobar la excepción ibérica.
La tarifa regulada actual fue introducida por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y se regula por Real Decreto 216/2014. Los consumidores tienen contrato con comercializadoras de referencia (COR), designadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, y una potencia contratada no superior a los diez kilovatios (kW). También es la tarifa que permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social eléctrico.
Bajo el actual contexto de crisis energética, agravado por la invasión de Rusia a Ucrania, el Ejecutivo se ha dispuesto a reformular el cálculo del coste de producción de energía eléctrica para dotar al PVPC de una "mayor estabilidad" a la vez que se preservan las señales de precios del mercado (horarias) y a medio plazo. El regulador recomienda al Gobierno que espere a que finalice el plazo de aplicación de la excepción ibérica, el 31 de mayo, para evaluar cómo resultaría la nueva metodología propuesta. Lo que no sabía Competencia es que el Ejecutivo peleará en Bruselas, junto con Portugal, aplicar el tope al gas para la generación eléctrica hasta finales de 2024. España también presentará este martes su propuesta para reformar el mercado eléctrico
Señal de precios
Lo que el Ejecutivo pretende ahora es introducir una señal de precios a los productos a plazo, configurando esta como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual.
Si el Gobierno no realiza modificaciones tras el informe de la CNMC, el reparto se haría de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual sea del 54%. Asimismo se establece un marco transitorio por el cual la representatividad de la señal a plazo se incrementará de manera gradual para el periodo 2023-2025, de tal forma que, para el primer año, el peso de la señal sea del 25% y vaya incrementándose un 15% hasta alcanzar el 55% en 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria.
"Los porcentajes de ponderación de los productos a plazo para 2023 deberían adaptarse teniendo en cuenta la falta de tiempo disponible para que los comercializadores de referencia puedan acudir a los mercados a cubrirse con el producto anual de 2023", indica la CNMC.
Ribera se ha guardado la posibilidad de introducir, mediante orden ministerial, modificaciones en el peso y reparto de los productos a plazo, incorporando, en su caso, una referencia al precio resultante de las subastas de energía inframarginal, gestionable y no emisora, en caso de que estas subastas prevean finalmente la participación de las comercializadoras de referencia.
Entre el listado de empresas que han presentado alegaciones al consejo consultivo de electricidad, figuran Endesa, Iberdrola, Red Eléctrica, Naturgy y Repsol.
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