'El Rubius' se ha convertido de la noche a la mañana en uno de los objetivos principales de la Agencia Tributaria. Sin despliegues especiales y sin poner en duda la legalidad de su traslado a Andorra para pagar menos impuestos que en España, en el seno de Hacienda ha sentado muy mal el desafío que suponen siempre este tipo de actitudes y vigilarán todos los movimientos del 'youtuber' dentro y fuera del pequeño país pirenaico para buscar el recoveco legal con el que se pueda demostrar que, más allá de su residencia declarada, el 'influencer' necesita a España para obtener la mayor parte de sus ingresos y sus relaciones vitales, algo que puede ser visto por un tribunal como un buen fundamento de derecho que le obligue a pagar impuestos en España.
Hay dos cosas en relación al caso del ya célebre traslado de 'El Rubius' a Andorra en las que coinciden la totalidad de los asesores e inspectores fiscales consultados en la elaboración de esta información. Primera: no hay nada ilegal en que como contribuyente haya decidido trasladar su residencia a Andorra; y segunda: como resulte que después de todo el jaleo su traslado al Principado pirenaico sea más virtual que real, no hay ninguna duda de que Hacienda le va a pillar. Dos factores se alzan por tanto sobre el ruido: no hay nada que se le pueda reprochar en el plano legal, pero si su decisión esconde algún comportamiento reprochable lo acabará pagando.
Como si fuera cosa preparada, el Plan de Control de la Agencia Tributaria para el año 2021 - publicado apenas unos días después del anuncio de 'El Rubius' - ha incluido una nueva línea de actuación contra las deslocalizaciones ficticias de contribuyentes, que se basa en la utilización de herramientas informáticas específicas basadas en la explotación de 'big data' para rastrear y, en su caso, detectar posibles irregularidades. La estrategia, que desde Hacienda se sostiene que estaba ya planteada antes del anuncio de 'El Rubius', no sólo está pensada para fiscalizar el éxodo de 'youtubers' en dirección a Andorra sino también los desplazamientos ficticios de contribuyentes a países limítrofes como Portugal o no tan limítrofes por motivos exclusivamente fiscales y que suelen enmascarar el mantenimiento de su centro de intereses económicos o familiares en territorio español.
El fundamento jurídico para 'cazar' la posible residencia virtual de 'El Rubius' y el resto de 'influencers' que se han ido a vivir a Andorra para pagar solo un 10% de impuestos sobre lo que ganan (menos de la cuarta parte de lo que pagarían en España), es el mismo que se ha aplicado siempre a otros deportistas y famosos con altas rentas que optaron por irse a las montañas andorranas, y pasa por el análisis exhaustivo y en el tiempo de dos cuestiones: donde tienen su residencia real, en la que deben estar al menos 180 días al año; y de donde les llegan las rentas y los contratos, que configuran el concepto jurídico su "centro de intereses vitales y económicos", incluido expresamente en el convenio de doble imposición entre Andorra y España.
La diferencia ahora es que el Fisco tiene muchas herramientas y datos más que antes para detectar que hacen cada día los contribuyentes, aunque estén en Andorra, y de donde sacan su dinero. Hasta la fecha, la Inspección de Hacienda ha enfrentado estos expedientes cruzando información de dominio público, como informaciones de medios de comunicación - especialmente accesible en el caso de personajes célebres, como deportistas de élite o artistas -; declaraciones fiscales de terceros o datos sobre los consumos de los contribuyentes investigados en territorio español, según fuentes de la Inspección de Hacienda.
En el ámbito de la asesoría fiscal se habla de casos de contribuyentes 'cazados' por la concentración de sus operaciones de retirada de efectivo en cajeros en territorio español, por las infladas facturas de suministros de sus viviendas en España - incompatibles con una residencia en el extranjero- o incluso por la adquisición de medicamentos en farmacias, si bien en estos casos siempre había ya una investigación abierta y esa información se obtuvo con autorización judicial no de oficio. "El problema de Andorra es que es un sitio muy pequeño, y por más dinero y casas que tengas, al final, este tipo de gente siempre acaba cayendo", asegura un asesor fiscal que conoce de primera mano cómo se hizo el convenio fiscal andorrano.
La irrupción de las herramientas de 'big data' permitirá un salto exponencial en el manejo de esa información. Fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que con estos nuevos mecanismos los inspectores pueden agregar más de 70 fuentes de datos originarias y derivadas para hacer seguimiento al contribuyentes y determinar, entre otras cosas, hasta qué punto su centro de intereses económicos está en otro país o continúa estando en España, lo que es clave en estos casos. El mínimo error que cometa 'El Rubius' o alguno de sus colegas cuando vienen a España, que demuestre que tienen algún tipo de actividad económica aquí, será la oportunidad para que Hacienda saque toda la batería de datos que ha analizado, cruzado y recogido durante los meses que les va a seguir y lo lleve a los tribunales, que serán quienes finalmente decidirán dónde se deben pagar los tributos.
La potencia de estos nuevos dispositivos permite realizar todo tipo de operaciones, desde explotar fuentes de datos masivas como información disponible en las redes sociales o en internet a configurar un historial fiscal a partir de los datos declarados en el pasado por los contribuyentes ahora desplazados a otros país durante sus años en territorio español. También habilita al Fisco a cruzar esa información con los datos fiscales proporcionados por otros países, gracias a la agilidad que han alcanzado los intercambios de información en el marco de la cooperación fiscal en la OCDE, y rastrear posibles anomalías en la información de contribuyentes no declarantes del IRPF con nexos patrimoniales y familiares con estos contribuyentes.
Fuentes de la Inspección sostienen que hay dos grandes ventajas del uso de este tipo de herramientas. La primera es que permite perfilar de una manera mucho más fina el colectivo de contribuyentes desplazados 'sospechosos' a partir de una serie de pautas de comportamientos. La segunda es que permite obtener un volumen de información más importante sobre los contribuyentes que están siendo investigados y, por tanto, cruzarla con la información tradicional que suele acreditar desplazamientos ficticios.
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