Las protestas del campo agitan el país desde hace una semana. Una movilización que irrumpió como respuesta a la política comunitaria, pero que sirve de altavoz a varias reivindicaciones que no son ajenas a los actores del ámbito laboral y que incluso han sido objeto de debate en las últimas mesas convocadas por el Ministerio de Trabajo. La titular de esta cartera, Yolanda Díaz, expresó su solidaridad con el sector y apuntó a las grandes distribuidoras como responsables de esta "injusticia", los secretarios generales de CCOO y UGT aseguraron compartir algunas de estas demandas y los empresarios han subrayado cómo defendieron sus intereses en la negociación del SMI, con el doble objetivo de apoyar al campo y hacer un guiño a la patronal Asaja.
Los empresarios tomaron la delantera en la negociación para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al proponer una subida del 3% -abierta a un 1% adicional- que se sustentaba sobre dos condiciones y una de ellas hacía referencia expresa al campo. Los negociadores de las patronales CEOE y Cepyme exigieron que se reformase la ley para poder trasladar los incrementos de estos salarios a los contratos públicos, una demanda que centró el debate por la oposición frontal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero también pusieron sobre la mesa una reducción del 20% en la cuota por contingencias comunes que abonan las empresas del sector agrario, una bonificación que se traduciría en una rebaja de los costes de producción y que venía impulsada a nivel interno por la patronal que preside Pedro Barato.
Este lunes el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, volvía a hacer alusión a esta negociación con el aumento a los 1.134 euros ya aprobado en el pasado Consejo de Ministros. "Una de nuestras exigencias era la necesidad de echar una mano a la gente del campo, especialmente a los más pequeños, la España rural" recordaba el representante de los empresarios. "No se nos ha escuchado, ha sido taza o taza y media y nuestro planteamiento no era tanto de cifra como de una solución" lamentó haciendo referencia a la negativa de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social a abordar esta cuestión y al incremento acordado con los sindicatos que se elevó al 5%.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas también hacía referencia expresa al campo el martes pasado, nada más conocerse la materialización de esta subida, para denunciar que la Encuesta de Estructura Salarial que elabora el INE y que la cartera de Díaz había tomado como base para calcular esta subida no incluía las actividades agropecuarias, pese a ser este un sector "especialmente expuesto a las alzas de costes, la subida del SMI y los cambios climatológicos y geopolíticos". El ministerio de Trabajo no ha hecho público el método de cálculo para el SMI diseñado por el comité de expertos un año antes, pero tanto el secretario de Estado de Empleo como los representantes de los sindicatos rechazaron de plano hacer cualquier tipo de rebaja en las cotizaciones de este sector económico.
Fuentes de Asaja confirman que esta es una de las reivindicaciones que trasladaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la reunión mantenida hace dos semanas en la que solicitaron al ministro Luis Planas que ejerciera de interlocutor dentro del Gobierno para que los departamentos implicados -Trabajo y Seguridad Social- reflexionaran sobre la posibilidad de estudiar la reducción de las cotizaciones por contingencias comunes. Este es el papel que trató de jugar la líder de Sumar con la vicepresidenta primera del Gobierno para la revisión de los contratos públicos, sin embargo, las mismas fuentes apuntan que el titular de Agricultura se limitó a anotar la demanda sin comprometerse al respecto, informa Carlos Manso.
La propuesta parece no tener recorrido en el seno del Ejecutivo, pero tiene un peso simbólico porque el representante de Asaja formó parte del sector más crítico con la presidencia de CEOE integrada por Garamendi tras la firma de la reforma laboral en diciembre de 2021. Barato protagonizó una de las cuatro abstenciones efectuadas en la comisión ejecutiva que dio respaldo a la normativa pactada con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, y coincidió en el sentido de su voto con Josep Sánchez Llibre de Foment del Treball, Miguel Garrido de CEIM y José López-Tafall de Anfac, la patronal de automoción.
La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores defendía que el castigo a los contratos temporales de la norma, que no tenía en cuenta el carácter eventual del trabajo en el campo, llevaba a la destrucción de empleo en este sector. Sin embargo, en la última negociación del SMI los empresarios decidieron unir filas y no ceder en lo que entendían que era un "chantaje" por parte del Gobierno, a pesar de que esto se haya traducido en una subida mayor que la inicialmente propuesta. Por lo que la crítica a un alza que entienden abusiva e imposible de asumir para este sector es unánime desde el conjunto de la patronal, que dice no oponerse a que suba, pero sí a que lo haga de forma abrupta. En los últimos cinco años el SMI ha crecido un 54%.
