"Si al texto le cambian una coma, quizá no puedan volver a contar con nosotros para sentarnos en la mesa a partir de ese momento". Lo advirtió alto y claro el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, horas después de plasmar su firma en la reforma laboral pactada con el Ministerio de Trabajo y con los sindicatos CCOO y UGT. Dicho y hecho. Un año después, los empresarios se sienten traicionados por la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien acusan de modificar el acuerdo "por la puerta de atrás" y de "traicionar" al diálogo social. Están en juego reformas cruciales.
"A la espera de una rectificación, los empresarios españoles rechazamos la interlocución con el Ministerio de Trabajo por entenderla tramposa y contraria a la buena fe". Ya no es un "interlocutor fiable". Con esas palabras, las patronales CEOE y Cepyme anunciaban a mediados de esta semana su ruptura con Díaz por haber pactado con EH Bildu una enmienda a la Ley de Empleo para elevar el control de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE). Una modificación que consideran "inconstitucional" y "contraria a la normativa europea".
Lo cierto es que esta iniciativa para otorgar más importancia al informe de la Inspección en los ERE forma parte del Plan Estratégico de la ITSS desde hace más de un año, como ha defendido estos días la vicepresidenta. Algo que Garamendi insiste en que es "falso", aunque desde la organización empresarial ya mostraron su enfado por este asunto a finales de 2021, tal y como se reflejó en estas páginas. Fuentes de la patronal defienden ahora que en el Plan de la Inspección se hablaba de "proponer una modificación normativa", una propuesta que nunca se ha puesto sobre la mesa de diálogo.
En cualquier caso, la interlocución está rota. La patronal exige a Díaz que rectifique y retire la enmienda transaccionada con Bildu, PSOE y Unidas Podemos. Pero la vicepresidenta se niega a ceder. Y así las cosas, cuando quedan menos de dos semanas para que acabe el año, peligran reformas tan relevantes como el Estatuto del Becario, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 o la de las pensiones, que se negocia con el ministro José Luis Escrivá y que también pende de un fino hilo por el rechazo de los interlocutores sociales a varias de las medidas planteadas.
Reformas en peligro
En lo que concierne a Trabajo, la negociación del Estatuto del Becario corre serio peligro. Si Díaz no retira la enmienda para elevar el control sobre los ERE y los empresarios cumplen su amenaza y se levantan definitivamente de la mesa, la vicepresidenta podría contar con un acuerdo bipartito con los sindicatos, dado que CCOO y UGT ya llegaron a un preacuerdo con el Ministerio en octubre. Pero las reformas pactadas con Bruselas requieren de consenso y la vicepresidenta está obligada a esforzarse para lograrlo. No solo en el diálogo social, sino también dentro del Gobierno y en el Parlamento, donde algunos de los socios están mostrando reticencias al texto actual.
Respecto al salario mínimo, aquí el Ministerio lo tiene más fácil. Aunque lo ideal es que las subidas cuenten con el apoyo de las organizaciones empresariales y sindicales, el Gobierno no está obligado a pactarlo, sino simplemente a consultarlo con los agentes sociales. No sería la primera vez que los empresarios se bajan del pacto del SMI y todo apunta a que así será este año. Desde la patronal ya han venido advirtiéndolo y Díaz es consciente de que no va a contar con su firma, por lo que apoyará nuevamente su decisión en las recomendaciones del comité de expertos y centrará sus esfuerzos en mediar entre las aspiraciones sindicales y las reticencias del Ministerio de Asuntos Económicos que pilota Nadia Calviño.
De cualquier manera, estaríamos ante un cierre de año nefasto para el Ministerio de Trabajo en el ámbito del diálogo social. Dos desacuerdos en dos semanas, con la patronal fuera de la mesa, dejarían tocada a Díaz. Pero no solo están en riesgo las reformas de su departamento, sino que hay otras materias cruciales que deben cerrarse antes de final de año con otros ministerios y que también corren serio peligro. Es el caso de la segunda parte de la reforma de las pensiones, que patronal y sindicatos están negociando con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Y aquí el desacuerdo es evidente por todas las partes. Ni las organizaciones empresariales ni las centrales sindicales comparten dos de los puntos más espinosos de la propuesta de Escrivá: ni están de acuerdo con el aumento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión ni avalan el esquema de subidas de cotizaciones sociales en los próximos años. En el primer caso, porque sospechan que una modificación de este tipo mermará las cuantías de las prestaciones; y en el segundo, del lado patronal, porque los empresarios no quieren asumir más costes laborales, y del lado sindical, porque defienden el destope total de las cotizaciones para que los sueldos más altos aporten más, así como un mayor incremento de las pensiones máximas.
Cierto es que la escenificación forma parte de la estrategia negociadora de los agentes sociales, pero no hay que olvidar que la CEOE ya ha dicho "no" al Gobierno cuando ha considerado que tenía que hacerlo en defensa de los intereses empresariales. Y sacar adelante reformas de este calado por la vía del real decreto sin consenso con la patronal y los sindicatos sería "un grave error" por parte del Gobierno, según coinciden varias fuentes del diálogo social que, con todo, no descartan por completo la posibilidad de llegar a acuerdos parciales en algunas materias si los ministerios implicados ceden. "Estamos en el tiempo de descuento, pero no es imposible", insisten.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios