Las patronales CEOE, Cepyme y ATA ultiman su propuesta conjunta para la reforma del sistema asistencial del desempleo que esperan enviar al Ministerio de Trabajo y Economía Social en los próximos días. Las representantes de los empresarios en la negociación evitaron hacer comentarios sobre el borrador que modifica los subsidios por desempleo tras reunirse con el departamento de Yolanda Díaz, pero según ha podido saber La Información, la patronal abogará por extender la protección a los trabajadores autónomos. De acuerdo con la normativa actual, los trabajadores por cuenta propia cuentan con un subsidio por cese de actividad homologable al paro de los trabajadores por cuenta ajena, sin embargo, no tienen derecho a otra ayuda una vez agotada esta prestación a diferencia de los asalariados, que acceden al subsidio.
Así lo confirman fuentes de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a este medio, que entienden como "lógico" que la búsqueda de una equiparación entre los dos tipos de trabajadores a la hora de cotizar también se traslade a la protección en el caso de perder un empleo o verse obligado a cerrar un negocio. Además, recuerdan que esta no es una reclamación nueva, ni será la primera vez que la pongan sobre la mesa de negociación con el Gobierno. La protección por cese de actividad se creó por primera vez en 2010, no obstante, el acceso a esta prestación fue casi anecdótico hasta que no se flexibilizaron los criterios para obtenerla tras la pandemia de coronavirus con la involuntariedad como principal escollo.
La prestación dirigida a los trabajadores autónomos tiene una cobertura máxima de dos años, en el caso de que hayan cotizado los cuatro años anteriores al cese de la actividad y de solo cuatro meses si el periodo de cotización es de entre un año y 17 meses; según se refleja en el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. Esta reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) introdujo dos novedades clave para ATA: la compatibilidad de la prestación con la actividad en ciertos supuestos y la obligación de abonar un 0,9% de su base de cotización en concepto de base de cotización desde el 1 de enero de 2023, que antes de esta regulación era voluntaria.
Las mismas fuentes empresariales apuntan que el Ministerio de Seguridad Social, entonces dirigido por José Luis Escrivá, les trasladó en la última negociación que este porcentaje debería elevarse en un futuro, si bien no les concretó un plazo. La nueva responsable de esta cartera, Elma Saiz, ha convocado el próximo lunes a los agentes sociales para trasladarles las principales líneas de actuación de los próximos cuatro años, por lo que esta podría ser una de las materias a tratar, ya que el equipo anterior solo reflejó el despliegue de los cambios a aplicar en el sistema de cotización de los trabajadores autónomos hasta 2025 y el secretario de Estado, Borja Suárez, la sitúa entre las principales tareas pendientes del nuevo Ejecutivo.
Dudas de que se apruebe antes de final de año
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, recibió a los agentes sociales el pasado lunes 4 de diciembre en la sede del Ministerio de Trabajo para explicar la ley que el departamento asegura tener lista desde hace más de un año, pese a la tensión con el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que ha propuesto otro borrador completamente diferente. La reunión, que sirvió como primera toma de contacto, concluyó con el compromiso de las dos partes de enviar sus propuestas de cambios aunque no se fijó una fecha para la segunda reunión.
Inicialmente, la reforma tenía que haber sido aprobada hace un año, sin embargo, el Gobierno consiguió ampliar el plazo para aprobar esta y otras cuestiones vinculadas al cuarto pago de los fondos europeos como la reforma de las pensiones públicas. Los planes del Gobierno pasaban por sacar adelante todas estas políticas en el primer trimestre del año para centrarse a partir de junio en las medidas ligadas al quinto pago, no obstante, parece que la convocatoria electoral trastocó este calendario de forma que a las puertas de acabar el 2023 no se ha solicitado el desembolso de los 10.000 millones de euros del próximo pago y parece que no se hará hasta que se culmine esta norma.
Este parece ser el motivo que llevó al Ministerio tutelado por Nadia Calviño a 'mover el avispero' al hacer público un borrador de la reforma del nivel asistencial que en sentido contrario a lo avanzado por Trabajo, proponía concentrar las ayudas en un solo un año de manera que en los primeros meses percibirían 600 euros y en los últimos menos de 300, así como retirar el subsidio si un desempleado rechazaba una oferta de empleo. La cartera de Yolanda Díaz criticó entonces este movimiento, al tiempo que aseguró que había sido esta vicepresidencia la que había encabezado las negociaciones con Bruselas y tenía acordados los puntos principales, a falta de la revisión que la Comisión Europea deberá llevar a cabo una vez se apruebe.
Por ello, las fuentes próximas a la titular de Trabajo descartan que se vaya a cambiar el borrador de la norma por voluntad de Economía, dado que subrayan que esta ley es de su exclusiva competencia; mientras que sí se abren a introducir las mejoras que crean oportunas los agentes sociales. Las conversaciones se encuentran en una fase muy inicial, pero Antonio Garamendi valoró positivamente la dirección en la que apuntaba la ministra Nadia Calviño al tiempo que los sindicatos tacharon la reforma planteada por el Ministerio de Yolanda Díaz como insuficiente.
