La patronal va a reclamar al Gobierno que relaje el marco regulatorio para que las empresas puedan ajustar sus plantillas en función de las necesidades ante la crisis que ha provocado la pandemia y que, según sus previsiones, se agravará durante el otoño por las nuevas restricciones sanitarias. En particular, según explican fuentes de la confederación empresarial, la CEOE demandará al Ejecutivo que levante la controvertida 'cláusula de salvaguarda del empleo' que prohíbe a las empresas que se han beneficiado de las exenciones de cotizaciones sociales despedir a los trabajadores durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
El presidente de la CEOE pasó de puntillas sobre este asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión de los agentes sociales para la prórroga de los ERTE. Antonio Garamendi admitía a preguntas de los periodistas que la cláusula de salvaguarda del empleo es "un tema importante" que ya se ha planteado al Ministerio de Trabajo, artífice de la polémica medida, si bien matizaba que las conversaciones todavía están en un punto inicial, que en estos momentos se están abordando los temas "en genérico" y que para poder alcanzar un acuerdo "lo más rápido posible", hace falta "confianza", "lealtad" y "privacidad" y dejar de lado las "posturas maximalistas".
Fuentes de la patronal aseguran que la prohibición tácita de los despidos es un "tema clave" en esta nueva negociación, como ya lo fue en las mesas anteriores para las sucesivas prórrogas de los ERTE. De hecho, tras la presión de la CEOE el Ministerio de Trabajo rebajó esta cláusula notablemente desde su planteamiento inicial, dejando cierto margen, por ejemplo, al despido disciplinario, a la finalización de los contratos temporales por obra o servicio o a determinados sectores con una elevada estacionalidad en el empleo. Pero para la CEOE no es suficiente y demanda más vías de escape para que las empresas con una situación financiera complicada puedan ajustar plantillas sin verse penalizadas por ello con la devolución de las exoneraciones de cotizaciones, una posibilidad que a día de hoy solo se prevé para las que acrediten estar en riesgo de concurso de acreedores.
Los sindicatos, por su parte, consideran que la cláusula que regula el compromiso de mantenimiento del empleo "ya está al límite" y "no se puede rebajar más", por lo que adelantan que se posicionarán en contra de este planteamiento que la CEOE planea poner sobre la mesa. Hay que recordar que las empresas tampoco pueden suspender contratos por causas técnicas, organizativas o de producción con motivo de la Covid-19, lo que está provocando una especial tensión en los costes laborales, según fuentes empresariales. Las organizaciones sindicales no son ajenas a las dificultades que están atravesando las empresas y a los graves problemas de liquidez que se avecinan este otoño, pero ante esta tesitura su prioridad sigue siendo conservar las plantillas, aunque esto suponga la congelación de las nóminas.
Fin de la 'cortesía empresarial'
La prohibición tácita de los despidos trae de cabeza a los empresarios, que sin embargo ya preparan recortes de plantilla para los próximos meses ante las previsiones de un estancamiento de la economía mayor del esperado inicialmente. En este sentido, Fernando Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, anticipa una "brutal caída del empleo y cierres masivos de empresas" en la recta final del año. Santiago tiene claro que el otoño supondrá "el fin de la cortesía empresarial" y que el margen que hasta ahora se estaban dando entre proveedores, clientes, arrendadores... se va a terminar porque las empresas "han agotado su capacidad de supervivencia". En definitiva, lo peor está por llegar.
Ante este panorama, los empresarios consideran fundamental mantener las condiciones de flexibilidad adoptadas para los ERTE y prolongar el esquema de protección hasta, al menos, junio de 2021. El Gobierno coincide con la necesidad de prorrogar el marco regulatorio, pero se resiste a poner fechas. De las últimas declaraciones tanto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se deduce que la intención es avanzar hacia un sistema de regulación de empleo permanente o indefinido, pero focalizado en los sectores que se han visto más afectados por la pandemia, como puede ser el turismo.
Pero ni la patronal ni los sindicatos comparten la idea de sectorializar los ERTE porque lo consideran discriminatorio e imposible de articular en la práctica, ya que muchas actividades están interconectadas. Donde sí coincidieron la CEOE y el Gobierno fue en la necesidad de focalizar las ayudas públicas, en este caso las exoneraciones de las cotizaciones sociales, en las empresas que no hayan podido retomar la actividad y tengan a la totalidad de la plantilla en ERTE. Los sindicatos también defienden la idea de centrar el esfuerzo fiscal en los trabajadores que no se han incorporado a su puesto y piden reformular el instrumento actual que favorece con mayores exenciones a los trabajadores reactivados sobre los que siguen en ERTE.
Ese será el debate que centrará las conversaciones que arrancan de manera oficial a nivel técnico este lunes. Tras una primera toma de contacto en Palma de Mallorca, donde el Gobierno y los agentes sociales quisieron escenificar su respaldo al vapuleado sector turístico, Trabajo, Seguridad Social, patronal y sindicatos se sentarán mañana a fijar un calendario de reuniones y a empezar a valorar las distintas posturas. Se espera que la negociación sea rápida e intensa, pues la intención es no agotar los tiempos y llegar a un acuerdo con margen suficiente antes de que caduque el marco actual de ERTE, que va hasta el 30 de septiembre. El tiempo apremia y las empresas necesitan seguridad jurídica para tomar decisiones.
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