Las CCAA del PP y la Universidad azuzan el debate sobre la cotización de los becarios

La situación de los estudiantes en prácticas no laborales, los conocidos comúnmente como becarios, fue objeto de las negociaciones entre patronal, sindicatos y Gobierno para la reforma laboral y la del sistema público de pensiones. En el primer caso se optó por desarrollar un texto aparte, el Estatuto del Becario que quedó guardado en un cajón por la convocatoria electoral, ante la negativa del ala socialista de sacarlo adelante. Mientras que en la norma de pensiones se estableció que todos los becarios -con independencia de si cobran o no- cotizarían, de manera que los años pasarían a contar como parte de su vida laboral en el momento de acceder a la jubilación. 

La segunda parte de la reforma de pensiones estableció que la cotización de estos estudiantes pasaría a ser obligatoria el 1 de octubre de 2023, sin embargo, las reticencias de las universidades representadas en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) llevaron a que primero el Ministerio encabezado por Joan Subirats y después el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones optasen por retrasar su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2024. No obstante, a dos meses de su aplicación las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular reprochan al Ejecutivo que la "descoordinación" entre ministerios han hecho que "no se avance lo más mínimo en la búsqueda de solución al problema originad". 

Los barones del PP han reclamado al Ministerio de Educación que convoque  la conferencia sectorial -reunión en la que están representadas todas las comunidades autónomas- y que a esta también acudan representantes de las otras dos carteras implicadas, con el fin de "garantizar la calidad formativa de las prácticas del alumnado no universitario y universitario". El principal partido de la oposición considera que el Ministerio coordinado por José Luis Escrivá no es consciente de "los efectos perversos que una mala implementación de esta acción puede provocar" y señala que la "inacción" del Gobierno es lo que le llevó en primera instancia a retrasar la entrada en vigor. 

Seguridad Social se reunirá con las comunidades autónomas

Desde la cartera liderada por Pilar Alegría confirman a este medio que el Ministerio de Seguridad Social ha accedido a reunirse con todas las comunidades autónomas para informarlas de todos los detalles a petición del departamento de Educación. Los de Núñez Feijóo se muestran convencidos de que la medida es "beneficiosa" para los estudiantes y para el conjunto de la sociedad, la que es la posición generalizada de los representantes de los diferentes territorios, con independencia del partido que esté al frente de ese nivel territorial. En cambio, la representación de los rectores se ha mostrado crítica con la política desde un inicio. 

Las universidades fueron consultadas en la negociación pero no se contaba con ellas para la firma, por lo que tras su aprobación aludieron a un problema de tiempo para acomodarse al volumen de trámites administrativos que implicaría la cotización obligatoria de los estudiantes -a pesar de contar con al menos siete meses. Pero a las puertas de su entrada en vigor, fuentes de CRUE expresan su preocupación por el "impacto negativo que podría obtener en la oferta de prácticas". No es la primera vez que hacen referencia al posible desincentivo que puede suponer para las empresas como escudo para posicionarse en contra de este reconocimiento a los becarios, así como también lo hicieron las patronales de enseñanza privada de grados de FP: ACADE, Educación y Gestión y CECE.

No obstante, los empresarios integrados en CEOE niegan que esto suponga un problema, aunque sí se muestran críticos con el Estatuto del Becario, que entienden que "crea un marco restrictivo y excesivamente burocratizado" por lo que demandan un marco legal "claro y preciso que permita identificar el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios en la formación". Del otro lado, los sindicatos creen que las reticencias de la comunidad universitaria carecen de fundamento, aunque temen que estas lleven a un nuevo retraso de la puesta en marcha de la cotización obligatoria, dado que el Ministerio de Subirats ya ha constituido un grupo de trabajo con CRUE para abordar estos "efectos", según confirman fuentes de la Confederación de Rectores. 

¿Cuánto cotizan los becarios?

Actualmente, el Estado abona la práctica totalidad de las cotizaciones de los becarios por contingencias comunes, un 95% del importe a abonar, aunque desde el Ministerio de Educación recuerdan que el compromiso de la ministra en funciones es ampliar el 5% restante a lo largo de 2024. Los estudiantes que realizan prácticas no laborales y no obtienen una remuneración por ellas sí están exentas de abonar la cuota, dado que la reducción es del 100% para estos casos, según la disposición que modifica la Ley General de Seguridad Social. La cuota máxima por contingencias comunes es de 53,59 euros al mes, lo que con la bonificación se quedaría en apenas 2,7 euros que sumado a los 6,51 euros a lo sumo por contingencias profesionales, no supera los 9,21 euros mensuales.