Se llamaba CORA y, pese a sonar a nombre de asistente digital, era el asunto preferido de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de los gobiernos de Mariano Rajoy, para extenderse en las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros. En lo peor de la crisis anterior, en aquellos meses de 2012 en los que igual se hablaba de rescate bancario que de rescate a las comunidades autónomas mientas que toda Europa esperaba que Madrid apretase el botón rojo del pánico y hubiera una operación definitiva sobre todo el país (como sí lo hubo a Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre), la número dos del Ejecutivo del Partido Popular se aferraba a su CORA, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Eran los tiempos de la prima de riesgo por encima de los 600 puntos, la mayor subida del IVA de la historia y, sí, también de la reforma laboral.
Sáenz de Santamaría asumió, entre otras múltiples funciones que llegaron a incluir el Centro Nacional de Inteligencia, todo el poder sobre las Administraciones Públicas para acometer una radical dieta de adelgazamiento en su estructura que, a la hora de la verdad, también se llevó por delante buena parte de los recursos destinados a la sanidad y la educación que ahora, en tiempos del coronavirus, quizá no resulten tan superfluos. Según los cálculos realizados por el Tribunal de Cuentas en su último informe de fiscalización del proceso de reordenación del sector público autonómico entre 2010 y 2016, un total de 134 entes suprimidos en aquella oleada frugal pertenecían al ámbito sanitario (68) o educativo (66). Más o menos, una quinta parte del total que se fulminó.
Para la posteridad de la historia de los recortes de la anterior crisis, queda una nota subrepticia de Moncloa (se envió a las cinco de la tarde de un lunes) en la que se anunciaron "ahorros" en sanidad y educación de 10.000 millones de euros. Porque en medio de la peor tormenta económica de la democracia, no solo se habían desplomado los ingresos sino que los gastos de las administraciones habían engordado al calor del boom inmobiliario. Sobraban todo tipo de entidades públicas (no solo en el escalón regional, sino también en el local y el estatal): organismos autónomos, fundaciones, consorcios, fundaciones…
Y vaya si se ejecutó un recorte al modelo. El Tribunal de Cuentas estima que, al cierre del año 2016, las autonomías suprimieron un total de 767 entes de todo tipo, si bien dieron de alta a otros 186. El saldo final se situaría en 581, lo que supone un 34% de reducción sobre el volumen que había al comienzo del proceso. Esta cifra está muy lejos de las 854 entidades que, según informó el Gobierno en febrero de 2017, se habrían eliminado por parte de los gobiernos regionales (aunque en aquella información no se hablaba de las altas, claro, pero son casi un centenar más de las fiscalizadas ahora).
En cualquier caso, cuando arrancó el proceso, las autonomías se habían comprometido a borrar de sus presupuestos un total de 508 organismos, con lo que, aun con la cifra final dada por el Tribunal de Cuentas, cumplieron por encima de lo esperado. Aquella CORA incluía mucho más que la supresión de entidades superfluas y apuntaba a toda una serie de gastos que, siempre según las notas oficiales de aquellos gobiernos, lograría ahorros por encima de los 20.000 millones de euros acumulados. Aun así, siempre llamó mucho la atención los entes cancelados, que superarían el centenar en la Administración del Estado y los 1.300 en entidades locales. En suma, por encima de 2.000 entidades desaparecieron.
Dentro de las autonomías, también se vivió la reestructuración de una manera muy distinta. Las había que habían creado entes por encima de sus posibilidades, como Baleares, la cuarta con mayor número bruto de entidades en 2010 y ahora entre las cinco que menos tiene después de ser la región más radical en su resta, con un 69% de recorte final. A continuación, Castilla-La Mancha hizo lo propio con el 60% de su sector público y Navarra, Murcia y Comunidad Valenciana rondaron el 50%.
Por el contrario, las que menos usaron las tijeras fueron el País Vasco, con solo un 10,67% de reducción (si bien partía de un número bajo para su población y presupuesto) y Aragón y Asturias, ambas con un 15%. Mención especial merece Cataluña, que lograría quitar su grasa empresarial en un 31%, pero que sigue siendo con mucha diferencia la autonomía con mayor número de entes: 197. Eso supone que, en un panorama total que apenas se ha quedado con algo más del millar de unidades, uno de cada cinco entes públicos sigue estando en Cataluña, más o menos como ocurría en 2010. Para certificar la diferencia de la primera con el resto, las siguientes regiones con más entes son Madrid (109) y Galicia (108), ambas casi en la mitad.
Esto, en lo que respecta al reparto territorial. En cuanto a la distinción sectoral, el mayor número de bajas, con 119 o el 15,5% del total, se contabilizaron en Actividades Administrativas y Servicios Auxiliares. Le siguen las 93 de un sector inmobiliario hundido por las características de la crisis y las 85 de cultura y ocio. Tras ellas, sanidad y educación, entre las que destacan numerosas fundaciones de investigación médica, sanitaria o escolar que o bien se fusionaron entre sí algunos casos o, directamente, se perdieron. Otro modelo que el proceso depuró fue el de las gestoras de infraestructuras específicas para estos dos sectores, creadas para agilizar las respuestas y que regresaron a las respectivas consejerías.
Precisamente, una de las cuestiones sobre la que llama la atención el Tribunal de Cuentas en su análisis es que, pese a disiparse casi 600 organismos, no ocurrió lo mismo con el servicio que ofrecían, que pasó en bloque a los gobiernos en sus distintas ramas. Este trasvase de competencias explica por qué apenas se notó el proceso en el personal público, ya que los siete ejercicios de recortes terminaron con 5.386 empleados menos que supusieron un coste en pago de indemnizaciones y compensaciones de 130 millones y que, una vez fuera de las nóminas públicas, generarían un ahorro anual de 210 millones, acumulando en todo el proceso de 1.825 millones de euros.
"Respecto al personal de las entidades extinguidas, la fiscalización ha comprobado que, en la mayoría de los casos, ha pasado a depender de la Administración o bien no se han extinguido las relaciones laborales al subrogarse las entidades absorbentes en sus derechos y obligaciones laborales", apunta el informe como conclusión al panorama que dejó la reordenación.
¿Y para el futuro? El Tribunal de Cuentas echa en falta que, una vez olvidado lo peor de la crisis, no parezca que se haya realizado un seguimiento real y efectivo y reclama "un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar que subsisten los motivos que justificaron su creación y sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción".
Es más, sus lamentaciones se extienden en la falta de motivos y razones que acompañaron el proceso y que, si debe hacerse de nuevo algo similar, podría añadir nuevos problemas: "Los futuros procesos de racionalización del sector público autonómico deben fundamentarse en un plan estratégico que, previos informes analíticos, recoja con un desglose completo y detallado los objetivos que se persiguen, las medidas o actuaciones a realizar y el calendario y los plazos de culminación, con una cuantificación de los efectos económicos, en especial, sobre los gastos de personal".
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