El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha acordado con los sindicatos lanzar una convocatoria extraordinaria para reforzar la plantilla de la Seguridad Social. Esta era una de las demandas de las organizaciones sindicales, que subrayaban la situación del cuerpo público más envejecido de la administración y que ha mermado en miles de trabajadores sus oficinas. Consciente de esta situación y de la carga de trabajo que ha supuesto el ingreso mínimo vital (IMV), gestionado por la Seguridad social, el departamento que dirige María Jesús Montero se ha mostrado dispuesto a la convocatoria de 1.000 plazas de empleo público para cubrir las necesidades vinculadas al IMV en las comunidades autónomas, según fuentes de la negociación.
La prestación de protección a los hogares más vulnerables recayó sobre uno de los organismos con más déficit de personal de la administración general del estado (AGE). Durante los primeros meses se acumulaban los expedientes y la solicitud de cita previa para la atención presencial sigue siendo misión imposible en muchas de las oficinas de la Seguridad Social. En un año, entre el segundo semestre de 2020 y el de 2021, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han perdido casi 500 efectivos. Además, según un informe de Comisiones Obreras, de los 31.766 puestos de trabajo del organismo, solo 24.298 están ocupados. Ante esta situación y las jubilaciones previstas en el medio plazo, Hacienda se ha visto obligada a plantear esta oferta extraordinaria.
Esta convocatoria se asemeja a la que el Ejecutivo aprobó a finales del pasado año para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con 926 plazas, otro de los organismos públicos que vio aumentada su carga de trabajo durante la pandemia por la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Los sindicatos creen que son también necesarias en otros cuerpos como instituciones penitenciarias o la inspección de Trabajo, pero reconocen como un avance la convocatoria para la Seguridad Social donde solo el 18,74% de los empleados tiene menos de 50 años. Todavía no hay un plazo para la publicación de esta convocatoria extraordinaria y está previsto que los detalles se acuerden este lunes.
En cuanto a la oferta pública de empleo general la intención del Ejecutivo es aprobarla este martes en el Consejo de Ministros y que sea todavía más numerosa que la del pasado año. La última propuesta de Función Pública incluye 14.000 plazas en el turno libre y 9.200 para la promoción interna, además de las de estabilización de personal interino cuyas plazas no están definidas todavía. No obstante, las negociaciones no han parado durante todo el fin de semana y las cifras podrían variar en las últimas 24 horas antes de su aprobación.
Función Pública también se ha comprometido a la modernización de los procesos selectivos aunque no ha concretado en qué términos a los sindicatos. A los representantes de los empleados públicos les preocupa que la lentitud de las convocatorias o los requisitos de las mismas provoquen que las plazas necesarias no se cubran. Según los datos que manejan, de los puestos ofertados en 2019 solo han terminado los procesos de 7.796 plazas, el 40% de las 16.364 ofertadas. En 2020, se completaron los trámites para 2.038, solo el 11% de las 15.603 prometidas. Además, algunas de las plazas quedan desiertas, un problema que los sindicatos esperan que se resuelva a través de la modernización que prevé realizar el Ministerio.
Plan de ahorro energético
Este martes también está previsto que se apruebe el plan de eficiencia y ahorro energético de la AGE. Función Pública avanzó a los sindicatos algunas de las medidas que se contemplan, como la adaptación temporal del acuerdo sobre el teletrabajo, que permitirá a los funcionarios trabajar a distancia dos o tres días por semana. La intención del Ejecutivo es sacar adelante un plan que incluya tanto medidas técnicas, relativas al control de temperatura de las instalaciones o incluso la instalación de aparcamientos para bicicletas; y por otro, un reglamento para regular el teletrabajo o el horario de cierre de algunos edificios. El Gobierno también quiere fomentar el uso del transporte público. El objetivo es el de conseguir "ahorros sustanciales en la factura energética, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país".
No obstante, fuera de la negociación se ha quedado la revalorización salarial que reclaman los sindicatos. Aunque desde el Ministerio se han comprometido a iniciar las conversaciones sobre este tema cuando se terminen las relativas a la oferta pública de empleo, tanto CCOO como UGT han amenazado con movilizaciones si no hay respuesta por parte de la administración. Las organizaciones sindicales reclaman un acuerdo plurianual que recupere el poder adquisitivo de los empleados públicos. Además, solicitan que el acuerdo salarial incluya “otras materias como la mejora de la promoción interna, movilidad, jubilación anticipada” . También reclaman “la mejora y desarrollo del Estatuto básico del empleo público o la Ley de Función Pública en el ámbito de la AGE y la reforma y actualización del Estatuto marco del personal estatutario”.
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